No hace mucho tiempo, apareció información de que los invasores rusos del denominado “grupo Wagner” habían trasladado a casi 30 residentes de Bakhmut hacia Rostov. También llama la atención los ataques rusos sobre Oleshki y Nova Kakhovka, poblaciones temporalmente ocupadas en la región de Kherson. Los invasores buscan con ello, como en el caso de Bakhmut, tener una excusa para proceder a la evacuación forzosa de sus habitantes.
Detenciones, torturas, malos tratos, presión psicológica, agresiones sexuales, amenazas de violación, desapariciones forzadas: estos son solo algunos ejemplos de las acciones ilegales y los crímenes de guerra perpetrados por las tropas rusas contra la población ucraniana durante los denominados procedimientos de “filtración”.
Durante el “filtrado”, los invasores rusos y los representantes de los grupos armados ilegales despojan a los civiles ucranianos de los pasaportes, les revisan los teléfonos móviles, les practican registros personales e incluso los obligan a desnudarse por completo, además de ser interrogados.
La ONU ha documentado crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas contra civiles ucranianos sospechosos de tener contacto con las fuerzas armadas ucranianas o instituciones estatales, así como en general contra personas con una postura pro-ucraniana o aquellas que no superaron el test de lealtad para con Rusia. Las organizaciones internacionales han documentado más de 17.000 crímenes de guerra perpetrados por el ejército ruso en territorio ucraniano (algunos de ellos “potenciales”). Muchos de ellos fueron cometidos precisamente durante las “filtraciones” que la Federación Rusa empezó a poner en práctica en los territorios ucranianos ocupados en 2014. Estas técnicas, como por ejemplo los interrogatorios, las golpizas, la violencia, las torturas mediante picana eléctrica y la presión psicológica durante el proceso de “filtración” no son casos aislados, sino que consisten en actividades sistemáticamente diseñadas por la Federación Rusa.
Los servicios de contraespionaje rusos dividen a la población ucraniana en cuatro categorías condicionales. La primera está integrada por los ucranianos que deben ser liquidados físicamente, la segunda por los ciudadanos cuya resistencia debe ser reprimida e intimidada, mientras que en la tercera y cuarta encontramos a aquellos ucranianos que residen en los territorios ocupados y que pueden ser alentados a cooperar, o que ya están dispuestos a hacerlo.
Las autoridades rusas y los recursos bajo su control se sirven de su propia terminología para designar a los “campamentos de filtración”. Se los denomina “puntos de control” o “puntos de alojamiento temporal”. Mientras que la deportación forzosa de ucranianos a Rusia o a los territorios ucranianos controlados temporalmente se denomina “rescate” y “evacuación” de civiles de zonas de hostilidades activas. Los recursos rusos asociados con el Kremlin están tratando de justificar u ocultar estos hechos de “filtración” de ucranianos y otros crímenes de guerra perpetrados por la Federación Rusa en Ucrania.
Los campamentos de filtración de la Federación Rusa no son solo un sitio donde los “poco seguros” son sometidos a vejaciones de forma temporal, sino que forma parte de un plan más ambicioso de genocidio contra el pueblo ucraniano. La deportación forzosa de ucranianos a la Federación Rusa no es más que una campaña criminal de limpieza étnica deliberada, además de constituir una clara violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.