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“No al recorte en discapacidad” puede leerse en carteles y oírse salir de la boca de los convocados al frente de la Casa de Gobierno y en las principales ciudades del país, es que reclaman que hay un ajuste en el sector salud que afecta a los pacientes con algún grado de discapacidad.
Las movilizaciones comenzaron este lunes y se extenderán, por lo menos, hasta el miércoles 31 del corriente mes de agosto y la mayor concentración se espera que sea en la Plaza de Mayo, donde ayer se acercaron cientos de vecinos con el fin de hacer oír su reclamo.
Desde el sector de la salud, principalmente en áreas como Psicología, Fonoaudiología, Psicomotricidad, kinesiología, entre otros, reclaman el atraso de pago de las prestaciones. De hecho, hay quienes aseguraron que prestaron servicios en mayo, facturaron en junio y recibirán el pago de parte de la Superintendencia de Servicios de Salud recién en Septiembre.
La diputada Graciela Ocaña, ex ministra de Salud de la Nación e integrante de la Comisión de Salud Pública en la Cámara baja, en diálogo con Diario Mendoza Today comentó que “el Gobierno sigue ajustando y esta vez le tocó a la discapacidad que va a ser ajustada”. “El gobierno había prometido que iba a hacerse cargo frente a los gremios de parte de los servicios, sobre todo de transportes y educativos, y como esto implica un gasto de 35 mil millones y están en pleno recorte no tuvieron mejor idea que, no solamente no cubrirlo -lo cual creo que no se puede hacer porque sería un subsidio al sector sindical-, sino que además recortar de parte de la Superintendencia estos fondos”, profundizó.
En ese sentido, Ocaña analizó que “los discapacitados necesitan sus servicios y los profesionales y todos aquellos que dieron los servicios necesitan cobrar. En muchos casos no cobran desde marzo. El Gobierno no puede seguir mirando para el costado y mientras su único objeto de trabajo es conseguir la impunidad de Cristina todo esto le está pasando a millones de argentinos que la están pasando mal”.
Desde la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) lanzaron un comunicado en el que adhieren “a lo publicado en redes sociales y medios de difusión respecto de la grave situación de público conocimiento por la que atraviesa el colectivo de la discapacidad”. “Esta situación afecta lacerantemente el sustento básico de nuestros profesionales y menoscaba el giro social de las instituciones que brindan servicios a las personas con discapacidad, lo que requiere la atención urgente de las autoridades”, añadieron.
Aseguraron en el mismo sentido que “es imprescindible que estas regularicen el financiamiento para garantizar el derecho a la salud y a la educación de las personas con discapacidad”. Por tanto se solicitó “el cumplimiento efectivo” de puntuales postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Son diversos los grupos de personas que iniciaron el reclamo, desde personal de la salud hasta Para ponerlo en números, el problema es tal que según el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) la población con algún grado de discapacidad es del 10,2%. No obstante, desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) reclamaron por la falta de la pregunta clave en el censo 2022 ya que estiman que hay entre un 12% y un 15% de la población con alguna discapacidad.
Hay familias que realmente necesitan del tratamiento, como es el caso de Elena, mamá de Julián, un joven de 24 años, y le contó a Mendoza Today su situación: “Mi hijo tuvo un infarto a los 18 años, secuela de un cateterismo. Él tiene una cardiopatía de nacimiento (Tetralogía de Fallot). A raíz de este cateterismo se abrió de más una válvula que le habían colocado a los 5 años y colapsaron sus pulmones. Él ahora está en silla de ruedas con una hemiplejia, sin deglución y constantemente tiene secreciones. Al no tragar hay que aspirarlo varias veces por día, por este motivo le hacen en mi domicilio KTR (Kinesioterapia Respiratoria) desde los 6 años”, comienza contando.
“A los prestadores de salud, en este caso mi kinesióloga, no les han pagado”, conto y describió que para cobrar, “ellos emiten factura a la obra social todos los meses, la mutual la envía a la superintendencia, ésta recibe el dinero de la recaudación de la AFIP. Este mes la AFIP no entregó el dinero debido al recorte en salud que hizo el Gobierno”.
“Los prestadores no quieren abandonar a los pacientes, pero va a llegar un momento en el que van a tener que hacerlo porque no tienen ni para movilizarse. Nadie trabaja gratis”, reflexionó Elena.
En ese mismo sentido explicó que su hijo no puede quedarse sin KTR porque “va a empezar a hacer neumonías”. “En la situación de mi hijo están miles de chicos”, cierra la mujer, no sin haber demostrado algo de angustia por lo sucedido.
Con el revuelo generado salió en Change.com un petitorio para reunir firmas bajo el lema “no al abandono de los afiliados con discapacidad y al proyecto de decreto que saca la discapacidad de las obras sociales”.
Asimismo se lanzó en redes sociales una campaña bajo el hashtag “no al ajuste en discapacidad”, que tiene como objetivo hacer lo más visible posible el reclamo que vienen realizando los profesionales de la salud.
dirigentes políticos pasando, por supuesto, por familiares y amigos de personas que sufren algún grado de discapacidad.
Desde el punto de vista político, desde la oposición se expresaron en contra de lo sucedido e incluso presentaron un proyecto de resolución con el fin de ser informados sobre algunos puntos relacionados al pago de las prestaciones de servicios de salud para las personas con discapacidad.
Una de las cosas que se pide es que se informe “si existe demora en el pago de las prestaciones por servicios de salud a personas con discapacidad, y en cuyo caso, cuál es la situación de demora y su causa”.
Asimismo se solicita que se brinde información sobre la posibilidad de la existencia de “reclamos o requerimientos en trámite, ante la Superintendencia de Servicios de Salud o demás autoridades a cargo del sistema de prestaciones de prestación integral a favor de las personas con discapacidad, por parte de los prestadores de servicios de salud vinculados a retrasos en los pagos de las prestaciones para pacientes con discapacidad”.
Por último, la iniciativa de la diputada Soledad Carrizo, que tuvo el acompañamiento de otros 19 diputados nacionales, pide que se dé aviso del plazo en el que se estima regularizar “la situación de los pagos de las prestaciones de servicios de salud para personas con discapacidad correspondientes al mes de junio 2022″.
“Hemos pedido este pedido de informe para poder tener rápidamente una normalización en este tema y que se readecue el valor a una prestación lógica”, le confieso Carrizo, que integra la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, a Mendoza Today y explicó que “el reclamo que realizan los prestadores profesionales con respecto al tema de discapacidad se hizo en todo el país. Es un reclamo que se hace por la readecuación del valor de la prestación que en la última resolución del ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) se dio un acomodamiento del 25%. Estos valores vienen atrasados de 2019, pero están totalmente desfasados y fuera de contexto, y evidentemente no satisface”.
“A esto sumale el atraso de cuatro meses aproximadamente de falta de pago y esto se vio resentido en el último recorte donde se dejó de transferir 128 mil millones a las obras sociales. Evidentemente el pago lo paralizo la Superintendencia de Servicios de Salud con la AFIP y dejaron de transferirlo”, explicitó y fue un poco más a fondo al contar que este problema lo tienen los prestadores que dependen de fondos nacionales. “Ni hablar de las otras prestaciones que cubren las provincias que están más desfasadas”, aseguró.
Por otra parte, la diputada Leonor Martínez Villada presentó un proyecto de declaración en la que expresa “preocupación por el desfinanciamiento realizado sobre las prestaciones para las personas con discapacidad y el retraso de los pagos a los prestadores de los servicios devengados”.
Para ponerlo en números, el problema es tal que según el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) la población con algún grado de discapacidad es del 10,2%. No obstante, desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) reclamaron por la falta de la pregunta clave en el censo 2022 ya que estiman que hay entre un 12% y un 15% de la población con alguna discapacidad.
Hay familias que realmente necesitan del tratamiento, como es el caso de Elena, mamá de Julián, un joven de 24 años, y le contó aeste diario su situación: “Mi hijo tuvo un infarto a los 18 años, secuela de un cateterismo. Él tiene una cardiopatía de nacimiento (Tetralogía de Fallot). A raíz de este cateterismo se abrió de más una válvula que le habían colocado a los 5 años y colapsaron sus pulmones. Él ahora está en silla de ruedas con una hemiplejia, sin deglución y constantemente tiene secreciones. Al no tragar hay que aspirarlo varias veces por día, por este motivo le hacen en mi domicilio KTR (Kinesioterapia Respiratoria) desde los 6 años”, comienza contando.
“A los prestadores de salud, en este caso mi kinesióloga, no les han pagado”, conto y describió que para cobrar, “ellos emiten factura a la obra social todos los meses, la mutual la envía a la superintendencia, ésta recibe el dinero de la recaudación de la AFIP. Este mes la AFIP no entregó el dinero debido al recorte en salud que hizo el Gobierno”.
“Los prestadores no quieren abandonar a los pacientes, pero va a llegar un momento en el que van a tener que hacerlo porque no tienen ni para movilizarse. Nadie trabaja gratis”, reflexionó Elena.
En ese mismo sentido explicó que su hijo no puede quedarse sin KTR porque “va a empezar a hacer neumonías”. “En la situación de mi hijo están miles de chicos”, cierra la mujer, no sin haber demostrado algo de angustia por lo sucedido.
Con el revuelo generado salió en Change.com un petitorio para reunir firmas bajo el lema “no al abandono de los afiliados con discapacidad y al proyecto de decreto que saca la discapacidad de las obras sociales”.
Asimismo se lanzó en redes sociales una campaña bajo el hashtag “no al ajuste en discapacidad”, que tiene como objetivo hacer lo más visible posible el reclamo que vienen realizando los profesionales de la salud.
Fuente Mendoza Today
