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IsraelEn términos parlamentarios, el 2022 está terminado. La semana pasada, la oposición unida se negó a bajar al recinto y convalidar el temario presentado por el oficialismo y se cayó la última sesión del año en Diputados. En el Senado, ausencias de legisladores que viajaron al mundial del Qatar y los recientes feriados complicaron la posibilidad de organizar cualquier debate y no habrá ninguna sesión en medio de las fiestas.
Tras un año marcado por la tensión política entre el oficialismo y la oposición, que llegó a paralizar la actividad parlamentaria durante semanas e incluso meses, quedaron pendientes decenas de proyectos de peso y algunos perderán estado parlamentario. El 2023, por otra parte, es año electoral y los años electorales no se caracterizan por el consenso y los acuerdos en el Congreso, advierten legisladores de todas las bancadas.
Los temas pendientes en la Cámara de Diputados
La última sesión fallida de Diputados dejó tres de los proyectos que quedarán pendientes para el año que viene. El oficialismo incluyó en el temario una moratoria previsional para que puedan jubilarse 800.000 personas que no cumplen con los años de aporte, la creación de nueve universidades nacionales en diferentes provincias, y, a último momento, la reforma de la Ley de Alquileres.
La moratoria tenía cierta urgencia: a fin de año vence la actual moratoria y el proyecto, en parte, la prorrogaba. Sin sanción, no hay prórroga, aunque podría haber algún decreto presidencial. El caso de las universidades era menos urgente, podrá ser tratado el año que viene.
Pese a que los aumentos se siguen sucediendo (quienes renuevan contrato en diciembre pagan un 80% más), la reforma de la Ley de Alquileres quedó en una situación compleja. El oficialismo tiene su propio dictamen que mantiene sin cambios el plazo mínimo de tres años de contrato y el método de ajuste anual de los valores, pero sumó “incentivos” para quienes pongan propiedades en alquiler. El dictamen opositor baja el plazo mínimo de contrato a dos años, y la actualización sería entre los tres y 12 meses, a definirse entre las dos partes.
Hoy, ni oficialismo ni oposición tienen garantizados los votos en el recinto para avanzar y la reforma está trabada desde junio de este año. Es decir, conservará estado parlamentario y puede ser votado en la Cámara en cualquier momento del 2023. Pero, a menos que abran nuevas negociaciones, las chances son bajas.
Los proyectos que tienen media sanción de una de las cámaras o recibieron dictamen de comisión conservan el “estado parlamentario” durante dos años “parlamentarios”: es decir, si recibieron dictamen cualquier mes del 2020 pierden estado parlamentario el 30 de noviembre del 2021 con el cierre de las sesiones ordinarias, porque se cuenta como el primer año el año en el que fue dictaminado o sancionado. Cuando un proyecto pierde estado parlamentario debe volver comenzar su camino desde las comisiones.
El proyecto de moratoria, universidades y Ley de Alquileres mantienen estado parlamentario hasta el 30 de noviembre del 2023. Lo mismo ocurre con la Ley de Humedales, que ya había perdido estado parlamentario en el pasado, y recién en noviembre de este año volvió a tener nuevos dictámenes para ir al recinto. La iniciativa genera diferencias dentro del FdT y de JxC, lo que vuelve difícil su sanción.
En 2022, ingresaron por Diputados 12 proyectos del Poder Ejecutivo. Cuatro nunca fueron tratados ni lograron dictamen, uno tiene dictamen y no fue al recinto, otro recibió media sanción y quedó trabado en el Senado y solo seis, la mitad, tuvieron sanción definitiva de las dos cámaras (entre ellas FMI, prórroga de impuestos nacionales y Presupuesto).
Según indicaron fuentes parlamentarias, el nuevo blanqueo que planea Sergio Massa podría ser presentado en extraordinarias en febrero. También quedaron pendientes la ley de Compre Argentino y la de fomento a la agroindustria.
Toda la agenda judicial del Gobierno y de Cristina Kirchner quedó pendiente, y un proyecto pierde estado parlamentario este fin de año. La reforma de la Corte Suprema -que modifica el número de miembros- y la reforma del Consejo de la Magistratura -que busca dejar al presidente del máximo tribunal fuera del organismo- recibieron media sanción del Senado entre abril y septiembre de este año. Desde entonces duermen en Diputados y, aunque mantienen estado parlamentario, las chances de que sean aprobados el año que viene son casi nulas.
En cambio la reforma del Ministerio Público Fiscal -con la que el kirchnerismo buscó modificar las mayorías necesarias para elegir al jefe de los fiscales de la Nación- fue aprobada en el Senado en el 2020 y obtuvo dictamen en Diputados en el 2022. Con lo cual, este 30 de diciembre, perderá estado parlamentario.
Los temas pendientes el Senado
En el Senado, la paridad de fuerzas también complicó la organización de sesiones. El oficialismo, con ayuda de tres aliados provinciales suele llegar al quorum necesario en el recinto, pero en general requiere que todos sus senadores estén presentes.
El Frente de Todos tenía previsto sesionar el miércoles pasado, había esperado hasta que terminara el Mundial para que uno de sus legisladores, Sergio Leavy, regresara de Qatar. Pero el propio Gobierno decretó feriado el martes y buena parte de los senadores oficialistas argumentaron que no había pasajes para viajar a la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los proyectos que se iban a tratar el miércoles y ahora quedaron pendientes el de Alcohol Cero, que ya fue aprobado en Diputados y contempla reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que se permite para conducir.
Por otra parte, el Frente de Todos se negó a tratar siquiera en comisiones el proyecto de Boleta Única que la oposición unida aprobó en junio pasado en la Cámara de Diputados. Pierde estado parlamentario recién el año que viene, pero con el oficialismo manteniendo mayoría (aunque frágil) en el recinto y en las comisiones, la iniciativa tiene nulas chances de prosperar durante el 2023.
La pelea más inmediata de la Cámara Alta pasaría por otro lado. La Justicia podría fallar pronto en el conflicto por los miembros del Consejo de la Magistratura. Pese a un fallo previo de la Corte, Cristina Kirchner designó al camporista Martín Doñate como consejero, en lugar del senador del PRO Luis Juez, a quien según la oposición y el máximo tribunal le correspondía el puesto.
No hay certezas de cómo actuaría la Vicepresidenta ante un nuevo fallo adverso sobre las designaciones en el organismo que se encarga de seleccionar, sancionar y remover jueces.
Fuente Mendoza Today
