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Héctor Olivares fue asesinado a balazos junto a su asesor Miguel Yadón en 2019
La querella de la familia del diputado Héctor Olivares, asesinado a balazos junto a su asesor Miguel Yadón en 2019 en la plaza del Congreso nacional, pidió hoy la pena de prisión perpetua para los dos principales acusados del doble crimen al considerar que cometieron un “homicidio agravado por alevosía y por placer”.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 inició hoy la jornada de alegatos en este juicio que se comenzó el 4 de este mes y que tiene como presuntos autores del doble asesinato a los primos Juan Jesús Fernández (44) y Juan José Navarro Cádiz (27), ambos de la comunidad gitana.
La primera en alegar ante los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas fue la abogada María Fernanda Prack, quien representa a la familia del diputado nacional radical asesinado y pidió la pena máxima del Código Penal para estos dos imputados.
Al sostener la acusación de la fiscalía por la que llegaron a juicio, para la querella ambos deben responder como coautores de un “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y placer y por el empleo de un arma de fuego, reiterado en dos oportunidades, en concurso con la portación ilegal del arma de guerra empleada para cometer el delito”.
La abogada consideró como agravantes la alevosía por “el estado de indefensión de las víctimas”
“Héctor Enrique Olivares fue una persona querida y respetada por todos los que lo conocieron. Contaba con una amplia trayectoria política, una vocación de servicio por su país. Lo siguen recordando en su pueblo, su familia y sus correligionarios. Se trata de una muerte absurda, sin sentido, una tragedia totalmente innecesaria”, dijo la abogada al recordar a la víctima.
Al fundamentar la calificación y hablar del móvil de hecho, Prack sostuvo que “no surgió de la investigación ningún conflicto previo entre los autores y las víctimas, sino que la razón del homicidio responde al estado de ánimo del autor que describen en mayor detalle el impulso del autor”.
“El hecho consideramos que se ve agravado por el sólo hecho del placer de probar el arma”, opinó.
La abogada también consideró como agravantes la alevosía por “el estado de indefensión de las víctimas” y “la actitud posterior que los imputados que advirtieron lo que había sucedido y se dieron a la fuga sin esperar que viniera ninguna ayuda”.
La representante de la querella remarcó que “el informe pericial llegó a la conclusión de que el autor de los disparos fue Navarro Cádiz, quien estuvo ubicado en el asiento delantero del acompañante, empuñó el arma y efectuó los disparos que impactaron en el cuerpo de Olivares y Yadón”.
Luego de pedir la prisión perpetua para él y para su primo Fernández, también solicitó ante el tribunal penas de entre 2 y 4 años de prisión para los otros siete imputados del juicio, la mayoría familiares de los presuntos asesinos, que llegaron al debate en libertad acusados de delitos menores como tenencia o portación ilegal de armas.
La segunda en alegar fue la abogada Mónica Mac Gaul, querellante de la familia de Yadón, quien adhirió a los pedidos formulados por su colega y pidió al TOC 9 “justicia para las familias de las víctimas” y “una condena ejemplar” para los principales imputados.
El tribunal pasó a un cuarto intermedio y el próximo en alegar será el fiscal de juicio Ariel Yapur.
El hecho
El crimen de Olivares (61) y Yadón (58) ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso Nacional.
A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, sobre Avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les efectuaron varios balazos.
Yadón cayó muerto de tres disparos –uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.
Si bien se especuló con que el doble crimen podría haber estado vinculado a un “atentado a la democracia” o con algún tipo de “venganza personal”, el juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades llegaron a una conclusión distinta.
“El homicidio no fue más ni menos que una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser”, sostuvo Andrades en su requerimiento de elevación a este juicio, que es la base de la acusación.
Todo el derrotero de Fernández y Navarro Cádiz, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, quedó grabado en videos de 80 cámaras de seguridad que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal (PFA), a partir de los cuales se identificó y se detuvo a los sospechosos.
Fuente Telam
