“Promulgamos una ley que consolida el trabajo de manera permanente para cuidar la vida de las mujeres en nuestro país” y que “establece mecanismos que precautelan los derechos de las víctimas”, afirmó el presidente Luis Arce en un acto público.
La norma se preparó luego de que el gobierno conformara una comisión interinstitucional que investigó a todos los juzgados penales del país, tras denuncias de que existían delincuentes que se beneficiaban, de manera irregular, de detención domiciliaria.
El más conocido fue el caso de Richard Choque, quien salió de prisión en 2019 mientras cumplía una condena por un asesinato y era investigado por otro. En libertad condicional mató a dos mujeres más, mientras la policía investigaba si era responsable de más de 70 de violaciones sexuales.
Choque fue capturado en enero de este año y en marzo fue condenado a 30 por femicidio.
Bajo la antigua ley, los delitos prescribían entre cinco y ocho años después en Bolivia.
De acuerdo al Ministerio de Justicia, el trabajo de la comisión interinstitucional permitió la recaptura de 21 feminicidas y violadores, y condujo a llevar a juicio por prevaricato a 15 jueces que otorgaron libertades condicionales de manera irregular.
Fuente Ambito
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