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Madrid, 11 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La Guardia Civil detuvo este miércoles a la exmilitante socialista Leire Díez en una operación que reactivó sospechas de corrupción en el ámbito de la contratación pública y que, según fuentes de la investigación, podría derivar en nuevos arrestos en las próximas horas. La medida fue ejecutada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de una causa que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, bajo secreto de sumario y con colaboración directa de la Fiscalía Anticorrupción. La captura también alcanzó al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, figura estrechamente vinculada a la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Las imputaciones preliminares contra ambos incluyen un abanico de delitos que va desde falsedad documental, fraude y malversación de fondos públicos hasta tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. En el caso de Díez, las sospechas surgieron tras conocerse conversaciones en las que habría ofrecido supuestos beneficios judiciales a cambio de información sensible relacionada con mandos de la UCO y representantes del Ministerio Público. Las autoridades buscan determinar el alcance real de esas promesas y si formaban parte de una maniobra sistemática para obtener ventajas indebidas en medio de disputas internas y pugnas de poder.
Tanto Díez como Fernández permanecen alojados en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, a la espera de ser trasladados a sede judicial para la toma de declaración. Investigadores consultados señalan que la operación se desplegó bajo estricto hermetismo, un rasgo que obedece a la complejidad del expediente y al volumen de documentación que se analiza para rastrear posibles irregularidades asociadas a contratos públicos gestionados por empresas tecnológicas. Uno de los focos centrales de la pesquisa es la etapa de Díez como consejera de Cistec Technology entre octubre de 2021 y mayo de 2023, período durante el cual la firma accedió a diversas adjudicaciones que ahora se revisan en profundidad.
La trayectoria profesional de Díez también exhibe otro punto de interés para los investigadores: entre octubre de 2018 y octubre de 2021 se desempeñó como responsable de comunicación de Enusa, la compañía estatal del sector nuclear. Los fiscales intentan reconstruir si su paso por distintos organismos públicos pudo haber favorecido el establecimiento de redes de influencia utilizadas para direccionar contratos o intervenir en procesos administrativos vinculados a áreas sensibles del Estado. Aunque no existe aún una imputación formal en ese sentido, las fuentes consultadas remarcan que la línea de investigación permanece abierta.
El arresto de Fernández agrega un elemento político de alto voltaje. Considerado uno de los hombres de confianza de María Jesús Montero, dejó la presidencia de la SEPI en 2019 tras su implicación en el caso Aznalcóllar. A pesar de ello, la vacante en el organismo se mantuvo sin reemplazo definitivo durante más de dos años, a la espera de que se resolviera su situación judicial. En paralelo, Fernández solicitó autorización al Estado para desempeñarse como asesor externo de Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán, cargo al que accedió en mayo de 2021. Estas conexiones, sumadas a su influencia histórica en ámbitos estratégicos de la administración, lo convierten en un actor clave para comprender la potencial dimensión de la red investigada.
La causa, que combina indicios de tráfico de influencias con presuntos desvíos de fondos y adjudicaciones irregulares, avanza con pasos medidos pero sostenidos. La Fiscalía Anticorrupción no descarta ampliar el número de imputados a medida que se analicen comunicaciones, movimientos financieros y documentación intervenida en los procedimientos de la UCO. El juzgado que conduce Antonio Piña evalúa además la posibilidad de ordenar nuevas diligencias orientadas a esclarecer si existió una estructura organizada destinada a manipular expedientes administrativos o condicionar decisiones de organismos estatales vinculados a tecnología, energía y gestión empresarial.
Los próximos movimientos judiciales serán determinantes para establecer el alcance real de la presunta trama y la responsabilidad que podrían tener los detenidos en los hechos bajo investigación. A la espera de sus declaraciones ante la Justicia, la operación mantiene en vilo a distintos sectores del Gobierno y del Partido Socialista, donde el caso comienza a generar inquietud por sus posibles derivaciones institucionales.
