Ya hay fecha para la huelga con la que amenazaban los inspectores de Trabajo: la segunda quincena de marzo. De esta manera, los sindicatos intentan tensar al máximo la cuerda para que se refuerce la plantilla del organismo, tal y como pactaron en julio con el Ministerio de Trabajo, en un acuerdo que se mantiene bloqueado desde entonces por Hacienda.
“Las condiciones de trabajo no cesan de empeorar y tanto el Ministerio de Trabajo y Economía Social como el Ministerio de Hacienda y Función Pública están llegando a un punto de absoluta irresponsabilidad que puede derivar en un conflicto como jamás se ha producido en el seno de la Inspección”, manifiestan los sindicatos en un comunicado firmado por un total de ocho organizaciones (CCOO, CIG, CSIF, FESESS, Sindicato de Inspectores de Trabajo, SISLASS, UGT y UPIT).
Hasta que se materialice la huelga, no se van a quedar de brazos cruzados. Para la primera quincena de marzo, tienen previsto realizar un encierro, que consistirá en “una concentración de los trabajadores fuera del horario laboral en el interior de los centros y en clave de denuncia ante la situación que se sufre”, según informan fuentes sindicales.
Además, desde que comenzó febrero, han iniciado una serie de asambleas para determinar qué otras acciones pueden llevar a cabo para conseguir que se cumplan sus exigencias. La primera de ellas se celebró el 1 de febrero en Madrid y, por el momento, ya hay otras planificadas en Valencia (8 de febrero), Sevilla (9 de febrero), Toledo (10 de febrero), Valladolid (15 de febrero) y Zaragoza (28 de febrero). “Y así se continuará hasta cubrir, con cualquiera de las alternativas existentes, la totalidad de las Inspecciones”, apuntan en la nota.
Los inspectores de Trabajo llevan en pie de guerra desde que observaron atónitos cómo un acuerdo que habían alcanzado con el ministerio liderado por Yolanda Díaz llevaba meses paralizado por el organismo que encabeza María Jesús Montero. Así lo hicieron ver en una rueda de prensa celebrada en diciembre, en la que exigieron a Díaz que impusiera su mayor rango dentro del Gabinete de Pedro Sánchez. “Hemos llegado a un acuerdo con la supuesta vicepresidenta segunda, pero tropezamos con una piedra que desde el punto de vista político está por debajo”, señaló entonces el responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, Josetxo Gándara.
Falta de personal
Los trabajadores quieren que se refuerce la plantilla, sobre todo si finalmente el Congreso aprueba este jueves la reforma laboral, que supondrá una carga de trabajo adicional para un organismo que ya está desbordado. Esta exigencia se contempla en el mencionado pacto que alcanzaron en julio con Trabajo y, por este motivo, insisten en su compromiso con la defensa del acuerdo. “Sin el mismo no hay posibilidad de escapar de una confrontación que puede tener graves consecuencias para el servicio que debe garantizarse desde la Inspección”, exponen.
Actualmente, cuentan con unos 3.000 efectivos, alrededor de unos 1.750 de inspección activa (trabajo de calle) y unos 1.150 que realizan tareas de apoyo administrativo. Con estas cifras, España tiene una ratio de un inspector por cada 13.000 personas de población activa, cuando la recomendación de la Unión Europea es que sea de un inspector por cada 10.000 personas. Para compensar este déficit, desde los sindicatos calculan que harían falta unos 1.250 efectivos, una pretensión que rebajaron.
Uno de los aspectos a mejorar para incrementar la plantilla es la oferta de empleo que se realiza desde el Ministerio de Trabajo, ya que los sindicatos calculan que alrededor del 25% de las plazas se quedan sin ocupar porque los estudiantes prefieren opositar a otras posiciones que son más competitivas. Entre sus reclamaciones también se encuentra una mayor digitalización de Inspección de Trabajo y la eliminación de la desigualdad salarial, aspiraciones también incluidas en el acuerdo de julio.
De todas estas movilizaciones, tanto de la huelga como del encierro, se desmarca el Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (SESLAESS), que cuenta con unos 500 afiliados. Considera que estas acciones tienen como objeto la aprobación de importantes subidas de sueldo para jefes de Inspección e Inspectores, mientras que, según denuncian, los subinspectores han ido adquiriendo nuevas competencias y responsabilidades que no se recogen en estos incrementos salariales. Además, aseguran que provocará la creación y burocratización de puestos de trabajo que alejan el trabajo de calle.
Fuente El Confidencial
