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Sólo en los primeros 26 días de abril se cometieron 30 homicidios. Hasta el 31 de marzo pasado, otras 248 fueron heridas de bala.
A Marcos (27) y a Ciro Caminos (1) los acribillaron cuando caía la tarde del sábado. Tres sicarios bajaron de una camioneta y dispararon al menos treinta veces contra el Audi A4 en el que estaban las víctimas. Micaela B. (27), la madre del pequeño y pareja del joven, fue herida de gravedad y pelea por su vida en un hospital de Rosario.
El ataque expone una mecánica feroz, sangrienta y repetida. Los investigadores ven, una vez más, el trasfondo de una disputa narco.
Ese doble crimen ocurrido en el barrio Larrea, el de un joven de 17 años que era buscado desde el jueves pasado y cuyo cuerpo fue hallado este lunes con heridas de arma de fuego, y otro de las primeras horas de este martes, con un cadáver maniatado y con los ojos vendados, son los últimos ocurridos en el Gran Rosario, donde sólo en los primeros 26 días de abril se registraron 30 crímenes.
En apenas dos semanas, entre el sábado 9 y el sábado 23, habían sido 23.
Los 30 homicidios de abril son un número de espanto. De los últimos 112 meses relevados –desde enero de 2013 a abril de este año–, el más luctuoso fue octubre de 2013, con 33 asesinatos.
Pocos días antes de finalizar el primer cuatrimestre de 2022, son 90 los crímenes. En 2013, el año en el que se produjo la mayor cantidad en el Gran Rosario (271), se contabilizaron 87 al finalizar abril.
Relevamientos del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) indican que el 53% de los homicidios ocurridos este año en los límites de la Unidad Regional II de policía, están vinculados con las economías ilegales y las organizaciones criminales. Hay un 26% que están aún bajo investigación.
Para los fiscales tres de cada cuatro muertes violentas están relacionadas con el narcotráfico y el enfrentamiento entre bandas. Como, suponen, sucedió con Marcos –familiar de Roberto “Pimpi” Caminos, líder de la barrabrava de Newell’s y un pesado local que fue asesinado en 2010– y su hijo.
Las políticas de seguridad no lograron resolver un problema que se acrecentó de modo feroz en la última década. Ni siquiera el desembarco de fuerzas federales.
A Rosario llegaron, en octubre del año pasado, 575 nuevos gendarmes. En Santa Fe había para esa fecha otros 2.874, la mayoría repartidos en las dos grandes urbes.
Entre septiembre del año pasado y este mes, ese grupo participó en la provincia de 8.433 operativos, detuvo a 964 personas, logró incautar 87 automóviles y 70 armas, además de secuestrar 56 kilos de cocaína, 828 plantas y 63 kilos de marihuana.
La articulación con los agentes de la policía local no logró, sin embargo, moderar la tasa de homicidios, que triplica la media nacional.
El ministro Aníbal Fernández prometió la creación de una nueva Unidad Móvil de la Fuerza, prevista para atacar en Rosario problemáticas como el narcotráfico y otros delitos complejos.
El funcionario anticipó con aquel anuncio la llegada para marzo de este año de otros mil agentes. La ciudad cedió doce hectáreas de terreno sobre los que aún se trabaja para habilitar servicios públicos, colocar luminaria y cerco perimetral.
La base operativa, con los nuevos mil agentes, podría comenzar a funcionar recién en algunas semanas.
No es el único reclamo que se plantea desde Santa Fe, necesitada de crear nuevos cargos en la Justicia Federal, encargada de perseguir delitos como el narcotráfico: desde hace tres décadas no tiene un nuevo Juzgado y tampoco creó una fiscalía en los últimos cuarenta años.
La problemática de la inseguridad es la que desde hace mucho tiempo más inquieta a los rosarinos. También a las autoridades, que cambiaron al jefe policial en ocho oportunidades desde que iniciaron la gestión, en diciembre de 2019.
La consultora Doxa Data constató en marzo pasado que el 68,4% de los ciudadanos consultados señalaron a la inseguridad como el tema más acuciante.
Muy lejos quedaron dificultades con el transporte público (11%), la corrupción (8,6%), el estado de las calles (4,9%) o la desocupación (3%).
Las disputas narcos, amparadas por sectores policiales y de la Justicia, pero también protegidas detrás de inversiones económicas montadas para blanquear el dinero que genera la venta de drogas, dispararon la problemática criminal de la ciudad.
La realidad cambió drásticamente en una década y media. En todo 2006 se cometieron 89 asesinatos, uno menos que en el primer cuatrimestre de este año, al que aún le queda una semana.
Los barrios de la periferia son los más castigados por ese fenómeno de ataques y muertes. En el Gran Rosario se registró, este año, un crimen cada 30 horas. De acuerdo a relevamientos del OSP otras 248 personas fueron heridas con armas de fuego en el primer trimestre del año. Ese grupo, alcanzado también por la violencia más feroz, al menos logró salvar su vida.
