El juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray transita sus instancias finales. Este jueves comenzaron los alegatos y la AFIP blanqueó que finalmente desistirá de presentar las acusaciones contra los empresarios K y el ex titular del organismo, como anticipó Clarín, porque consideró que hubo una “persecución” durante la gestión de Cambiemos contra la empresa Oil Combustibles, acusada de defraudar al Estado tras no pagar $8.000 millones al fisco.
En el arranque de la audiencia uno de los secretarios del juzgado informó la desestimación del organismo que dirige Mercedes Marcó Del Pont. Ese documento dice: “La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de la AFIP.
El juicio había arrancado el 13 de junio de 2019. A cargo del TOF 3 -integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos-, el proceso está en la etapa de alegatos tras haber declarado unas cincuenta personas como testigos, más los descargos en instancia de indagatoria de los tres imputados.
Con los argumentos de la presunta “persecución y hostigamiento” contra López, De Sousa y Echegaray el organismo recaudador dispuso el desistimiento a la querella en esta causa que tiene como principales imputados a los accionistas de la empresa Oil Combustibles. La decisión de la AFIP se sustentó en “la evidencia interna (auditorías y sumarios disciplinarios) y externa (denuncias administrativas y requerimientos judiciales) que dan cuenta de graves hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder”, informaron.
La decisión se dio a tres días antes de las PASO y evidencia un claro respaldo de un organismo oficial al empresario K.
La acusación de la fiscalía con la que se dio inicio al juicio sostuvo todo lo contrario a lo que ahora la AFIP dice: que existió “una maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos”.
Cristóbal López cuando salió de prisión.
La cifra estuvo en discusión durante el debate oral. Cristóbal López sostiene que esa deuda no superaba los 650 millones de pesos. La imputación se centró en otra ventana de tiempo y fijó otra cifra, igual multimillonaria.
Así, la Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K le permitieron no pagar el impuesto mencionado para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de $ 5.144.538.391,07 en concepto de capital”.
Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda” del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma “indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.
Una imagen de una estacion de sevicio de Oil Combustibles que pertenecía a Cristóbal López.
Al estudiar este escenario, el organismo a cargo de Marcó del Pont señaló que la causa iniciada por la gestión anterior estaba direccionada, y apuntó al “papel que habrían desempeñado en estos hechos ciertos funcionarios que formaron parte de la conducción política de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri”.
Por tal motivo, entendió Marcó del Pont que el desistimiento de la querella “constituye una decisión de responsabilidad institucional de las autoridades políticas de la AFIP al no legitimar la persecución, el hostigamiento y las arbitrariedades acontecidas durante el gobierno anterior, que fueron identificadas y documentadas desde diciembre de 2019”.
Fuente Clarin
