Vialidad: la fiscalía sumó evidencias sobre una “caja clandestina” y aumentos sin control para financiar a Lázaro Báez

Por Hernán Cappiello

En la cuarta jornada de alegatos del juicio se habló de obras “con licitaciones simuladas” por 220 millones de dólares, plazos y fondos extendidos sin justificación por casi 8,8 millones de dólares

ientras el tribunal que juzga a Cristina Kirchner analiza el pedido para recusar al juez Rodrigo Giménez Uriburu y al fiscal Diego Luciani, la fiscalía continuó descargando evidencias para sostener que el kirchnerismo, sin control, permitió incrementar con mayores costos y mayores plazos obras públicas patagónicas a Lázaro Báez y le otorgó de manera arbitraria otras licitaciones, que estaban fuera del radar, por 220 millones de dólares.

El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola se indignaron en la cuarta audiencia del juicio al enumerar en cada licitación las irregularidades. “Los expedientes gritan”, repitieron y describieron en particular el mecanismo por el cual se otorgaron en “una ficción de licitación” obras de “remediación de canteras” a empresas de Báez.

Esas obras, que consistían en realizar movimiento de tierras, construir terraplenes y sembrar césped, eran la “caja clandestina” de Báez que nunca se controló, dijeron los fiscales, y mencionaron que el monto involucrado era de unos 220 millones de dólares.

Insistieron en que las licitaciones estaban amañadas y que no había competencia entre diferentes oferentes. ”En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, dijo Luciani, pues en los expedientes competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti, todas del grupo del empresario patagónico, y Petersen, que era descalificada sistemáticamente por exceder los márgenes requeridos. Dijeron los fiscales que esto ocurrió en otros expedientes también.

La audiencia de ayer arrancó con el pedido que realizó Cristina Kirchner –ausente con permiso– para recusar al juez Giménez Uriburu y al fiscal Luciani. La presentación la efectuó su abogado, Alberto Beraldi. En al audiencia se sumó el pedido de otros defensores para presentar sus propias recusaciones. El tribunal, en este caso los dos jueces restantes, Jorge Gorini y Andrés Basso, esperará a que se completen las presentaciones y pedirá un informe al juez y al fiscal antes de resolver.

Se le cuestiona a Luciani y Giménez Uriburu el haber jugado un partido de fútbol amateur con su equipo Liverpool en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. Los jugadores, dijeron sus allegados, no son amigos entre ellos, no conocen a Macri, no han hablado con el expresidente y dejaron de concurrir cuando les tocó sorteada esta causa.

Tras las presentaciones, la audiencia se adentró en la manera en que se publicaban estas obras de “remediaciones de canteras” para tentar a oferentes. Dijeron los fiscales que se usaron medios de prensa locales, lejos de donde estaban las empresas que podrían haberse interesado en intervenir, para ocultar esas convocatorias a licitación. Mola destacó que, además de recurrir a medios locales, las licitaciones se publicaban en las secciones de chistes, junto a avisos contra la eyaculación precoz o en suplementos de belleza.

Los fiscales luego enumeraron otra irregularidades en los expedientes, como los pedidos para ampliar los presupuestos de las obras y los plazos de ejecución. Ene se sentido, el fiscal Mola fue terminante. Habló por ejemplo de un incremento de presupuesto en una obra de 8 millones de dólares y un incremento en el plazo de 9 meses. Los pedidos de modificación de plazos y montos fueron hasta tres veces, indició.

Mola explicó que en una de las obras, por ejemplo, el incremento presupuestario fue del 35%, porque “se habían olvidado” de contemplar el crecimiento poblacional o no habían advertido que debían haber presupuestado no solo la ruta, sino las rotondas de acceso a la ciudad.

“Ya no nos sorprenden con nada nada. Todos lo que se ve acá supera la imaginación”, dijo el fiscal Mola, que habló de la que “la generosa” Administración de Vialidad Provincial de Santa Cruz otorgaba “de manera inmediata” la ampliación de plazo y costos de 8,8 millones de dólares sin discusión.

Fuente La Nación