La apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, la prórroga durante años de los Presupuestos de 2023, la ausencia prolongada de Pedro Sánchez de las sesiones de control del Senado, los enfrentamientos con jueces, las investigaciones sobre responsables de la Guardia Civil y las maniobras atribuidas a la denominada “fontanera” del PSOE volvieron a colocar bajo discusión la relación del Ejecutivo con los contrapesos institucionales. El Gobierno rechaza esa lectura, denuncia una persecución política y judicial y sostiene que España atraviesa uno de sus mejores momentos democráticos.
Madrid – 27 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La situación política española volvió a tensarse después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, con un procedimiento que será resuelto por un jurado popular. La reacción de La Moncloa agregó combustible a una discusión que trasciende el expediente: la ministra portavoz Elma Saiz afirmó que confía en que un jurado “ecuánime” haga justicia y que, en este caso, justicia significa declarar inocente a Gómez, mientras el Ejecutivo volvió a calificar la instrucción como una persecución.
La controversia se produjo pocos días después de que Sánchez enfrentara preguntas incómodas durante una visita a Harvard, donde estudiantes le consultaron por los casos que afectan a su esposa, a su hermano y a miembros del PSOE. El Presidente defendió a su familia y sostuvo que no puede darse por culpables a personas antes de una sentencia firme. Su hermano, David Sánchez, ya fue condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación administrativa en la causa por su contratación en la Diputación de Badajoz.
El caso Gómez es apenas uno de los frentes que alimentan el debate sobre la calidad institucional española. Otro es el presupuestario. España continúa funcionando en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados, una situación que prolonga la ausencia de nuevas cuentas aprobadas durante buena parte de la legislatura. La propia documentación del Consejo de Ministros confirma que los créditos de 2023 siguen prorrogados para este año, obligando al Ejecutivo a recurrir continuamente a modificaciones y redistribuciones de partidas.
El tercer frente es la relación con el Senado, donde el PP mantiene mayoría absoluta. Sánchez lleva un período excepcionalmente largo sin acudir a las sesiones ordinarias de control de la Cámara Alta, circunstancia que la oposición interpreta como una forma de evitar un ámbito institucional que el Gobierno no controla. La Constitución no obliga al presidente a responder semanalmente en el Senado, pero la prolongada ausencia se ha convertido en uno de los elementos utilizados por sus críticos para sostener que el Ejecutivo reduce al mínimo aquellos espacios parlamentarios donde enfrenta una mayoría adversa.
La cuarta controversia tiene que ver con la relación del Gobierno con el Poder Judicial. Ministros y dirigentes socialistas han endurecido en los últimos años sus críticas hacia magistrados que investigan causas relacionadas con el Ejecutivo o el PSOE, mientras Sánchez ha defendido públicamente a personas de su entorno antes de la conclusión de los procesos. En el caso de Begoña Gómez, el Gobierno no se limitó a expresar confianza en su defensa, sino que calificó de “arbitraria e injusta” la actuación del juez Peinado y denunció una persecución judicial. El Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, archivó esta semana de forma definitiva varias quejas contra el magistrado relacionadas con su actuación en esa causa.
Un quinto frente se abrió dentro de la Guardia Civil. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó en julio a la directora general del cuerpo, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia dentro del denominado caso Leire. La investigación analiza supuestas maniobras destinadas a desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) y obstaculizar causas que afectaban al Gobierno y al PSOE. Ambos responsables continuaron en sus cargos mientras avanzaba la investigación judicial.
Ese expediente conduce al sexto foco y probablemente al más inquietante: la llamada trama de Leire Díez, exmilitante socialista, y sus presuntas operaciones contra investigadores, jueces y periodistas. La magistrada Beatriz Biedma, responsable de la investigación que terminó con la condena de David Sánchez, pidió incorporarse como acusación particular al considerar que fue identificada por la UCO como objetivo de una presunta red destinada a torpedear investigaciones relacionadas con el PSOE. Según la documentación incorporada a la causa, la trama habría intentado reunir información contra la magistrada y establecer contactos con personas vinculadas al narcotráfico para intimidarla.
La gravedad aumentó con las informaciones sobre un supuesto pedido para que un clan criminal diera un “sustillo” a Biedma. Vox presentó una querella para que se investiguen esos hechos, mientras la propia jueza sostuvo ante la Audiencia Nacional que las actuaciones podían haber puesto en riesgo su integridad física. Se trata todavía de hechos bajo investigación, pero la existencia de anotaciones y diligencias policiales sobre contactos con el narcotráfico llevó el caso desde la clásica guerra política hacia un terreno institucional mucho más delicado.
A ello se sumaron denuncias sobre seguimientos físicos a periodistas que investigaban en Badajoz el caso de David Sánchez. Imágenes y documentación difundidas por medios españoles muestran a integrantes de la presunta red siguiendo a reporteros y remitiendo posteriormente ese material. Las actuaciones forman parte del conjunto de episodios que investiga la Justicia sobre una supuesta estructura orientada a obtener información contra quienes investigaban asuntos sensibles para el PSOE.
El séptimo foco se concentra en el Tribunal Constitucional. El órgano decidió esta semana avanzar hacia la aplicación de la amnistía al delito de malversación en el caso del exconseller Jordi Turull, criterio que previsiblemente tendrá consecuencias directas para Carles Puigdemont. El pleno no aprobó la ponencia inicial del magistrado José María Macías, favorable a mantener la posición del Supremo, y prepara ahora otra resolución que reflejará el criterio de la mayoría. Los sectores críticos con el Ejecutivo consideran que el Constitucional actúa como última instancia política frente a decisiones del Supremo; sus defensores recuerdan que precisamente corresponde al TC resolver los recursos de amparo y fijar la interpretación constitucional.
El octavo elemento es el uso recurrente de reales decretos leyes para gobernar sin una mayoría parlamentaria estable. La Constitución española reserva ese instrumento para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”, pero los sucesivos gobiernos españoles han ampliado considerablemente su utilización y el actual Ejecutivo ha sufrido además varias derrotas cuando intentó convalidarlos en el Congreso. El fenómeno refleja la debilidad parlamentaria de Sánchez: depende constantemente de negociaciones con fuerzas como Junts, ERC, PNV o Sumar para mantener viva cada iniciativa legislativa.
El noveno frente es la relación del Presidente con los medios y su forma de rendir cuentas. Sánchez continúa ofreciendo ruedas de prensa y responde preguntas en comparecencias internacionales y balances oficiales, como muestran las transcripciones de La Moncloa de marzo, junio, julio y otros encuentros de 2026. Sin embargo, sus críticos cuestionan la frecuencia de las entrevistas extensas concedidas a medios españoles y el uso habitual de declaraciones institucionales con formatos más controlados. La crítica existe, aunque la afirmación de que Sánchez no responde preguntas resulta demasiado amplia: las propias transcripciones oficiales documentan numerosas comparecencias con interrogatorios de periodistas.
El décimo punto es el manejo político de las responsabilidades cuando personas designadas por el Gobierno quedan bajo investigación. La continuidad de altos cargos imputados, especialmente en la Guardia Civil, ha sido utilizada por la oposición para sostener que Sánchez evita dimisiones que podrían interpretarse como reconocimiento de debilidad. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que una imputación no equivale a culpabilidad y que los responsables deben continuar en sus funciones mientras no existan elementos suficientes que justifiquen su relevo.
La suma de estas controversias explica por qué el debate político español ha dejado de girar únicamente alrededor de economía, vivienda o inmigración para trasladarse cada vez más hacia la calidad de los contrapesos institucionales. Desde el PP y Vox se habla de deterioro del Estado de Derecho y colonización de organismos; desde el Gobierno y el PSOE se responde que existe una estrategia de lawfare, acoso judicial y utilización política de las instituciones para desalojar a Sánchez de La Moncloa sin pasar por las urnas.
El caso Begoña Gómez sintetiza esa confrontación. Un juez ha ordenado que la esposa del Presidente comparezca ante un jurado popular por dos presuntos delitos, la Fiscalía reclama su absolución y el Gobierno sostiene públicamente que el proceso constituye una persecución. El Ejecutivo tiene derecho a defender su interpretación política y Gómez conserva plenamente la presunción de inocencia; al mismo tiempo, el juicio seguirá adelante y será un tribunal —no La Moncloa ni la oposición— quien resuelva finalmente las acusaciones. Esa tensión entre poder político, tribunales, Parlamento y opinión pública será uno de los grandes ejes de España hasta las elecciones de 2027.
Fuentes consultadas: Tribunal Constitucional de España; Consejo General del Poder Judicial; Audiencia Nacional; Congreso de los Diputados; Senado de España; Presidencia del Gobierno – La Moncloa; RTVE; EFE; Reuters; prensa española y antecedentes de Total News Agency – TNA.
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