El proyecto de ley que los empresarios miran de cerca y que es cuestionado en Mendoza

Con un 2022 que arrancó movido puertas adentro del palacio del Congreso -con la renuncia Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos tras el anuncio de acuerdo con el FMI– y a un paso del inicio de las sesiones extraordinarias, las empresas ven con atención la agenda legislativa para el año que empieza.

Uno de los proyectos que observan en tal sentido es la Ley de Promoción de inversiones Hidrocarburíferas, o ley de hidrocarburos.

Quién lo impulsa: La Secretaría de Energía de la Nación de Darío Martínez, que depende de la cartera de Economía, con el aval del Ejecutivo Nacional.

Estado: Se presentó en comisión en el Senado en septiembre del año pasado, de forma informativa y luego no se volvió a tratar. El mes pasado Kulfas la mencionó como dentro del esquema planteado para este año.

Qué propone: Tiene como objetivo incrementar la producción e industrialización de hidrocarburos y escalar las exportaciones de petróleo y gas natural. Establece incentivos generales para la producción de petróleo (20 al 50 por ciento de la producción incremental de cada empresa para garantizar exportaciones, libre disponibilidad de divisas y eximición del Impuesto a las Ganancias por la cesión parcial de la participación en un área concesionada) y para la producción de gas (se institucionalizará el Plan Gas.Ar por 20 años).

Además, prevé otros proyectos especiales y puntos dedicados a la sustentabilidad y la diversidad de género en la industria: los proyectos que cuenten con un plan de sustentabilidad energética aprobado podrán incrementar en hasta un 10 por ciento los incentivos o reducción de aportes patronales para las empresas que incorporen la perspectiva de género en la composición de sus planteles directivos, técnicos y profesionales. También busca la modificación de la Ley 17.319 para que las provincias puedan realizar concesiones de almacenamiento subterráneo, y de la Ley 23.966 para establecer el impuesto como alícuotas porcentuales del precio de los combustibles líquidos.

Voces a favor: Desde el gobierno lo ven como una forma de aumentar el ingreso de divisas, fortalecer las reservas del BCRA e incorporar valor agregado nacional y regional a través de la creación de más empleo de calidad, más trabajo para PyMEs y empresas regionales proveedoras de servicios y más bienes de industria y tecnología nacional. Además, se busca garantizar el autoabastecimiento, promover el desarrollo regional y fortalecer las finanzas provinciales con mayores regalías e ingresos tributarios.

 Voces en contra: Desde el sector opinan que el proyecto no cumple con las expectativas, y las provincias involucradas, especialmente Mendoza, se mostraron muy disconformes con el hecho de que el proyecto es muy complejo y se los mostraron apenas 24 horas antes de la presentación. “Creo que el proyecto fue preparado con buenas intenciones, pero desafortunadamente tiene gusto a poco”, opina José Martínez de Hoz, socio de MHR Abogados. En primer lugar, explica, porque los beneficios que ofrece son escasos. “Por ejemplo, en materia de exportación de petróleo crudo, la posibilidad de exportar el 20 por ciento de una producción incremental definido a través de ciertas curvas de crecimiento termina perjudicando a quienes más invirtieron en los últimos años, y realmente no entusiasma demasiado para atraer una inversión masiva”.

“Otro ejemplo: hay un capítulo dedicado a inversiones más grandes, de US$ 200 millones en adelante, y en definitiva en materia de libre disponibilidad de divisas también garantiza básicamente el 20 por ciento de las divisas generadas en la exportación, cosa que no alcanza ni siquiera para repagar la financiación que requeriría un proyecto de estas características”, agrega el abogado sobre los incentivos que prevé el proyecto, a los que define como escasos. A eso se suma un proyecto de ley muy reglamentarista y detallista, con muchas excepciones a principios generales que requieren mucha intervención gubernamental que, con la experiencia que existe en la Argentina, analiza, suelen generar muchas demoras en la implementación de la obtención de los beneficios previstos.

(Con información de revista Apertura)

Fuente Mendoza Today