La defensa de otros de los imputados por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 desafió al tribunal oral que lo juzga y a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes lo acusaron: “la peor corrupción es condenar a un inocente”.
El abogado Mario Ganora, defensor de Osvaldo Daruich, ex titular de Vialidad Nacional en el Distrito 23 correspondiente a Santa Cruz, explicó hoy que esa repartición tenía un rol excluyentemente administrativo y sólo se limitaba a emitir opiniones sobre cuestiones técnicas de la obra pública.
De tal suerte, la filial de Vialidad en Santa Cruz “emitía una opinión, pero una opinión favorable a una obra no es un dictamen, y tampoco es obligatorio. Es una opinión”.
La defensa consideró así que Ganora “no puede ser considerado partícipe necesario” de lo que los fiscales definieron como la mayor matriz de corrupción de la Argentina.
Ganora refutó tal acusación y, en lo específico, descartó que su defendido pudiera haber participado de un delito que, en su consideración, no existió.
“No cabe la explicación de la conspiración mafiosa de la que habla el Ministerio Público. Hay otras situaciones que no pueden ser dejadas de lado y tienen que ser consideradas también”, subrayó Ganora.
El abogado recordó que en 2003 la Argentina atravesaba una “gigantesca crisis, con depresión económica, inflación, desocupación masiva, saqueos, cortes de ruta, hambre”.
En ese escenario, la decisión del gobierno fue “poner en marcha nuevamente el aparato productivo a través de la obra pública, como se hizo en muchos otros países”.
“¿Por qué se hizo en Santa Cruz? Por múltiples razones: el ‘pago chico’, las grandes extensiones casi sin población, la necesidad de desarrollo”, explicó.
Pero el Distrito 23 no estaba en condiciones de administrar el medio centenar de obras, de modo tal que esa responsabilidad recayó en la vialidad provincial.
El alegato allí se tocó con el de otros defensores, que explicaron que las obras cuestionadas judicialmente fueron ejecutadas por el gobierno santacruceño, por lo cual no deberían estar bajo el escrutinio de la Justicia federal.
Daruich está acusado por “fraude a la administración púbica en calidad de partícipe necesario” y los fiscales pidieron para él la pena de cinco años de prisión.
El abogado Ganora pidió su absolución y, en caso de que el tribunal considere que tiene algún grado de responsabilidad, reclamó que se lo considere “partícipe secundario” y sea sancionado con una eventual condena a prisión en suspenso.
“Se pretende echar a las fauces de la opinión pública a los funcionarios de menor jerarquía”, reprobó a los fiscales, al refutar “esta pseudo imputación que le están formulando”.
Fuente Mendoza Today
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