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Alberto Fernández se definió a sí mismo, palabras más, palabras menos, como un hombre común atrapado en el cuerpo de un presidente. Ese malestar, que en otro caso podría provocar problemas atendibles sólo en el campo de la psicología, tiene hoy consecuencias políticas incontrastables e incluso puede modificar el curso de la causa judicial que investiga el cumpleaños 2020 de Fabiola Yáñez, organizado de modo ilegal en la Quinta de Olivos cuando el país estaba bloqueado por las medidas de la cuarentena impuesta por el gobierno para intentar mitigar las consecuencias de la pandemia.
En conversaciones privadas, Fernández dijo, basado, según explica, en los conocimientos del derecho que adquirió como hombre común dedicado a la docencia universitaria, que el cumpleaños de su mujer no configuró una violación del artículo 205 del Código Penal, escrito para castigar las conductas peligrosas durante una epidemia, porque ese texto se refiere a un delito “de peligro abstracto”. Tal como reveló Clarín hace diez días, como no hubo contagios entre los asistentes -sostiene Fernández- es prácticamente imposible de probar el daño generado por ese cumpleaños.
A esa consideración se le oponen los abogados que recuerdan que el peligro abstracto está penado, incluso a pesar de que nunca se convierta en un perjuicio concreto.
Se pueden mencionar citas académicas que explican con más precisión a qué se refiere el Código Penal en este caso. “El peligro puede ser abstracto, cuando el tipo (penal) describe una conducta que por su sola comisión, representa un peligro según la experiencia general. Así, el artículo 200 (del Código Penal) reprime al que ‘…envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas’“. Esa definición figura en la página 153 del libro “Derecho penal. La ley. El delito. El proceso y la pena”, escrito por el ciudadano común Alberto Fernández junto a Esteban Righi. Para poner más claro el ejemplo que mencionó Fernández en su libro: lo que está penado es envenenar el agua o los alimentos, incluso aunque ese envenenamiento no cause la muerte de nadie.
En el caso del artículo 205, la conducta penada está aún más clara: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Allí, lo que se reprime es la violación de la medida -en este caso, el DNU que firmó Alberto Fernández en su condición de Presidente, y que prohibía las reuniones en aquel momento- y el bien jurídico que se protege es la salud de la población.
Ahora, según reveló Ignacio Ortelli en Clarín, el abogado de Fernández está considerando la posibilidad de que el Presidente pague un monto de dinero en concepto de reparación. Esa conducta está prevista en el Artículo 59 del Código, cuando dice que la pena se extinguirá, entre otros motivos, “por conciliación o reparación integral del perjuicio“. Tal vez sea necesario aclarar que la reparación integral implica la admisión de que el delito fue cometido.
Es posible que esa conducta le sirva al hombre común Alberto Fernández para mejorar su situación judicial. Incluso, el Fernández común puede ser beneficiado por el planteo que hizo el abogado de otra de las asistentes a la fiesta, Stefanía González, que directamente sostiene que el Decreto que prohibió las reuniones -entre otras restricciones- es inconstitucional. El problema es que ese hombre sigue atrapado en el cuerpo de un Presidente, que a la vez está atrapado en una campaña electoral cuyo resultado puede determinar la suerte de su mandato.
Ese es el dilema que, tal vez, termine convenciendo al Presidente de que, al menos hasta 2023, no tendrá un sólo segundo en su vida para considerarse algo parecido a un hombre común.
Fuente Clarin
