Las revelaciones de Daniel Bilotta en el programa de Carlos Pagni reabrieron el escándalo por el negocio de las infracciones bonaerenses. Las investigaciones alcanzan a empresarios vinculados con TNG, Tránsito Seguro y Secutrans, y a funcionarios relacionados con el massismo y el entorno de Martín Insaurralde. Mientras la Justicia investiga un presunto desvío de $1.900 millones, un informe provincial detectó 682.000 actas sin valor económico. TNA ya había denunciado el accionar de los llamados “borramultas”.
Buenos Aires – 25 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. El escándalo de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires volvió a colocar bajo sospecha las relaciones entre funcionarios, intendentes, universidades públicas y empresas privadas que participan en un negocio millonario. Las revelaciones difundidas por Daniel Bilotta, durante el programa Odisea Argentina que conduce Carlos Pagni por LN+, aportaron nuevos elementos políticos a una trama que ya provocó el procesamiento del exministro de Transporte Jorge D’Onofrio y que continúa generando interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización del gobierno de Axel Kicillof.
La investigación televisiva del 19 de octubre volvió a poner el foco sobre el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), utilizado para administrar las multas bonaerenses, y sobre las gestorías que presuntamente ofrecían eliminarlas mediante contactos dentro de los organismos encargados de aplicar las sanciones.
Un informe elaborado por el director de Informática y Tecnología del Ministerio de Transporte provincial, Pablo Hernán Guarino, identificó aproximadamente 682.000 actas de infracción con valor cero, además de deficiencias en la trazabilidad de operaciones, utilización de credenciales compartidas y dificultades para reconstruir las modificaciones introducidas en los registros.
Las anomalías motivaron la propuesta de contratar una auditoría informática integral presupuestada en aproximadamente $990 millones, bajo un procedimiento que también despertó cuestionamientos sobre sus condiciones y las empresas eventualmente beneficiadas.
Pero el problema excede las fallas informáticas. Bilotta volvió a vincular políticamente el negocio de las fotomultas con sectores relacionados con Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete provincial y exintendente de Lomas de Zamora, y con empresarios que mantienen contratos con diferentes municipios bonaerenses.
Uno de los nombres relevantes es Alejandro Trasmonte, vinculado con TN Group, TNG Vial e Ibertest, empresas dedicadas, entre otras actividades, a la provisión de tecnología, servicios informáticos y equipamiento para el control de infracciones.
En octubre de 2025, el fiscal Álvaro Garganta imputó a Trasmonte en una investigación sobre el presunto empleo irregular de equipos de detección de infracciones pertenecientes a terceros. La causa examinaba operaciones en municipios como La Plata, San Miguel, Almirante Brown, Cañuelas, Tres Arroyos, San Vicente y Presidente Perón.
El expediente busca determinar si determinados equipos fueron utilizados sin las autorizaciones correspondientes y si funcionarios provinciales facilitaron su funcionamiento.
La vinculación política de Trasmonte también fue abordada por Bilotta en investigaciones anteriores. El periodista señaló sus relaciones comerciales con el abogado Matías Morla, quien habría facilitado contactos con el entorno de Insaurralde a través de Jesica Cirio. Esos antecedentes se suman a las referencias sobre operaciones de TNG en municipios gobernados por dirigentes del peronismo bonaerense.
Otra línea de investigación, publicada en julio por TN, incorporó el nombre de All Ways Group S.A., empresa proveedora de tecnología vinculada con radares y cámaras para infracciones, en la que había trabajado Priscila Ferrante, sobrina de Cirio.
Según esa investigación, la firma fue incorporada al registro de proveedores bonaerense el 1 de octubre de 2021, diez días después de que Insaurralde asumiera la Jefatura de Gabinete provincial. Posteriormente, el propio funcionario homologó equipos de esa compañía en 2022.
Los investigadores buscan establecer si existieron beneficios comerciales irregulares. Las coincidencias temporales y relaciones personales constituyen líneas de investigación, pero no acreditan por sí mismas una maniobra delictiva.
En paralelo aparece el empresario Leandro Camani, vinculado con Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., compañías dedicadas a la instalación y operación de sistemas tecnológicos para registrar infracciones.
En abril de 2026, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia por presuntas maniobras de coimas, lavado de dinero y contrataciones irregulares relacionadas con el sistema de fotomultas. La presentación mencionó a Camani, al ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci y a Diego Kampel, funcionario de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
La sospecha principal se concentra en una estructura de contrataciones mediante la cual distintos municipios celebraban convenios con la universidad para desarrollar programas de seguridad vial. Posteriormente, esas prestaciones eran transferidas a la Fundación UNSAM Innovación y Tecnología (FUNINTEC), que subcontrataba servicios tecnológicos con empresas privadas.
La Justicia Federal de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, analiza un presunto desvío de $1.900 millones correspondiente a 2024 en operaciones vinculadas con once municipios.
La investigación examina contratos, transferencias bancarias y eventuales irregularidades en la contratación de proveedores. La UNSAM y las empresas mencionadas sostuvieron que los convenios tenían objetivos legítimos de seguridad vial y que las prestaciones tecnológicas fueron realizadas conforme a los acuerdos suscriptos.
La dimensión política de estas investigaciones aparece en la continuidad de funcionarios vinculados con el Frente Renovador de Sergio Massa dentro de la cartera de Transporte.
D’Onofrio llegó al ministerio desde ese espacio político y fue reemplazado por Martín Marinucci, también identificado con el massismo. El cambio de autoridades no cerró las controversias: durante la nueva gestión surgieron los informes sobre irregularidades del SACIT y los cuestionamientos a los procedimientos administrativos destinados a revisar el sistema.
La situación también alcanzó a la Municipalidad de La Plata, encabezada por Julio Alak, que decidió rescindir su convenio con la cartera provincial en medio de las controversias sobre el funcionamiento y la confiabilidad del sistema de fotomultas.
Los antecedentes revelan además la intervención de municipios gobernados por dirigentes de diferentes sectores del peronismo, entre ellos Lomas de Zamora, Almirante Brown y Cañuelas. El vínculo político de esos intendentes con Insaurralde, Massa o el kirchnerismo constituye un elemento relevante para reconstruir las decisiones administrativas, aunque las responsabilidades penales deberán establecerse individualmente.
En este contexto adquiere particular importancia una investigación publicada por Total News Agency (TNA) el 18 de agosto de 2026, titulada “San Miguel: Los ‘borramultas’: la estafa que se disfraza de gestión legal y termina ‘por izquierda’”.
La investigación propia de TNA expuso la denuncia de un automovilista que, al intentar vender una Renault Duster, contrató a un gestor identificado como Sebastián Acevedo, quien le habría ofrecido resolver administrativamente diversas infracciones de tránsito.
Según el damnificado, entregó aproximadamente 1.100 dólares como anticipo y recibió la promesa de obtener resultados en quince días. La gestión se prolongó durante meses sin una solución verificable.
En grabaciones aportadas por el denunciante, el gestor habría reconocido que las soluciones dependían de contactos que trabajaban “por izquierda”, expresión que abrió interrogantes sobre la existencia de intermediarios con acceso a organismos públicos o sistemas administrativos.
Aquel caso documentado por TNA presenta características semejantes al funcionamiento denunciado de distintas gestorías investigadas en el ámbito bonaerense: captación de conductores con multas pendientes, cobro anticipado y promesas de reducción o eliminación mediante contactos internos. No se ha establecido una vinculación judicial entre Acevedo y las empresas mencionadas en las causas provinciales y federales.
En el terreno judicial, la Cámara Federal de San Martín confirmó en marzo de 2026 el procesamiento de Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos, con un embargo de $350 millones, mientras otras investigaciones continúan examinando maniobras vinculadas con la administración de multas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
El alcance de las investigaciones coloca bajo examen tanto las presuntas manipulaciones de infracciones como la contratación de empresas encargadas de suministrar radares, cámaras y servicios administrativos. También obliga a determinar si existieron mecanismos eficaces de control sobre la distribución de la recaudación entre la Provincia, los municipios y los proveedores.
Para la administración de Axel Kicillof, las investigaciones plantean una cuestión institucional que excede la responsabilidad individual de D’Onofrio: determinar cómo se supervisaron durante distintas gestiones las contrataciones, los registros de infracciones y las operaciones informáticas que permitían modificar sus importes.
El funcionamiento de SACIT, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Transporte después de las primeras denuncias y la documentación bancaria reunida en las causas judiciales serán determinantes para establecer si las irregularidades respondieron a fallas administrativas independientes o a maniobras coordinadas. Entre los elementos pendientes aparece la identificación de los usuarios que intervinieron en las 682.000 actas registradas con valor cero, un dato esencial para reconstruir qué ocurrió con esas infracciones y si existió perjuicio económico para el Estado provincial.
Fuentes consultadas: LN+, Odisea Argentina, Carlos Pagni y Daniel Bilotta (19/10/2026); Total News Agency, investigación propia (18/08/2026); TN (06/03 y 11/07/2026); Agencia Noticias Argentinas (15 y 16/04/2026); El Día (20/10/2025); Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires; expediente EX-2026-02102599-GDEBA-DSTECMTRAGP; investigaciones judiciales de La Plata y Tres de Febrero.
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