La mercadería tenía como origen China, pero estaba facturada por una empresa extranjera con sede en el estado de Delaware, Estados Unidos, constituida el 15 de mayo de 2020.
Lo llamativo para la Aduana fue que las facturas que amparan los envíos tienen como fecha de emisión el mes de marzo de 2020, dos años antes de las ‘supuestas importaciones’ que se detectaron y dos meses antes a la creación de la empresa trader del exterior.
Ante esta anormalidad, la operación “pasó a canal rojo y verificación exhaustiva”, precisó el comunicado.
La basura tecnológica que se pretendía importar fue declarada por un monto de u$s1,5 millones, cuando en realidad el valor de la mercadería no superaba los u$s30.000 por el valor residual del plástico y el aluminio de los equipos simulados.
“Las reservas las debemos cuidar para la producción y la generación de empleo y evitar que se destinen a maniobras irregulares con el simple objetivo de sacarle dólares al valor oficial al Estado”, dijo el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel.
La causa penal fue radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y ya se ordenaron allanamientos y medidas judiciales.
Fuente Ambito
