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Por Lucía Salinas
Las pruebas de la intervención directa de Néstor Kirchner y la ex presidenta para poder disponer de fondos millonarios y entregárselos a Báez durante 12 años. Esa estructura delictiva es el esqueleto de la acusación por asociación ilícita.
Una empresa sin capacidad de construcción se impuso en 51 licitaciones. Los trabajos no se controlaron, pero se certificaron. La mitad de las rutas terminaron abandonadas. Nunca se aplicó una sola multa a la contratista incumplidora. Se armaron “circuitos exclusivos para garantizar fondos millonarios de forma constante”. Esas son las piezas de un gran rompecabezas que reconstruyó el fiscal Diego Luciani para pedir la condena contra Cristina Kirchner a doce años de prisión en un caso de corrupción.
La tesis central sostiene que como presidenta permitió que se cree “un Estado paralelo para beneficiar a Lázaro Báez” y, en segunda instancia, para que “una porción de esos fondos termine en el patrimonio de los Kirchner”.
En la novena y última audiencia de alegatos, la Fiscalía acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita. No acusaron a un gobierno, sino a integrantes de una gestión que “actuaron de manera mancomunada, con roles bien definidos, perdurando el accionar delictivo en el tiempo, para sustraer fondos del Estado y adoptando todas las medidas para efectuar cada acción con total impunidad”.
La Fiscalía no dudó en calificar los hechos investigados en este expediente como “un crimen de extrema gravedad”, y aseguró que “hablamos, probablemente, de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Para que este “plan criminal se lleve a cabo”, se explicó audiencia tras audiencia, “tuvo que existir y así ocurrió, un Estado paralelo”.
A la hora de desentrañar este concepto, el Ministerio Público Fiscal explicó los diversos circuitos que desde el Estado fueron favorables para Lázaro Báez, que no era un empresario de la construcción, pero que logró imponerse en 51 licitaciones durante los doce años de gobierno kirchnerista. Esos contratos representaron para el Estado, una erogación de $ 46.000 millones, sostuvo la acusación.
En primer término, se denunció cómo desde Vialidad Nacional y la Agencia de Vialidad Provincial, se posibilitó -con resoluciones administrativas, informes técnicos, certificaciones de obra, modificaciones de costos y plazos- que el Grupo Austral avanzara “sin controles, sin capacidad técnica de construcción, sin penalidad alguna”.
A este aspecto se sumó una comisión de preadjudicación de obras “que fue creada a medida de Báez”, dijo Luciani. Esa comisión responsable de analizar las ofertas económicas de cada competidor, debía velar por la más eficiente de las propuestas para la realización de rutas complejas y con millonarios presupuestos del Estado.
En ese equipo de trabajo, había designadas personas que “habían sido empleados de Austral Construcciones”, se reveló. Además, ante la complejidad de las obras, se expedía en cuestión de horas a favor, siempre, del Grupo Austral.
Este “Estado paralelo” según la fiscalía, también contó con “diversos mecanismos de manipulación de las licitaciones públicas”, y nunca se impugnó que Báez compita contra sí mismo.
Las omisiones fueron cuantiosas para el Ministerio Público Fiscal. Lázaro Báez no declaraba ante el Registro de la Construcción la cantidad de obras que iba ganando, para no reducir su capacidad de constitución. En al menos quince obras presentó el mismo certificado y nadie lo observó. A este punto debe añadirse otro: un mismo inspector en 32 obras, la misma maquinaria comprometida en simultáneo en 18 rutas distanciadas entre sí.
Todos estos elementos aplicados a favor del ex socio comercial de la familia Kirchner, tuvieron un común denominador: se produjeron desde diversos organismos oficiales “que funcionaron al margen de la ley, que se conviertieron en un Estado paralelo que funcionó para al mismo grupo económico durante doce años”.
A ese concepto añadió otro: Para que ese sistema “tenga éxito se necesitó de organismos que no controlaron, que no exigieron”. Por eso habló de una “corrupción sistemática, que arrasó con todas las normativas que regían la obra pública”.
Fue en este sentido que Luciani habló de una “organización criminal” y estos elementos fueron parte de su pedido de condena para robustecer la acusación por asociación ilícita. “El acuerdo reinante entre los trece imputados, la voluntad de cometer ilícitos, el abuso de autoridad de quien ejercía la máxima autoridad en el Poder Ejecutivo permitiendo los beneficios para su ex socio comercial, la división de roles, la perdurabilidad en el tiempo”, enumeró el fiscal.
Al exponer a todos los organismos de control que no cumplieron con su rol, las instancias que posibilitaron el envío de fondos pese a que las obras no avanzaban según lo declarado, como también aquellas 17 obras que nunca fueron informadas al Congreso por más de $ 2.500 millones “que no tenían crédito oficial y se resolvió por resoluciones administrativas sin que el Congreso supiera”, Luciani avanzó sobre la principal acusación.
Entendió que todos esos circuitos estatales que terminaron beneficiando al holding de Báez, muestra “el consenso para entender que es la intención de asociarse para cometer delitos”. Y continuó: estamos “ante una corrupción estatal” donde existió “un acuerdo espurio entre empresarios y funcionarios a lo largo del tiempo, con el consecuente saqueo a las arcas del Estado, (por lo que) es posible encuadrar las maniobras investigadas bajo la figura de la asociación ilícita”.
A la cabeza de esta organización, señaló la fiscalía, “estaba Cristina Kirchner que, conociendo lo que sucedía, permitió y ordenó quién debía ser el beneficiario inicial de los fondos, para terminar en una etapa de reciclaje, siendo ella la principal beneficiaria“.
Fuente Clarin
