Después de que las tres asociaciones profesionales de fiscales rechazasen esta semana los términos del pacto de investidura de Pedro Sánchez que el PSOE ha firmado con Junts, la tensión institucional escaló ayer otro peldaño durante el congreso que organizaba en Jerez de la Frontera la Asociación de Fiscales (AF), agrupación mayoritaria.
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, había sido invitado para pronunciar el discurso de clausura de las jornadas. Minutos antes, compartía mesa en el estrado con la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, que se encargaba de enunciar las conclusiones del congreso.
La última de ellas fue rotunda: «Ante la pasividad demostrada por el fiscal general del Estado en la defensa del Estado de derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal, sin haber reprobado los ataques sufridos a nuestra Constitución, exigimos su inmediata dimisión», dijo en su presencia.
La sala rompió en un aplauso mientras García Ortiz, como muestra un vídeo al que tuvo acceso ABC, mantenía el tipo. Después, llegó su turno y según informaron desde la Fiscalía General, respondió aludiendo a la dificultad de que se materialice la dimisión por voluntad propia de un cargo como el suyo estando el Gobierno en funciones. «En todo caso, creo y defiendo mi modelo de fiscal general y de Fiscalía, en el trabajo y en el rigor de lo jurídico, y alejado de otros espacios ajenos a nuestras funciones», lanzó a los presentes.
Retomó el discurso que había previsto, una disertación en la que soslayó por completo el pacto del PSOE con Junts que ha sublevado al mundo jurídico, incluida la carrera fiscal, porque da por hecho que en España hay una persecución política del independentismo desde los tribunales y prevé que comisiones parlamentarias señalen casos de cara a aplicar la ley de amnistía.
Leerse la ley antes de posicionarse sobre la amnistía
A la norma sí se refirió, no obstante, y fue para avisar «entre compañeros fiscales», de que mejor leer antes de hacer comentarios. «Cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la anunciada ley de amnistía exige, en todo caso, conocerla en su literalidad, y ese posicionamiento se hará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demanda nuestra intervención», señaló.
Subrayó que «la carrera fiscal» y él mismo «velarán siempre por la independencia de los tribunales y procurarán ante éstos la satisfacción del interés social. Es nuestro imperativo constitucional y legal», zanjó en la parte final de su intervención.
Tal y como informó ABC, todas las asociaciones de fiscales, en una situación nada frecuente, criticaron esta semana el pacto para la investidura de Pedro Sánchez por considerar que dar por hecho que en España existe ‘lawfare’ y prever que sean comisiones parlamentarias las que analicen en qué casos es una intromisión intolerable en el principio general de separación de poderes.
Las asociaciones de fiscales, en contra
Para la mayoritaria Asociación de Fiscales, que invitó a García Ortiz a clausurar el congreso, se trata de «un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho». «Es inadmisible -dicen- la utilización del término «guerra judicial» (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente».
En la Unión Progresista de Fiscales emitieron un comunicado al cabo de la firma del acuerdo mostrando su «absoluto rechazo» también por las referencias al ‘lawfare’. «Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes», señalaron.
Por su parte, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), con representación en el Consejo Fiscal, su portavoz, Salvador Viada, incidió en la «gravedad» de lo firmado por cuanto lleva implícito «un cambio de modelo constitucional». «Se está buscando el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación, se acepta un mediador y se va a negociar sobre el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Eso es un golpe de gracia al sistema constitucional español», señaló.
Fuente ABC
