Cuestionó el apoyo abrumador a la iniciativa para suspender los desalojos en barrios populares; “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo”, dijo
a presidenta del Pro, Patricia Bullrich, criticó hoy con dureza el proyecto de ley que prorroga por diez años la suspensión de los desalojos en barrios populares y fue votado ayer por 39 diputados de su partido.
“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, tuiteó Patricia Bullrich y en su publicación incluyó la noticia: “Suspendieron el desalojo en los barrios populares por 10 años”.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa con 227 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
El enfático rechazo de Bullrich al proyecto exhibe una disidencia de la exministra no solo con el ala moderada de Pro, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, sino también con dirigentes del macrismo que integran sus equipos técnicos y construyen su proyecto presidencial. Por caso, Luciano Laspina, su principal referente económico, Hernán Lombardi y Federico Angelini -dos alfiles de Macri- en la nómina de diputados de Pro que votaron a favor del proyecto junto al Frente de Todos y el resto de los bloques de la oposición.
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Entre los legisladores de Pro que apoyaron la iniciativa están María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Álvaro González, Silvia Lospennato, Rogelio Frigerio y Omar De Marchi, entre otros. De Marchi y González responden al jefe de gobierno porteño, cuya ministra de Desarrollo Social, María Migliore, celebró la aprobación del proyecto. Bullrich suele marcar sus diferencias con la política social que impulsan Larreta y Migliore en la Ciudad.
En cambio, Gerardo Milman, principal armador de Bullrich, Fernando Iglesias y Francisco Sánchez, entre otros diputados que orbitan cerca de la titular de Pro, no acompañaron el proyecto.
Cerca de la exministra de Seguridad argumentan que Bullrich se había mostrado en contra de la idea de suspender los desalojos -un proyecto que había impulsado Carolina Stanley- desde la gestión de Mauricio Macri. Y aseguran que ahora no se debatió en profundidad en comisión y no compartía las modificaciones. “Muchos siguieron de largo”, comentaron sobre los alfiles propios que votaron a favor.
El proyecto aprobado ayer por Diputados amplía los alcances de la ley que instrumentó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) con el propósito de prorrogar, por 10 años, la suspensión de los desalojos e incrementar en 1271 el número de barrios populares en el registro.
La iniciativa se aprobó con 227 votos positivos mientras que dos diputados votaron en contra -Carolina Píparo (La Libertad Avanza) y Francisco Sánchez (Pro)- y tres se abstuvieron (Gustavo Hein y Marilú Quirós, de Pro, y Carlos Zapata, de Ahora Patria). Propone modificar la ley 27.453, que se sancionó en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, la cual tenía el objetivo de registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas con el propósito de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas. Asimismo, dispuso suspender los desalojos por cuatro años, plazo que se vence el 15 de este mes.
Ante la inminencia del vencimiento de este plazo, la Cámara de Diputados avanzó en una reforma de la ley que, además de prorrogar la suspensión de los desalojos, propone incorporar 1271 barrios populares al registro como así también establecer mecanismos para agilizar los procedimientos administrativos, entablar procesos de urbanización más completos e instrumentar mejoras en el acceso a los servicios públicos.
Según los datos recopilados por el ReNaBaP, en la actualidad existen 5687 barrios populares donde viven 1.168.731 familias, unas cinco millones de personas bajo diferentes grados de precariedad y hacinamiento. La mayoría no cuenta con redes de agua corriente, gas natural, energía eléctrica y cloacas.
Desde Juntos por el Cambio, el radical Fabio Quetglas sostuvo que la ley que instrumentó el registro de barrios populares ha tenido “una importancia crucial en la historia urbana territorial de la Argentina”.
Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que esta iniciativa “es una prueba cabal de que la integración socio urbana debe convertirse en una política de Estado en nuestro país”. “Como tal, debe ser sostenida en el tiempo y estar exenta de cualquier tipo de mezquindad y coyuntura política”, enfatizó.
Fuente La Nación
