El Comité de personas expertas para la reforma fiscal ha presentado este jueves su libro blanco con el que concluyen casi un año de deliberaciones para una propuesta de reforma fiscal integral. El presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, ha remarcado que la introducción de una reforma de tal calado debe adaptarse a la coyuntura económica para no interrumpir la recuperación económica en una situación tan complicada como la actual por la pandemia y la guerra en Ucrania. “En la situación actual va a ser muy difícil introducir cambios, porque el panorama ha cambiado radicalmente desde que se puso en marcha la invasión de Ucrania”, ha explicado Ruiz-Huerta. Una vez que comience la puesta en marcha de estas reformas, deberían introducirse con “gradualismo y programación razonada” para que su introducción no genere grandes disrupciones en el sistema tributario.
Además, una de las principales recomendaciones del comité es la limitación de la ‘competencia a la baja’ en los impuestos de las comunidades autónomas que gravan la riqueza. “En los últimos años se ha producido una competencia a la baja de modo que estamos vaciando a unos impuestos que tienen una gran importancia”, como son los de patrimonio, sucesiones y donaciones. Por ello, el comité recomienda al Gobierno fijar umbrales mínimos para todas las comunidades autónomas de modo que se terminen las bonificaciones del 100% que aplican actualmente algunos territorios. Al mismo tiempo, recomiendan subir los umbrales exentos de tributación para evitar que sobrecarguen de impuestos a las rentas medias. En definitiva, corresponsabilidad fiscal sí, pero sin que las CCAA tengan capacidad para eliminar impuestos establecidos a nivel estatal.
Uno de los capítulos más relevantes de la propuesta es el de la fiscalidad medioambiental. “La tributación medioambiental es esencial bajo el principio de quien contamina, paga”, ha señalado el experto del comité, quien ha adverido que “no se puede retrasar más”. Una de las recomendaciones más importantes es la de la igualación de la tributación del diésel a la de la gasolina. Esta es una medida que el Gobierno ha querido poner en marcha en distintas ocasiones durante los últimos años pero que ha ido descartando por no contar con un apoyo suficiente en el Congreso para ponerla en marcha. En cualquier caso, el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a aprobar una subida a la tributación al diésel antes de que acabe el año. Ahora cuenta, además del visto bueno de la Comisión Europea, con el respaldo del comité de expertos.
“La tributación medioambiental es esencial bajo el principio de quien contamina, paga”
Además, el comité propone una “subida general de la fiscalidad de hidrocarburos”, ha señalado Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo. En esta medida se incorporaría un componente de imposición a las emisiones de dióxido de carbono en el mercado de transportes europeo que se está valorando en la actualidad.
De esta forma, los expertos señalan una vía para que los usuarios de los transportes asuman el principio de ‘quien contamina, paga’. Al mismo tiempo, los expertos recomiendan que este incremento de la recaudación se utilice para reducir la imposición sobre la electricidad para incentivar la transición ecológica hacia las energías limpias.
El comité de expertos también ha propuesto la creación de un impuesto específico que grave los billetes de avión como existe en otros países europeos. El sector aeronáutico es muy contaminante y además sus emisiones han ido en continuo aumento durante las últimas décadas. De esta forma, el coste de los viajes interiorizaría una parte de los costes medioambientales que generan los vuelos.
Además, los expertos proponen imponer un gravamen sobre el queroseno que utilizan los aviones como combustible para incentivar a las aerolíneas a que renueven sus flotas buscando los aparatos más eficientes y menos contaminantes. Con estos ingresos el comité propone realizar una política presupuestaria de ayudas al sector para su transformación energética.
Resucitar sociedades
El comité de expertos también ha realizado un profundo estudio sobre el impuesto sobre sociedades, que es el único de los grandes tributos que sigue muy lejos de los niveles de recaudación logrados antes de la crisis financiera. Después de su análisis, el comité ha concluido que será difícil conseguir un incremento significativo de la recaudación con este tributo. Una mala noticia para el Gobierno que pretendía conseguir un buen incremento de la recaudación por esta vía. “Cuando comparamos el impuesto sobre sociedades con nuestros pares vemos que no estamos tan por debajo, máxime cuando añadimos el IAE, que no está incluido en la estadística de Eurostat”, ha explicado Violeta Ruiz, profesora de la Universidad Carlos III.
En concreto, los dos principales agujeros del mismo son la compensación de las bases imponibles negativas y la exención de beneficios del extranjero para evitar la doble imposición. En ambos casos, el comité ha detectado que la situación de España no es diferente de la que existe en otros países europeos. De hecho, la compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores que permite España es una de las más restrictivas. En cuanto a los beneficios en el exterior, el comité recomienda que estén exentos siempre que tengan una tributación mínima en el exterior. De esta forma, se acomodaría su propuesta a la reforma que se está tramitando en el marco de la OCDE para establecer un tipo mínimo del 15% para las multinacionales. “Las cifras de recaudación de 2007 no van a volver, estaría muy bien, pero no vemos la manera de conseguirlo, y nadio la ve”, ha concluido la Ruiz.
La economía digital también ocupa un capítulo del informe del libro blanco presentado este jueves. Entre las medidas más relevantes se incluye la puesta en marcha de una fiscalidad adaptada con las ventas a través de plataformas digitales en las que participan empresas y particulares. Empresas como Wallapop, en definitiva, en las que actualmente imperan las transacciones de espaldas a la Agencia Tributaria, pero que deberían contribuir en el impuesto de transmisiones onerosas. El comité propone que estas operaciones estén sujetas a IVA con un mínimo exento de 3.000 euros al año por contribuyente para así fomentar el crecimiento de este tipo de actividades. El objetivo es que los pequeños participantes en estas plataformas puedan comerciar sin grandes dificultades burocráticas que actualmente empujan al fraude.
“Somos de los pocos países que no contamos con un régimen de franquicia“, ha explicado Santiago Diaz de Sarralde, profesor de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Esta medida beneficiaría a casi medio millón de contribuyentes del IVA actuales y tendría un coste de apenas 228 millones de euros para las arcas públicas.
Fuente El Confidencial
