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Este lunes llega a Madrid una misión de la comisión parlamentaria de Control Presupuestario de la Eurocámara con el objetivo de comprobar de qué manera se están ejecutando y usando los fondos del llamado NextGeneration EU, los fondos de recuperación que se establecieron para la reactivación de la economía europea tras el impacto de la pandemia. España es, junto con Italia, la máxima receptora de fondos, en total unos 140.000 millones, más de la mitad de ellos en forma de transferencias. En la Comisión Europea inquieta el ruido que está generando la misión y que esta pueda salirse de su objetivo real: debe estar todo conectado al primer pago, el de 10.000 millones de 2021, ya que los eurodiputados están trabajando, al menos sobre el papel, en la elaboración del informe de descargo del presupuesto europeo de ese año, aunque fuentes parlamentarias entienden que también abordarán elementos generales sobre la ejecución de fondos.
La misión de la comisión parlamentaria ha montado ruido en España, donde se les ha comparado incluso con los “hombres de negro” de la época de la troika. La realidad es distinta. Las misiones de la Eurocámara casi nunca tienen impacto real y, en este caso, no pondrán en riesgo la llegada de fondos a España: nada de lo que haga la misión tiene un efecto real en la gestión de los fondos europeos. Durante los próximos días, se verán con la vicepresidenta Nadia Calviño; con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también con José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. También se verán con consejeros autonómicos de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón, miembros de los sindicatos y de la patronal.
Además, la misión se ha visto influida por el debate interno español, un ruido que ha acabado colándose en la Eurocámara, y lo demuestra la composición de la delegación: el ruido que está generando el viaje ha provocado que la mayoría de eurodiputados no españoles hayan decidido no participar. De los 10 eurodiputados que conforman la misión, siete son españoles. El debate es puramente hispano-español y la visita ha estado precedida de muchísima tensión entre los partidos españoles.
Al frente de la misión se encuentra Monika Hohlmeier, presidenta de la comisión, del ala dura de la CSU bávara, la hermana gemela y más derechista de los democristianos alemanes. Hohlmeier pertenece todavía a la vieja guardia fiel a la visión del antiguo exministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble de un sur de Europa corrupto y derrochador. Quienes la conocen y la tratan destacan que esa visión se filtra en sus decisiones y declaraciones. Las quejas del Partido Popular español sobre la ejecución de los fondos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tienen siempre el oído de Monika Hohlmeier.
La Comisión está satisfecha
Les acompañan algunos técnicos de la Comisión Europea, los mismos que el pasado viernes autorizaron un nuevo desembolso a España por valor de 6.000 millones de euros que ahora debe recibir también la luz verde del resto de Estados miembros. España será el primer país en recibir el tercer tramo. Para recibir cada uno de estos pagos, el país tiene que demostrar que ha estado cumpliendo una serie de hitos y de objetivos que los técnicos comunitarios deben ir comprobando antes de autorizar el desembolso. De hecho, hacen un informe que pasa por las manos de los Veintisiete, donde se encuentran socios muy estrictos como Países Bajos o Alemania, que también tienen que dar su luz verde.
Desde el Ejecutivo comunitario se muestran optimistas respecto al plan español, están satisfechos con cómo se están desplegando los fondos y apuntan a que la tardanza puede ser normal a la hora de ejecutar tal cantidad de miles de millones, y utilizan a España como ejemplo, al ser el país más adelantado, para que el resto de Estados miembros sepan qué camino seguir. España recibe tantos fondos porque en 2020 fue uno de los países más golpeados por la pandemia, y, de hecho, es el único socio europeo que todavía no ha recuperado el nivel de PIB prepandemia.
Pocos dudan en Bruselas de que habrá, tarde o temprano, algún problema. España tiene acceso a más de 77.000 millones de euros en transferencias, de los que ya ha solicitado más de la mitad, y pronto enviará la solicitud para acceder a los 67.300 millones de euros en créditos restantes. Es una cantidad ingente de dinero, difícil de ejecutar y de controlar. En el Ejecutivo comunitario preocupa, por ejemplo, la unidad de mercado, la fragmentación territorial a la hora de usar esos fondos.
De hecho, uno de los pocos peros que tenía la Comisión Europea hasta hace poco era el hito 173, uno relacionado con la plataforma para la auditoría de fondos. Desde el Ejecutivo comunitario dejan claro que las últimas dudas respecto a esa plataforma han quedado ya resueltas. Ahora, todos los ojos están puestos sobre el cuarto desembolso, en el que están las cuestiones más espinosas respecto a la reforma de las pensiones.
Pero, si bien pocos en Bruselas dudan de que tarde o temprano habrá roces y problemas, no es, por el momento, lo que está ocurriendo. Y les preocupa que el viaje de la comisión de Control Presupuestario pueda montar ruido y dañar el trabajo que se está haciendo. De hecho, se trata de un mensaje que incluso los sectores más ortodoxos de la Comisión Europea han hecho llegar a la misión de eurodiputados.
La delegación, en todo caso, tiene un objetivo supuestamente limitado: están trabajando en el informe de descargo de 2021, en el que analizan cómo la Comisión Europea está usando el presupuesto de la Unión en ese ejercicio. Por lo tanto, sobre el papel, como admiten fuentes parlamentarias, los 10 eurodiputados se deberían limitar a analizar el único desembolso que se produjo en 2021, el primero de ellos por valor de 10.000 millones de euros. Pueden analizar elementos generales sobre la ejecución de fondos, pero técnicamente deben limitarse al curso de 2021.
En la Comisión Europea hacen hincapié en ello para evitar que la misión se vaya por las ramas y se convierta en algo completamente político. Los fondos son muy complejos de ejecutar, difíciles de seguir y los eurodiputados no tienen la información suficiente como para hacer un análisis exhaustivo de la situación. Su visión es más política, más general. La Unión tiene sus propios mecanismos de control: en octubre de 2022, el Tribunal de Cuentas publicó ya un informe en el que analizó el primer pago de 2021 a España y en el que señalaba que no estaba convencido de que uno de los hitos se hubiera completado.
La propia Comisión Europea tiene una división de control y auditoría dedicada exclusivamente a comprobar que se están ejecutando correctamente los fondos europeos y, ellos sí, cuentan con técnicos únicamente dedicados a mirar país por país cómo se están utilizando los miles de millones de euros que llegan desde Bruselas. Son ellos los encargados de dar la voz de alarma si algo no se está cumpliendo o si ven problemas sistémicos.
Este lunes llega a Madrid una misión de la comisión parlamentaria de Control Presupuestario de la Eurocámara con el objetivo de comprobar de qué manera se están ejecutando y usando los fondos del llamado NextGeneration EU, los fondos de recuperación que se establecieron para la reactivación de la economía europea tras el impacto de la pandemia. España es, junto con Italia, la máxima receptora de fondos, en total unos 140.000 millones, más de la mitad de ellos en forma de transferencias. En la Comisión Europea inquieta el ruido que está generando la misión y que esta pueda salirse de su objetivo real: debe estar todo conectado al primer pago, el de 10.000 millones de 2021, ya que los eurodiputados están trabajando, al menos sobre el papel, en la elaboración del informe de descargo del presupuesto europeo de ese año, aunque fuentes parlamentarias entienden que también abordarán elementos generales sobre la ejecución de fondos.
Fuente El Confidencial
