Dos recientes decisiones de tribunales estadounidenses fortalecieron los argumentos de los inversores que reclaman contra Hayden Davis y otros responsables del lanzamiento. Javier Milei no es demandado en esa causa civil, pero una eventual apertura de la etapa probatoria podría sacar a la luz documentos, mensajes y movimientos financieros relevantes para determinar qué ocurrió antes del tuit presidencial que disparó la compra del token.
Buenos Aires -New York– 19 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA-La batalla judicial por $LIBRA comenzó a entrar en una fase particularmente sensible en Estados Unidos. Los abogados de los inversores perjudicados pidieron a la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, que tome en cuenta dos decisiones recientes de otros tribunales que permitieron mantener en pie reclamos contra promotores de activos digitales utilizando tanto la ley federal RICO, concebida originalmente para combatir organizaciones criminales, como las normas de Nueva York contra prácticas comerciales engañosas. El planteo busca impedir que prosperen los pedidos de Hayden Mark Davis, Benjamin Chow y otros demandados para cerrar la causa antes de que llegue a una etapa de producción amplia de pruebas.
Para comprender qué significa esto para el presidente Javier Milei hay que separar dos planos. Milei no figura actualmente como demandado en la class action estadounidense y los nuevos fallos, por lo tanto, no significan que el mandatario haya quedado sometido a una acusación bajo la ley RICO. La demanda está dirigida contra Kelsier Ventures, Davis, integrantes de su familia, Chow y actores vinculados con la infraestructura tecnológica utilizada para los lanzamientos. Pero los demandantes describen el caso $LIBRA como parte de un supuesto mecanismo mediante el cual determinados participantes habrían obtenido posiciones privilegiadas antes de que los tokens fueran ofrecidos masivamente al público. Según la demanda, el lanzamiento argentino habría permitido extraer más de US$57 millones en activos digitales de compradores minoristas en cuestión de horas, una cifra que forma parte de las alegaciones de los demandantes y todavía debe ser probada en juicio.
El antecedente que mayor peso adquirió es Aguilar v. Baton Corp., referido a la plataforma Pump.fun. El 31 de agosto, la jueza federal Colleen McMahon rechazó parcialmente los pedidos para cerrar aquella causa y permitió que continuaran determinados reclamos bajo RICO contra la empresa y tres de sus responsables. El tribunal consideró suficiente, en esta etapa inicial, la hipótesis según la cual expresiones como “fair launch” —lanzamiento justo— podían transmitir un dato concreto al inversor: que no existían participantes privilegiados con acceso anticipado. También admitió que determinadas ventajas técnicas presuntamente concedidas a insiders podían integrar el mecanismo investigado. No se trató de una condena, sino de una decisión procesal que permitió que parte del litigio continuara.
Ese razonamiento resulta importante para $LIBRA porque Burwick Law, el estudio que representa a los demandantes, sostiene que ocurrió algo comparable. Los abogados afirman que determinados participantes habrían adquirido tokens antes de que el público pudiera operar y luego vendido sus posiciones después de que la publicidad atrajera a miles de compradores. También señalan al exresponsable de Meteora, Benjamin Chow, cuya infraestructura fue utilizada para $LIBRA, y sostienen que sus funciones no habrían sido meramente técnicas. La acción colectiva incluye reclamos por asociación bajo RICO, conspiración, fraude, prácticas comerciales engañosas, publicidad falsa y enriquecimiento injustificado.
Ahí aparece la posible derivación para Milei. El 14 de febrero de 2025, el Presidente difundió desde su cuenta de X el contrato de $LIBRA y presentó la iniciativa como un mecanismo privado destinado a financiar pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. Poco después eliminó el mensaje. El Gobierno sostuvo desde el comienzo que Milei no había participado en el desarrollo de la criptomoneda y que simplemente había difundido una iniciativa privada, posición que quedó plasmada en comunicaciones oficiales y en la posterior creación de una unidad gubernamental destinada a recopilar información para remitirla a la Justicia.
Pero la cuestión que podría adquirir importancia si la causa estadounidense supera los pedidos de desestimación no es solamente qué publicó Milei, sino qué ocurrió antes de esa publicación. La Justicia argentina investiga los contactos que mantuvieron los promotores del proyecto con el Presidente y su entorno, incluida la reunión que Milei mantuvo con Davis semanas antes del lanzamiento. También se investigan operaciones realizadas por billeteras digitales vinculadas con personas bajo pesquisa y la existencia de presuntos pagos relacionados con el acceso al círculo presidencial. El fiscal federal Eduardo Taiano conserva actualmente el impulso de la investigación penal argentina.
Si Rochon rechaza las solicitudes de los demandados y permite que el litigio continúe, el efecto más relevante podría producirse en el terreno de la prueba. En el sistema estadounidense, la continuación de una demanda de estas características puede habilitar pedidos de documentos, registros electrónicos, declaraciones bajo juramento y comunicaciones entre los protagonistas, siempre bajo las reglas y decisiones que establezca el tribunal. Hasta ahora, el descubrimiento de prueba en Hurlock v. Kelsier había quedado suspendido mientras se resolvían los pedidos de desestimación. Por eso, superar esa instancia procesal tendría una importancia que excedería cualquier eventual indemnización económica: permitiría profundizar la reconstrucción interna del lanzamiento.
Eso tampoco significa que cualquier documento obtenido en Nueva York pueda trasladarse automáticamente a un expediente penal argentino ni que una eventual responsabilidad civil de Davis determine la responsabilidad penal de Milei. Son jurisdicciones diferentes, procedimientos distintos y estándares jurídicos independientes. Pero si surgieran documentos públicos, comunicaciones o declaraciones que aportaran información sobre las reuniones, acuerdos, distribución anticipada de tokens o conocimiento previo del lanzamiento, esos elementos podrían transformarse en nuevas pistas para los investigadores argentinos y eventualmente ser requeridos por las vías de cooperación judicial correspondientes.
El escenario conserva además un antecedente favorable para las defensas que obliga a mantener cautela. En agosto de 2025, la propia jueza Rochon rechazó mantener congelados activos de los demandados y expresó fuertes reservas, en aquella instancia preliminar, sobre las posibilidades de éxito de los demandantes. Aquella decisión no resolvió el fondo del litigio y fue dictada mucho antes de los recientes precedentes invocados ahora por Burwick, pero demuestra que la continuidad de la class action está lejos de encontrarse definida.
Mientras Nueva York discute si el supuesto sistema de acceso privilegiado, promoción masiva y extracción posterior de liquidez puede encuadrarse bajo RICO y las leyes de protección al consumidor, en Buenos Aires la situación procesal siguió otro camino: la Cámara Federal confirmó recientemente el apartamiento de inversores como querellantes, aunque estos recurrieron ante Casación, mientras la investigación permanece a cargo de la fiscalía. La paradoja es que el expediente que eventualmente aporte nuevas evidencias sobre lo sucedido alrededor de $LIBRA podría avanzar con mayor profundidad a más de 8.000 kilómetros de la Casa Rosada, precisamente en el país donde litigantes privados cuentan con herramientas procesales particularmente extensas para reconstruir comunicaciones y movimientos financieros.
Fuentes consultadas: documentos judiciales del United States District Court for the Southern District of New York; fallo Aguilar v. Baton Corporation; expediente Hurlock v. Kelsier Labs; Burwick Law; La Nación; Infobae; normativa y comunicaciones oficiales del Poder Ejecutivo Nacional.
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