El proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo augura un nuevo año de presiones inflacionarias. En su programa financiero prevé una colocación de deuda en el mercado de 2,8% del PBI y, como saldo, una emisión monetaria de tan solo 0,6% del PBI. Sin embargo, esto es totalmente voluntarista, en tanto el mercado financiero comenzó a mostrar señales de agotamiento.
Es que el gobierno no logra colocar deuda más allá de 2023 y en sus colocaciones convalida tasas muy elevadas (más de 100% efectiva anual) y con una indexación creciente (85% vs 45% en 2019). Esta se profundizó con el lanzamiento del bono dual (devaluación o inflación, el mayor) y un “peaje” cercano al 20% para extender un bono en 2023 para 2024. Cualquier desvío-altamente factible – será cubierto con más emisión de pesos, con el consecuente impacto inflacionario en una economía que promete superar el 100% de inflación anual en 2022 (corre al 115% anualizado en el último trimestre).
Los supuestos del presupuesto se traducen en un pronóstico macroeconómico con un optimismo infundado para 2023. Estima una fuerte desaceleración de la inflación, a 60% en 2023, que implicaría volver al escalón del 4% mensual (tarea difícil con un ritmo de devaluación que ya roza el 7% mensual). Tampoco asume saltos del tipo de cambio (oficial). Si prevé un crecimiento de 2%, pese al agotamiento de motores (vs -2% estimado con arrastre negativo de 1%). Al computar una nominalidad menor a la que efectivamente se registrará, repite la maniobra de subestimar los ingresos para disponer de fondos discrecionales por recaudación imprevista.
En materia fiscal, postula una reducción del déficit primario de 0,5% del PBI para alcanzar un bache de 2% de este, en línea con el acuerdo con el Fondo. Los ingresos crecerían a un optimista 4% real y el gasto primario caería 1% real. Aunque el esfuerzo fiscal es moderado, su cumplimiento resulta dudoso al considerar la inercia y el año electoral. La caída del gasto se explica por una presunta reducción de subsidios (-25% real, que implicaría subir la luz, el gas y el agua por encima de la inflación), de transferencias a provincias (-9% real, que implicaría una larga discusión con los gobernadores), un menor déficit de empresas públicas (-5% real, discusión con sindicalistas) y menores transferencias a universidades (-9% real, ajustar educación pública). En sentido contrario, prevé un incremento real de jubilaciones (6%), de la obra (11%) y de los salarios públicos (3%). Contrariamente a lo postulado, no ajustarán tarifas, provincias ni empresas públicas: el salario real y las jubilaciones serán las variables de ajuste del modelo.
Como positivo, se destaca la inclusión de la discusión sobre la conveniencia de reducir gastos tributarios. Hay beneficios impositivos, que suelen pasar inadvertidos en la discusión pública, por un total de 2,4% del PBI. El proyecto pone énfasis sobre algunos específicos en base a criterios de equidad y progresividad: Tierra del Fuego, Ganancias de jueces y alícuotas reducidas en IVA- (que representan 1,1% del PBI). Aun cuando no pueda llevarse a la práctica, que el oficialismo ponga estos temas en agenda pública es una buena noticia. De igual modo, bajo un celebrado paraguas de austeridad fiscal, hace corresponsables a las provincias de las deudas de distribuidoras con CAMMESA, arrogándose la facultad de descontar los incumplimientos de las transferencias previstas. Ataca una de las principales fuentes distorsivas del mercado energético actual: empresas públicas provinciales de distribución energética muy ineficientes que se financian con deuda con Cammesa.
En síntesis, pese a la voluntad por mostrar buena conducta fiscal y monetaria, la realidad superará cualquier ficción. Lo que falte para cubrir el agujero fiscal será financiado con emisión monetaria, redundando en una mayor inflación y un panorama macroeconómico complejo en año de elecciones.
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Fuente El Cronista
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