Buenos Aires – 18 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA | Un automovilista que buscaba vender su vehículo terminó atrapado durante meses en una presunta maniobra que comenzó como una gestión aparentemente legal para cuestionar fotomultas y terminó con el reconocimiento grabado de que las supuestas soluciones se buscaban “por izquierda”, mediante personas con acceso a registros, municipios y organismos de tránsito. El caso, cuya documentación fue analizada por Total News Agency (TNA) y será incorporada a una presentación judicial, reproduce características inquietantemente similares a las investigadas en la causa de los “sacamultas” bonaerenses que alcanzó al exministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio: gestores que captan personas con infracciones, cobran anticipos, prometen reducciones o eliminaciones y aseguran contar con contactos dentro del propio sistema encargado de sancionar.
La historia comenzó con la venta de una Renault Duster que acumulaba infracciones reconocidas por su propietario. El interesado en comprarla le recomendó al vendedor un gestor que, según explicó, se ocupaba habitualmente de presentar descargos contra multas mal confeccionadas, radares que carecerían de determinadas habilitaciones o verificaciones y otras circunstancias que legalmente pueden permitir que un juez administrativo archive o absuelva una infracción.
Ese procedimiento existe y es perfectamente legítimo. Una fotomulta puede ser impugnada cuando presenta defectos jurídicos o técnicos. En rutas nacionales, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) exige que el acta identifique marca, modelo y número de serie del radar, su homologación y calibración vigente, lugar, fecha, hora, velocidad máxima y registrada, imagen del vehículo, autoridad interviniente y juzgado competente. También existen vías administrativas formales para ejercer el derecho de defensa.
El problema comienza cuando una estructura utiliza esa apariencia de legalidad como pantalla para ofrecer algo completamente distinto.
Según la denuncia recibida por TNA, el gestor —identificado por el damnificado como Sebastián Acevedo— solicitó inicialmente el 50% de sus honorarios y prometió completar las presentaciones en aproximadamente quince días. El plazo parecía razonable para un trámite que, en apariencia, requería revisar actas, jurisdicciones y antecedentes administrativos.
Los quince días se transformaron en semanas y posteriormente en meses.
Ante los reiterados reclamos, la presunta gestión no mostraba resultados verificables. El cliente terminó exigiendo la devolución del dinero adelantado, equivalente, según su relato, a unos US$1.100. El gestor manifestó que no disponía de esos fondos, pidió sucesivas prórrogas e incluso habría asegurado que solicitaría un préstamo para reintegrarlos. En un momento dado el damnificado debio buscar la direccion del supuesto gestor dado que no atendia el telefono y lo encontro en la calle Granaderos a Caballo 2070 de San Miguel.
Pero el episodio adquirió otra dimensión durante uno de los últimos encuentros.
Siempre según el material aportado a esta agencia, ante preguntas directas del damnificado el gestor habría reconocido que las personas a quienes supuestamente derivaba los trámites no trabajaban mediante los mecanismos administrativos que el cliente había imaginado, sino “por izquierda”, y mencionó contactos vinculados con registros, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y municipios.
La conversación quedó grabada.
TNA posee además fotografías que habían sido enviadas al cliente como supuesto respaldo de que determinadas infracciones bonaerenses habían sido eliminadas, lo cual era falso, tambien fotografias con los presupuestos. Ese material será sometido a peritaje técnico para establecer su origen y metadatos disponibles. Los abogados del damnificado preparan la correspondiente presentación judicial penal, donde podrán solicitarse y aportar medidas de prueba capaces de determinar quiénes participaron de las comunicaciones y si efectivamente existieron accesos irregulares a sistemas oficiales. Los llamdos entre los integrantes de la supuesta banda tambien aportaran valiosa informacion dado que estos ocurrian despues de llamados y mensajes de la victima, por lo que las compañias telefonicas debera portar la informacion.
Este medio ademas del domicilio aportado cuenta con numeros de DNI y direcciones de inmobiliarias con las que trabajaria Acevedo que seran aportados .
El mecanismo denunciado no aparece en un vacío.
En septiembre de 2024, el fiscal platense Álvaro Garganta comenzó a investigar una presunta estructura de funcionarios, abogados y gestores que ofrecía reducciones o eliminación de multas en la Provincia de Buenos Aires. La hipótesis fiscal describió una operatoria sorprendentemente parecida: captar automovilistas endeudados, cobrar dinero y conseguir que las sanciones terminaran reducidas a cifras extraordinariamente bajas.
“Los sacamultas”, como terminó conociéndose el expediente, crecieron hasta convertirse en uno de los mayores escándalos del sistema de fotomultas bonaerense.
La investigación alcanzó al entonces ministro Jorge D’Onofrio, quien siempre negó que existiera la posibilidad técnica de “borrar” infracciones. Su explicación fue que cada acta podía terminar en condena, absolución o permanecer pendiente, y sostuvo que las reducciones respondían a decisiones de jueces administrativos dentro de facultades legales.
La Justicia, sin embargo, continuó avanzando.
La causa provincial investigó precisamente la existencia de gestores que conseguían reducciones sustanciales mediante contactos internos. Según la descripción atribuida por medios al fiscal Garganta, ingresaban al sistema y en plazos muy breves se imponían sanciones mínimas; la sospecha es que parte del dinero cobrado por esas gestiones terminaba repartido entre quienes permitían ejecutar la maniobra.
En paralelo, la Justicia federal abrió investigaciones patrimoniales y por lavado. En marzo de este año, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de D’Onofrio por presunto lavado de activos y ratificó un embargo por $350 millones. El tribunal confirmó también el procesamiento del exdirector de Fiscalización de la VTV, Facundo Asensio, y un embargo por otros $300 millones.
El expediente había nacido de una denuncia que describió una presunta estructura con distintos niveles y división de funciones destinada a obtener beneficios económicos mediante el sistema de multas y verificaciones técnicas. D’Onofrio, quien renunció al Ministerio de Transporte bonaerense en diciembre de 2024, también quedó imputado en otra investigación por fraude contra la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito vinculada con las multas.
En mayo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la defensa y mantuvo vigente su procesamiento por lavado.
La trama todavía tiene derivaciones mayores. Otro expediente federal investiga convenios de 11 municipios bonaerenses con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para la administración del cobro de infracciones y una posterior tercerización de servicios. Un informe incorporado a esa causa analiza un presunto desvío de alrededor de $1.900 millones sólo durante 2024. Entre los municipios estudiados aparecen La Matanza, Roque Pérez, Olavarría y General San Martín.
El fenómeno tampoco nació con el caso D’Onofrio. Ya en 2008, la Justicia porteña investigó a empleados de la administración de CABA acusados de cobrar dinero para eliminar multas de tránsito, uno de los antecedentes que muestran que el acceso indebido a sistemas de infracciones constituye un negocio que reaparece periódicamente cuando confluyen gestores externos y contactos internos.
El engaño posee además una característica que lo vuelve especialmente eficaz: se mezcla con reclamos reales.
Existen fotomultas que pueden ser anuladas legítimamente por prescripción, errores de identificación, defectos de notificación, fallas en el acta o problemas técnicos en los dispositivos. Precisamente por eso, una persona puede creer que está pagando a alguien para presentar descargos profesionales cuando en realidad puede estar entregando dinero a un intermediario que nunca realizó los trámites, falsificó capturas de pantalla o, en el escenario más grave, prometió obtener resultados mediante accesos ilegales.
La página oficial de infracciones bonaerenses permite consultar las sanciones y los juzgados competentes, mientras la legislación garantiza al ciudadano la posibilidad de ejercer personalmente su defensa. Un gestor legítimo puede preparar documentación o asesorar; lo que no existe jurídicamente es un mecanismo legal mediante el cual una persona externa pueda garantizar de antemano que una multa será “borrada”.
El caso que ahora analiza TNA presenta precisamente ese punto de quiebre: comenzó como la promesa de utilizar argumentos legales contra multas cuestionables y terminó, según el audio aportado por el damnificado, con una explicación sobre personas que trabajarían “por izquierda”.
Si la pericia sobre las imágenes y la posterior investigación judicial permitieran reconstruir accesos, comunicaciones o intervenciones dentro de sistemas de Provincia, CABA o municipios, la causa dejaría de involucrar solamente a un gestor que habría retenido dinero de un cliente. Podría revelar otra célula de un negocio que desde hace años se alimenta de un sistema de fotomultas multimillonario y de la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos una falsa solución legal detrás de la cual podrían esconderse estafadores, intermediarios y eventualmente funcionarios con capacidad para manipular expedientes.
Fuentes consultadas: documentación, fotografías y grabaciones aportadas a Total News Agency (TNA) por el damnificado; Cámara Federal de San Martín; Cámara Federal de Casación Penal; investigación del fiscal Álvaro Garganta; Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); sistema oficial InfraccionesBA; Infobae; La Nación; TN; El Día y antecedentes periodísticos y judiciales sobre las causas de fotomultas y VTV en la Provincia de Buenos Aires.
