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Con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta, el oficialismo junto a sus aliados radicales en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad lograron archivar, por siete votos contra dos, las denuncias contra los jueces que habían avalado, en abril pasado, las clases presenciales en el distrito, un fallo clave para el jefe de Gobierno que luego terminó con una disputa en la Corte Suprema.
Las denuncias contra los tres camaristas Gustavo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini -integrantes de Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo- fue impulsada por el Frente de Todos porteño luego de las fuertes críticas del Gobierno nacional e incluso del presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación Nicolás Trotta. En la denuncia acusaban a los jueces de firmar un fallo “arbitrario y temerario” y cuestionaban la velocidad con la que salió.
En el fallo, los jueces porteños habían declarado competente la intervención de la Cámara de Apelaciones como autoridad para decidir sobre las clases presenciales. Tras eso dejaron sin efecto parte del DNU del Presidente que declaraba la suspensión de la presencialidad por el coronavirus y habilitaron la apertura de las escuelas.
La ministra de Educación porteñaSoledad Acuña junto a Horacio Rodríguez Larreta.
Hubo un dato que agravaba la situación, según el kirchnerismo. La jueza Macchiavelli es hermana de Eduardo Macchiavelli, el secretario de Ambiente porteño y uno de los armadores políticos de Rodríguez Larreta en sus aspiraciones de ser Presidente.
La jueza, de todos modos, había llegado su cargo el año pasado con apoyo del peronismo y el PRO en la Ciudad, tras un acuerdo que cerraron los dos hombres fuertes de la justicia porteña, el ex presidente de Boca Daniel Angelici y el hoy asesor presidencial Juan Manuel Olmos.
A favor del archivo de las denuncias y del posible juicio político votaron los consejeros Alberto Maques, Francisco Quintana, Ignacio Biglieri, Gonzalo Rúa, Fabiana Schafrik, Juan Pablo Zanetta y María Julia Correa. En contra lo hicieron Ana Salvatelli y Anabella Hers Cabral.
Correa fue quien abrió el debate y planteó la moción de archivar las denuncias. “No corresponde juzgar a los magistrados por sus decisiones judiciales. No pueden ser juzgados por sus sentencias”, sostuvo. En la misma línea, el juez Rúa argumentó que las causas penales que se habían impulsado en el fuero federal habían sido desestimadas y que correspondía ir por ese camino. “El sobreseimiento del resto de las causas penales nos pone en una situación mejor para resolver”, dijo.
Maques, el presidente del Consejo también argumentó a favor del archivo de las denuncias. “La decisión fue en línea con el respeto a la Constitución de la Ciudad. El contenido de las sentencias de los jueces no son objeto de revisión por parte del Consejo y no pueden ser puestas bajo el proceso de un jury”, sostuvo.
Los jueces de la Corte Suprema terminaron interviniendo en el caso de las clases presenciales. Foto Andrés D’Elia.
El fallo que habilitó las clases presenciales desató una pelea entre la Ciudad y el Gobierno nacional. La resolución sostenía que el Decreto de Necesidad y Urgencia que había firmado Alberto Fernández vulneraba de “forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”.
El fallo se conoció un domingo a la noche y obligó Rodríguez Larreta a dar una conferencia de prensa para confirmar el regreso de las clases al día siguiente en medio de la incertidumbre de las familias y las críticas de los gremios docente. Más tarde el caso llegó a la Corte Suprema que también avaló la autonomía porteña para decidir sobre las cuestiones educativas.
Fuente Clarin
