Por Enrique Guillermo Avogadro
“Las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado mostrar otra cosa que su inteligencia”.
Rita Levi-Montalcini
En Venezuela resulta difícil distinguir entre una transición y una simple mutación. Nicolás Maduro ya no está en Miraflores, pero su desaparición no implicó la caída del régimen. Delcy Rodríguez, una de las principales figuras del chavismo, administra el Estado y buena parte de su estructura permanece intacta. Washington combatió durante años al régimen en nombre de la democracia, pero ahora negocia con una dirigente proveniente del movimiento que gobierna desde 1999. Mientras la oposición reclama elecciones, EEUU colocó en primer plano la reconstrucción de la industria petrolera. Es fácil entender su interés: reponer sus menguadas reservas, apartar las manos de China y asfixiar a Cuba. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo, pero su industria fue devastada por años de estatizaciones, corrupción, falta de inversiones y deterioro de la infraestructura. Ahora las grandes compañías estadounidenses estudian regresar y EEUU impulsa la recuperación del sector. El problema es otro: ¿puede la reconstrucción económica preceder indefinidamente a la democrática?
Delcy asegura que habrá elecciones. Donald Trump también, pero sostiene que Venezuela todavía no está preparada. La frase encierra un riesgo evidente: las transiciones deben tener un final; sin fecha puede convertirse, en otra forma de poder permanente. El diálogo entre gobierno y oposición acaba de reanudarse y tiene sobre la mesa reformas judiciales, derechos políticos, libertad de expresión y cambios electorales. Es un cambio, pero no es democracia, sólo la posibilidad de construirla. Y el chavismo no desapareció. Durante 27 años construyó una extensa estructura política, judicial, militar y territorial. Por eso resultaba ingenuo imaginar que la caída de Maduro podía desarmarla automáticamente. La ONU advirtió que las estructuras fundamentales de represión permanecen intactas: funcionarios vinculados a abusos anteriores continúan en posiciones de poder y persisten organismos de seguridad asociados con la persecución de opositores.
Hay otra ironía difícil de ignorar. Durante años, el chavismo convirtió a EEUU en el gran enemigo. Ahora, el adversario participa activamente en la reconstrucción política y económica venezolana. Las empresas estadounidenses vuelven al petróleo y Washington interviene en las conversaciones entre gobierno y oposición. Se convirtió en el socio de hoy.
Eso no significa que las inversiones petroleras sean necesariamente negativas. Venezuela necesita capital, tecnología, infraestructura y mercados. La cuestión fundamental es bajo qué reglas y quién controla ese proceso. Una Venezuela que vuelva a producir petróleo pero conserve instituciones débiles podría recuperar ingresos sin recuperar democracia. Por eso el verdadero desafío no es sustituir a un presidente. Es reconstruir un Estado, recuperar la justicia, garantizar las libertades, reorganizar las fuerzas de seguridad, liberar a los detenidos y establecer mecanismos de justicia que investiguen los abusos sin convertir la transición en una interminable venganza política.
EEUU puede facilitar ese proceso, pero no puede decidir indefinidamente quién preside. La Venezuela de hoy ofrece oportunidades y peligros. Hay señales de apertura, diálogo e inversiones; pero también persisten la ausencia de una fecha electoral y buena parte del aparato represivo del antiguo régimen. Por eso la verdadera pregunta es si los venezolanos recuperarán aquello que perdieron mucho antes: la posibilidad de decidir libremente quién los gobierna y bajo qué instituciones quieren vivir.
La principal dirigente opositora, María Corina Machado, decidió no participar en el diálogo auspiciado por Washington entre el gobierno de Delcy y sectores de la oposición. Junto con Edmundo González Urrutia, dejó en claro que no había intervenido en el diseño de esa mesa y que, por lo tanto, no asumiría responsabilidad por sus decisiones. Pero tampoco se colocó como obstáculo: anunció que observaría sus resultados a partir de hechos concretos y verificables, como la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de los presos políticos, garantías para todos los actores y, fundamentalmente, un cronograma para elecciones presidenciales.
Su actitud revela una posición tan firme como incómoda. No parece dispuesta a legitimar una negociación que, a su juicio, podría terminar sustituyendo el resultado de las urnas por un nuevo reparto de poder, pero evita enfrentarse abiertamente con Washington, cuyo respaldo considera decisivo para la transición. Este mes volvió a cuestionar el acuerdo petrolero entre EEUU y Delcy, pero sostuvo que Washington es el principal socio que Venezuela necesita para reconstruirse. Su dilema es evidente: necesita de la presión norteamericana, pero procura que esa presión no termine dejando en manos de otros la definición del futuro político venezolano.
Porque cambiar al ocupante de Miraflores no alcanza; terminar con el régimen exige algo mucho más profundo: que el poder deje de estar por encima de la ley, que las elecciones dejen de ser una promesa, que la oposición deje de ser un delito y que el petróleo deje de ser una herramienta de dominación. De lo contrario, podría ocurrir algo que América Latina conoce demasiado bien: que se cambie todo para que, en definitiva, nada cambie.
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