El grupo de trabajo para la inclusión financiera crea una brigada contra el fraude

El grupo de trabajo para la inclusión financiera ha acordado crear una brigada destinada a proteger a los ciudadanos de los fraudes, que será liderada por los ministerios de Economía y Transformación Digital, y en la que participarán entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y el Banco de España.

Así lo ha anunciado este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras reunirse con las patronales de las entidades bancarias y cajas de ahorro (AEB, CECA y UNACC), las asociaciones de mayores y usuarios financieros, así como con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez.

Cuerpo ha señalado que esta brigada tiene como objetivo contar con un mecanismo de alerta temprana contra los fraudes y dar una respuesta “rápida y contundente”. Ha añadido que la lucha contra el fraude tiene que ser un punto clave en materia de inclusión, pues la digitalización creciente conlleva riesgos, que inciden especialmente en los grupos más vulnerables.

Así, ha señalado que ya se han tomado medidas importantes en materia de lucha contra el fraude con el sector y los organismos reguladores, pero el “fraude va mutando y hay que seguir estando muy alertas”.

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Según el ministro, el fraude más común tiene que ver con la suplantación de la identidad mediante SMS y llamadas, y ha recordado que en febrero de este 2025 el Ministerio de Transformación Digital aprobó una orden ministerial para que las operadoras de telefonía bloquearan determinadas llamadas de teléfonos, número de móvil y SMS fraudulentos.

Entre febrero y agosto, las operadoras ya bloquearon más de 50 millones de llamadas y dos millones de SMS, ha dicho Cuerpo, que ha destacado la importancia del número de teléfono 017 para consultas y denuncia de estos fraudes e intentos de fraudes, que recibe mil llamadas al día.

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Ha apuntado también que mañana se vota en el Congreso la Ley de Atención a la Clientela, que otorga una numeración específica para llamadas comerciales, de forma que todo número de teléfono que se salga de un rango establecido queda bloqueado.

Cuerpo confía en que la ley sea aprobada este jueves y que a lo largo de 2026 esa capacidad para bloquear números desde los que se intentan cometer fraudes esté operativa.

El ministro también ha destacado la importancia de avanzar en la difusión entre los grupos más vulnerables de las herramientas que tienen a su disposición para luchar contra esos fraudes bancarios, como el teléfono 017.

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Asimismo, ha dicho que también es importante dar un “impulso final” a la Ley para la Creación de la Autoridad del Cliente Financiero, cuyo proyecto sigue en el Congreso. Cuerpo ha explicado que, cuando se cree la Autoridad, ésta podrá apoyar el reembolso de las cantidades defraudadas.

Por otro lado, en la reunión se ha acordado la elaboración de un mapa nacional de accesibilidad a los servicios financieros, del que el ministro ha dicho que esperan dar buenas noticias en junio en la próxima reunión del grupo de trabajo.

Tras el encuentro de este miércoles, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha dado la bienvenida a la creación de la brigada antifraude, a la que considera que podrían incorporarse la Agencia de Protección de Datos (APD), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), las fuerzas de seguridad y las grandes plataformas digitales.

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Además, ha propuesto la creación de un repositorio oficial para verificar los números de teléfonos sospechosos y que las autoridades puedan actuar, así como que se habiliten mecanismos claros y operativos para la retirada rápida de anuncios falsos.

El director general de CECA, Antonio Romero, ha recordado los más de 7.000 millones de euros invertidos por el sector bancario en los últimos años para dotarse de mecanismos para la lucha contra el fraude financiero.

El presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Norberto Fernández, ha señalado que de los 460.000 ciberdelitos cometidos en 2024, gran parte fueron a personas mayores, al tiempo que ha insistido en la importancia de que se apruebe la Ley de Creación de la Autoridad del Cliente Financiero para que las reclamaciones de los usuarios no acaben en el campo judicial donde se atascan las demandas.

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La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha señalado que los consumidores soportan el 86 % de las pérdidas por fraude bancario, al alegar los bancos negligencia grave para denegar el reembolso a las víctimas, por lo que ha dicho que hay que avanzar en una definición que tenga en cuenta todos los aspectos en los que tiene lugar la estafa.

Fuente El Confidencial