Por Darío Rosatti
La oferta de US$340,2 millones por el 90% de AySA equivale a unos $36.000 por cada uno de los 14 millones de habitantes que abastece la empresa. El monto queda por debajo de la expectativa oficial y coloca al histórico proveedor Mauricio Filiberti, socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor y cercano al matrimonio Massa-Galmarini, entre los potenciales propietarios del servicio. El contraste entre el precio ofrecido, las tarifas que pagan los usuarios y la magnitud de la infraestructura abre una pregunta inevitable: ¿cuánto vale realmente AySA?
Buenos Aires – 9 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) dejó al descubierto una cifra que merece un análisis profundo: el Gobierno de Javier Milei recibió una oferta de apenas 340,2 millones de dólares por el 90% de las acciones de la compañía que presta servicios esenciales de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano. Si ese monto se distribuyera entre los aproximadamente 14 millones de habitantes que suelen utilizarse como referencia para dimensionar el servicio, el resultado sería de 24,30 dólares por persona, equivalentes a unos 36.000 pesos, utilizando un tipo de cambio ilustrativo de 1.500 pesos por dólar.
La comparación resulta tan sencilla como impactante: con un aporte equivalente al precio de una factura residencial de cierta magnitud, cada habitante del área abastecida habría podido reunir, en conjunto, una suma semejante a la ofrecida por el consorcio empresario. Naturalmente, se trata de una equivalencia matemática, no de un mecanismo de adquisición efectivamente disponible para los usuarios. Pero la cifra permite dimensionar el precio propuesto para controlar una compañía con plantas potabilizadoras, redes subterráneas, estaciones de bombeo, instalaciones de tratamiento y una concesión de largo plazo.
El contraste se vuelve todavía más llamativo al examinar las tarifas. Si se tomara una factura hipotética de 40.000 pesos mensuales, los 14 millones de habitantes representarían, en una multiplicación puramente ilustrativa, 560.000 millones de pesos, una suma superior al equivalente en moneda nacional de la oferta de compra.
De acuerdo con los propios registros de AySA, la compañía contabiliza aproximadamente 3,87 millones de unidades funcionales registradas, entre usuarios residenciales, no residenciales y otras categorías. Si todas abonaran hipotéticamente 40.000 pesos mensuales, la facturación bruta alcanzaría unos 154.800 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 103 millones de dólares al tipo de cambio utilizado en esta comparación. Bajo ese supuesto, el precio de las acciones representaría algo más de tres meses de facturación bruta, antes de descontar gastos de funcionamiento, energía, productos químicos, salarios, impuestos, mantenimiento e inversiones.
La verdadera discusión económica comienza precisamente allí. Una empresa de servicios públicos no puede valorarse únicamente por su facturación, pero tampoco resulta suficiente justificar su venta mediante referencias genéricas a la ineficiencia estatal. El patrimonio físico, la capacidad de generar ingresos, las obligaciones financieras y los compromisos de inversión deben integrar una valoración que permita determinar si el Estado está obteniendo una contraprestación adecuada.
La oferta más elevada fue presentada por el consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua AR B.V., que propuso pagar US$340,2 millones. La otra oferta, encabezada por el Grupo Roggio, alcanzó US$285 millones. Ambas quedaron por debajo de los aproximadamente US$450 millones que se habían mencionado como expectativa oficial, mientras otras estimaciones difundidas durante el proceso ubicaban la recaudación esperada cerca de US$500 millones.
Un aspecto especialmente cuestionable del procedimiento es que la licitación fue convocada sin precio base, de modo que el Estado no estableció públicamente un piso económico por debajo del cual rechazar las propuestas. El proceso se desarrolló mediante una selección técnica previa y la posterior apertura de ofertas económicas, realizada el 8 de octubre. El consorcio encabezado por Rowing quedó mejor posicionado, aunque todavía restan la evaluación definitiva, la adjudicación y los trámites necesarios para transferir las acciones.
Detrás de esa oferta aparece Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, empresa que suministra productos químicos utilizados para potabilizar el agua. Su presencia entre los potenciales compradores constituye uno de los aspectos más sensibles de la operación: un proveedor histórico de AySA pasaría a integrar el grupo propietario de su principal cliente.
La relación empresarial se extiende a José Luis Manzano y Daniel Vila, socios de Filiberti en el control de Edenor, distribuidora eléctrica que abastece a numerosos establecimientos e instalaciones del área metropolitana. Ese mismo entramado participa en operaciones vinculadas con Metrogas, configurando una creciente presencia en sectores estratégicos de los servicios públicos. Manzano y Vila no figuran como compradores directos de AySA en la composición anunciada del consorcio, pero sus negocios compartidos con Filiberti permiten identificar una convergencia empresarial que merece especial atención.
El mapa de relaciones incorpora también al exministro Sergio Massa y a su esposa, Malena Galmarini, quien presidió AySA entre 2019 y 2023. La cercanía personal y política de Filiberti con el matrimonio fue reconocida públicamente, mientras su empresa mantuvo contratos de abastecimiento durante distintas administraciones. En 2023, una contratación de productos químicos superior a US$127 millones, en la que Transclor quedó como único oferente, generó discusiones y terminó anulada antes de volver a licitarse.
La presencia de Mauricio Filiberti entre los potenciales propietarios de AySA introduce, además, un interrogante político que se remonta a la campaña presidencial de 2023: ¿siguen vigentes compromisos entre Javier Milei y Sergio Massa, cuya existencia fue objeto de reiteradas versiones y denuncias antes y después de las elecciones que llevaron al libertario a la Casa Rosada? Durante aquella campaña, Carlos Maslatón denunció un presunto acuerdo de conveniencia entre ambos espacios, mientras Juan Grabois cuestionó la presencia de dirigentes vinculados al massismo en las listas libertarias. También trascendieron contactos políticos orientados, según esas versiones, a favorecer la polarización electoral frente a Juntos por el Cambio. Después del triunfo de Milei, el entonces presidente electo mantuvo una reunión reservada de aproximadamente tres horas con Massa, en la que participaron Karina Milei, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos, y donde se abordaron la transición económica y la eventual continuidad de funcionarios.
A más de dos años de aquellos episodios, la operación sobre AySA vuelve a colocar bajo observación las relaciones entre ambos sectores. Malena Galmarini presidió la empresa, Filiberti fue uno de sus proveedores históricos y ahora participa en el consorcio mejor posicionado para adquirirla, junto con empresarios vinculados a otros servicios públicos estratégicos. ¿Estamos ante una coincidencia de intereses comerciales que atraviesa gobiernos de distinto signo, o existen entendimientos políticos que sobrevivieron al enfrentamiento electoral entre Milei y Massa? La respuesta requiere examinar las decisiones administrativas, los contratos y las relaciones societarias que acompañaron la privatización, particularmente cuando el Estado se dispone a transferir el control de un servicio esencial por una oferta inferior a sus expectativas iniciales.
De esta manera, un empresario vinculado comercialmente con la compañía durante la gestión de Galmarini y asociado con Manzano y Vila en el negocio eléctrico participa ahora de la oferta mejor posicionada para adquirir AySA bajo el Gobierno de Milei. El recorrido atraviesa administraciones de distinto signo político y plantea interrogantes concretos sobre la independencia de los procesos de contratación, los precios de los insumos y las futuras operaciones entre sociedades relacionadas.
Otro de los protagonistas es Walter Román, fundador de Rowing, compañía de ingeniería e infraestructura. El consorcio se completa con Arcos Saneamento, vinculada al grupo brasileño Equipav, y con el vehículo de inversión neerlandés PHX Aqua AR B.V.. La identificación de los beneficiarios finales, los porcentajes accionarios y los acuerdos internos de administración será fundamental para conocer quién ejercerá efectivamente el control de la empresa.
El Gobierno sostiene que la privatización permitirá terminar con una estructura costosa para el Tesoro y trasladar al sector privado la responsabilidad de ejecutar inversiones. Según el Ministerio de Economía, el nuevo operador deberá desarrollar durante el período 2027-2031 un programa superior a US$2.000 millones, destinado a obras, mantenimiento, mejoras y funcionamiento del servicio. Esas obligaciones deben ser consideradas al analizar el valor económico de la operación, aunque no equivalen a dinero que el comprador pagará al Estado por las acciones.
También resulta significativo que, antes de la venta, las tarifas de AySA registraran un incremento acumulado superior al 500% desde diciembre de 2023, mientras se aplicaron medidas de reducción de personal y reorganización de gastos. La compañía informó una ganancia neta de 232.483 millones de pesos en el primer semestre de 2026, resultado cuya composición contable y financiera requiere examinarse junto con los aportes estatales, las obligaciones pendientes y las necesidades de inversión.
La concesión prevista tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de extensión por otros diez. Se trata, por lo tanto, de una operación que no solamente transfiere acciones, sino que entrega el control operativo de un servicio público esencial durante varias décadas, bajo un marco tarifario y regulatorio que determinará tanto la rentabilidad empresarial como el costo que deberán afrontar millones de hogares.
El debate no consiste en afirmar que el comprador recuperará su inversión en un mes, porque esa conclusión confundiría población atendida, cantidad de facturas, ingresos brutos y utilidades. La cuestión de fondo es más importante: si el precio ofrecido equivale a apenas 24 dólares por habitante de referencia y a poco más de tres meses de una facturación bruta hipotética de 40.000 pesos por unidad funcional, el Gobierno debe explicar con precisión cómo valoró AySA, por qué licitó sin un piso público y qué garantías existen para evitar que sus futuros propietarios obtengan beneficios mediante contratos cruzados con empresas vinculadas.
Esa explicación adquiere particular relevancia cuando la oferta más alta proviene de un consorcio integrado por un proveedor histórico de la propia compañía, relacionado empresarialmente con otros operadores de servicios públicos y conectado con dirigentes que tuvieron responsabilidades directas sobre AySA. Antes de completar la adjudicación, la publicación de una valuación patrimonial independiente, los compromisos contractuales exigibles y la composición accionaria definitiva permitiría establecer si los 340,2 millones de dólares representan una operación económicamente justificada o un precio extraordinariamente favorable para quienes aspiran a controlar durante décadas el abastecimiento de agua y saneamiento del principal conglomerado urbano argentino.
Fuentes consultadas: Ministerio de Economía de la Nación, comunicado del 8 de octubre de 2026; AySA, estadísticas oficiales de usuarios e infraestructura; Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS); Forbes Argentina, El País, TN, La Nación, Infobae y antecedentes periodísticos sobre Filiberti, Transclor, Edenor, Manzano, Vila, Massa, Galmarini y las versiones de acuerdos políticos entre Milei y Massa durante la campaña presidencial de 2023.
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