Documentos elevados a la Justicia por el Ministerio de Salud y el exinterventor Alejandro Vilches describen un cuadro de compras con valores hasta 20 veces superiores a los abonados por el PAMI, facturas duplicadas, productos importados más caros y de menor durabilidad que alternativas nacionales y elementos que figuraban como entregados aunque nunca habrían llegado a sus beneficiarios. Los informes calificaron varios de esos desvíos como “técnicamente indefendibles” y se suman a una causa en la que la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo y otras 18 personas.
Buenos Aires – 27 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La investigación sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) incorporó nuevos documentos que describen un sistema de compras plagado de diferencias de precios, pagos repetidos, adquisiciones de insumos importados más caros que alternativas nacionales y bienes que, al menos en algunos casos, figuraban como entregados sin haber llegado efectivamente a sus destinatarios. Los informes fueron confeccionados durante la intervención encabezada por Alejandro Vilches, luego de la salida de Diego Spagnuolo, y remitidos a la Justicia federal. En uno de ellos, los técnicos calificaron parte de los hallazgos como “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”.
La documentación analizada abarca compras de válvulas cardíacas, prótesis, implantes cocleares, neuroestimuladores, sillas de ruedas, andadores y otros insumos. Uno de los casos más llamativos corresponde a una operación con Farma Salud, que facturó en julio de 2025 un sistema de válvulas bicaval transcatéter por $425 millones, mientras el PAMI había adjudicado apenas meses antes el mismo sistema por $124,2 millones. En otra adquisición de una válvula pulmonar autoexpandible, la diferencia entre lo abonado por la exANDIS y el precio pagado por el organismo previsional llegó al 711%.
El patrón se repitió en otros rubros. En implantes cocleares, los informes consignaron que Droguería Floresta recibió un precio promedio de US$62.613 por unidad, mientras una adjudicación posterior estableció un valor de US$12.125 y la referencia de mercado rondaba los US$16.975. Según el análisis técnico remitido a los tribunales, la diferencia equivalía a un incremento de 269% sobre el precio estimado de mercado.
La documentación también detectó una factura de Indecomm por $28,7 millones que habría sido abonada dos veces. En otro expediente, la firma Neurosalud recibió $132,4 millones por un neuroestimulador que el PAMI había comprado un mes antes por $41,5 millones por unidad, una brecha del 219%.
En el área ortopédica, las diferencias fueron todavía más amplias. Una silla de traslado postural facturada por Imnova en $18 millones tenía, según la referencia utilizada por los técnicos, un valor cercano a $945.000, lo que llevó al informe a estimar una diferencia de 1.904%. En una muestra de ocho sillas de ruedas de Expo Trauma, el Estado recibió facturas por $134 millones frente a una referencia total de mercado de $11,27 millones. Otro caso atribuido a Bymax incluyó una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones, cuando el mismo informe situó su precio de mercado por debajo de $500.000.
Los técnicos también cuestionaron la insistencia en determinados módulos importados. Según el informe, había casos en los que los requerimientos terapéuticos podían cubrirse con equipamiento nacional de menor precio y, además, con mejor durabilidad y ajuste anatómico. La documentación sostuvo que el uso sistemático de productos importados con diferencias de entre 300% y 1.000% carecía de fundamento clínico y financiero.
Uno de los episodios más sensibles ocurrió en Río Negro. Un paciente amputado necesitaba una prótesis y en los papeles aparecía un remito firmado por su madre como constancia de entrega. Sin embargo, el relevamiento directo realizado posteriormente concluyó que la firma había sido obtenida cuando se tomaron las medidas y que el producto nunca había sido recibido. Los técnicos calificaron ese caso como una situación de gravedad.
Otro informe ya había detectado una factura por un andador con una diferencia calculada en 4.239% respecto de referencias utilizadas por los técnicos. La propia ortopedia involucrada explicó luego que se había presupuestado un producto más sofisticado, pero que finalmente se entregó uno más sencillo mientras el circuito administrativo continuó reflejando el valor originalmente adjudicado.
Los hallazgos no se limitaron a precios. La auditoría interna impulsada tras la salida de Spagnuolo describió “sobreprecios sistemáticos”, ausencia de procedimientos administrativos adecuados, debilidades en los controles y problemas en los registros. Nueve proveedores concentraron facturación por más de $25.661 millones en una revisión de más de 500 expedientes administrativos.
A ese panorama se agregó otra auditoría que detectó un desfasaje de aproximadamente $158.000 millones entre la deuda exigible informada por distintas áreas internas de la exANDIS. La revisión alcanzó el período previo a la salida de Spagnuolo y expuso fuertes inconsistencias entre los registros contables y la información manejada por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
La causa judicial avanzó además esta semana con una decisión de la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas. La investigación analiza una posible asociación ilícita, simulación de competencia entre droguerías, direccionamiento de compras, sobreprecios y eventuales retornos. Entre los procesados se encuentran también el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.
El fiscal federal Franco Picardi incorporó además a su análisis un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que había encontrado diferencias de precios incluso entre licitaciones de la propia agencia. A partir de esos elementos, la fiscalía puso el foco sobre un esquema de licitaciones presuntamente restringido, con pocos oferentes y alejado de los mecanismos de compulsa más amplios recomendados por los organismos de control.
El contexto político de la investigación continúa siendo particularmente delicado. Spagnuolo fue desplazado en agosto de 2025 después de la difusión de audios atribuidos a su voz en los que se hablaba de presuntos retornos en contrataciones del organismo. Esas grabaciones siguen sometidas a peritajes, mientras el expediente judicial avanzó por vías documentales, comerciales y administrativas independientes de su contenido.
La magnitud de las irregularidades detectadas adquiere una dimensión adicional porque se produjeron dentro de un organismo destinado a financiar prestaciones para personas con discapacidad, muchas de ellas dependientes de prótesis, sillas de ruedas, implantes o equipamiento indispensable para su vida cotidiana. La combinación de precios multiplicados, pagos repetidos y productos que figuraban como entregados sin llegar a sus beneficiarios transformó el caso ANDIS en algo bastante más grave que una discusión sobre procedimientos administrativos: la Justicia intenta ahora determinar cómo funcionó un circuito que movió miles de millones de pesos mientras algunos de sus destinatarios más vulnerables seguían esperando aquello que el Estado ya había pagado.
Fuentes consultadas: Ministerio de Salud; documentación de la intervención de la exANDIS; Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA); Cámara Federal; Fiscalía Federal a cargo de Franco Picardi; La Nación; TN; Infobae; antecedentes de Total News Agency – TNA.
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