Por Dr. Jorge Corrado*
“Las rebeliones pueden hacerse con un 2 por ciento de la fuerza en activo, siempre que el 98 por ciento pasivo simpatice con la causa.”
Edward Lawrence
El General del Ejército de Perú Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (podio) presentó los resultados de la Operación Patriota, el 17 de agosto 2022. (Foto: Ministerio de Defensa del Perú).*
Las fuerzas del orden de Perú llevaron a cabo la Operación Patriota, que tuvo un saldo de 15 narcoterroristas de Sendero Luminoso (SL) muertos, incautación de armamento, y la desarticulación de su sistema de comunicaciones, informó a la prensa el General del Ejército de Perú Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El operativo conjunto militar-policial se realizo en la segunda quincena de agosto, participaron más de 150 militares y policías que ingresaron a territorios ocupados por una facción liderada por el terrorista Víctor Quispe Palomino, alias José, quien resultó herido durante los enfrentamientos y se encuentra entre los delincuentes más buscados por la Administración para el Control de Drogas de los EE. UU. (DEA).
Durante el operativo se encontró e incautó armamento largo y corto, minas antipersonas, municiones, explosivos, granadas y cohetes, además de laptops, discos duros, archivos USB y una gran cantidad de documentación; inclusive su material de comunicaciones, “esto es importante porque nos ha permitido desarticular completamente su sistema de comando control y comunicaciones”, añadió el Gral. Gómez de la Torre.
Según un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dos militares perdieron la vida, en tanto otros cuatro uniformados que resultaron heridos son atendidos en hospitales del Ejército y la Marina de Guerra.
El Almirante (R) de la Marina de Guerra del Perú Francisco Calisto Giampietri, quien lideró el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC), dijo que la precisión alcanzada por las fuerzas del orden obedecen a un paciente trabajo de seguimiento e inteligencia, ya que debieron sortear un territorio ubicado en zona de selva con densa vegetación, y difícil de ingresar por los espacios minados y los dispositivos explosivos camuflados.
El 26 de agosto, los heridos recibieron la visita del ministro peruano de Defensa Richard Tineo, quien les expresó su respaldo por su participación en la Operación Patriota. “Estos oficiales son un ejemplo. Han puesto de por medio su integridad física para defender nuestra democracia y la seguridad de nuestro país”, dijo Tineo a la prensa.
Esta palabras expresadas por el Ministro peruano no hacen más que reafirmar lo que venimos expresando desde hace décadas: el narcoterrorismo es una grave amenaza estratégica que afecta a todas las instituciones del Estado feudalizándolo y disgregando sus estructuras institucionales, logrando la parálisis estratégica del Estado, caldo de cultivo del Crimen Organizado, camino directo al Estado Fallido.
En éste sentido en agosto de 2020, en plena pandemia, tuve oportunidad de participar como expositor en un Congreso Internacional organizado por la Escuela de Guerra del Ejército de Perú, del cual soy miembro académico, conjuntamente con el Gral. Manuel Gómez de la Torre.
Expusimos sobre la necesidad de lograr acuerdos de Seguridad y Defensa Colectivos a fin de enfrentar éstas agresiones estratégicas, conociendo las carencias que en ese sentido tienen los países Iberoamericanos. Dada que dichos riesgos son de carácter transnacional, es indispensable consolidad la cooperación a través de Tratados y Acuerdos que permitan la implementación de un planeamiento estratégico conjunto y combinado en el área sur, al mismo tiempo la creación de estructuras de inteligencia que responsan a los requerimientos de dicho planeamiento.
Erróneamente nuestro país, como muchos otros, le ha dado a éstas amenazas carácter policial, de Seguridad Pública, no advirtiendo que desde el fin de la Guerra Fría, la tecnología y la expansión del macro terrorismo y el narcotráfico ha constituido la mayor amenaza a la sobrevivencia de los Estados latinoamericanos.
Puntualizamos en el congreso que dicho error conceptual, provocó el colapso de los sistemas de seguridad pública, recurriendo extenporáneamente al empleo táctico de las FFAA, provocando un notorio agravamiento de la situación inicial. El caso de México es demostratico de ésta afirmación. En el término de 10 años han muerto más de 320.000 personas producto de la violencia indiscriminada del Crimen Organizado.
El caso del narcoterrorismo en Perú lleva muchas décadas de desarrollo, con su principal actor Sendero Luminoso, pero el Estado desde la década del 90’ no ha cesado en la lucha por conquistar los territorios ocupados y golpear con todal fuerza posible a dicha organización. En su momento la detención y juzgamiento de su principal lider Abimael Guzman, en septiembre de 1992, condenado a cadena perpetua (y fallecido el 11 de setiembre de 2021) provocó un duro golpe a su estructura, aún así en la zona selvática norte de Perú, Sendero luminoso tiene aún bases de aprovisionamiento y producción de estupefacientes que luego, salen por la triple frontera con Ecuador y Brasil en la zona de Tabatinga.
De allí el accionar del las FFAA peruanas en conjunción con grupos especializados antiterroristas, tanto en la faz de inteligencia como en la realización de operaciones conjuntas, como la que citamos en la presente nota.
En nuestra decadente y paraliazada Argentina, ocurre totdo lo contrario. La legislación de Defensa y Seguridad que supimos conseguir a los largo de los últimos 30 años, anula el concepto de la Seguridad Estratégica del Estado, otorgándole a la Nuevas Amenazas a la Segruidad, donde anida el narcoterrorismo, carácter policial, impidiendo cualquier accionar de las FFAA dentro del territorio, ya sea en la faz de prevención, como de respuesta o mitigación. Esta legislación extemporánea y anacrónica, sostenida por la mayoría del arco político, nos está llevando irremediablemente al Estado Fallido, de imprevisibles consecuencias. La situación de Rosario con casi 300 muertes en lo que va del año, y el desmadre policial e institucional del AMBA, no son más que manifestaciones homeopáticas del escenario futuro a presentarse, de la cual son esclusivamente responsables las autoridades políticas que nos condujeron a ésta terminal situación.
El escenario patagónico, con los pseudo “mapuches”, ocupando territorios privados y del Estado argentino, provocando desmanes, incendios, incendios de propiedades privadas, amenazas a poblaciones enteras, aduciendo reivindicaciones absolutamente ilegales, desconociendo y quemando los símbolos patrios, constituyen una afrenta al conjunto de las instituciones de la Nación, su soberanía y su integridad territorial.
La pasividad del Gobierno Nacional, como de las autoridades provinciales, no hacen más que confirmar lo que venimos exponiendo en artículos anteriores, que éstos hechos conforman la contraofesiva lanzada por el Foro de San Pablo en julio de 2019, a fin de consolidad la toma del poder en latinoamérica, por los remantentes revolucionarios post guerra fría. El eventual triunfo de Lula el 30 de octubre, consagraría ese objetivo, poniendo en grave riesgo institucional a nuestro País de cara a las elecciones de 2023.
Ante la manifiesta y desacarada agrsión “indigenista” en la Patagonia, si nuestras FFAA actuaran de igual forma que lo hicieron nuestros hermanos peruanos, estarían todos presos y fusilados mediaticamente. En Perú fueron condecorados.
Es indudable que Argentina marcha en camino de su autodestrucción, carece de un Sistema de Seguridad Nacional y Regional que asegure un futuro de Paz, inversiones y prosperidad. La ideología ha reemplazado a la Política, y eso se paga con sangre en las calles y por supuesto nadie será responsable.
*El Dr. Jorge Corrado es Director del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires y profesor titular de Ciencia Politica, Estrategia y Geopolítica en la Universidad Católica de La Plata.
*Publicado en United States Southern Command · Diálogo Magazine