Buenos Aires – 18 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA | El empresario farmacéutico Hugo Sigman, fundador del Grupo Insud y una de las figuras centrales de la producción de vacunas contra el Covid-19 durante el gobierno de Alberto Fernández, deberá prestar declaración indagatoria el próximo 4 de septiembre en la causa que investiga presuntas irregularidades en las negociaciones y contrataciones realizadas durante la pandemia. La audiencia se realizará por videoconferencia desde Madrid, después de que la Cámara Federal rechazara el pedido de la fiscalía para obligarlo a comparecer personalmente en Comodoro Py y aceptara los argumentos de su defensa vinculados con su residencia en España, sus 81 años y cuestiones de salud.
La citación había sido impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli y ordenada por el juez Ariel Lijo, en una investigación que intenta determinar si funcionarios del entonces gobierno nacional demoraron negociaciones con Pfizer mientras avanzaban con contratos vinculados con AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V, favoreciendo eventualmente a laboratorios y socios locales relacionados con esos proyectos. La fiscalía describió el caso como una posible maniobra de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.
Total News Agency (TNA) ya había informado el 16 de abril que Stornelli había pedido la indagatoria de Sigman y había colocado al empresario dentro de lo que el fiscal consideraba una posible “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses”. En aquel requerimiento, la fiscalía sostuvo que Sigman aparecía como uno de los actores con conexiones relevantes dentro del entramado empresarial que participó en la producción y los ensayos de distintas vacunas utilizadas durante la pandemia.
La hipótesis judicial parte de un dato central: según el Ministerio Público Fiscal, Pfizer había iniciado contactos con la Argentina en julio de 2020 y ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana, pero las autoridades no avanzaron inicialmente con aquel acuerdo. En cambio, el Estado contrató vacunas de AstraZeneca el 6 de noviembre de 2020, de Sputnik V el 9 de diciembre y de Sinopharm el 10 de febrero de 2021. Para Stornelli, si las máximas autoridades hubieran acelerado la negociación con Pfizer, la Argentina podría haber recibido una cantidad significativa de dosis con mayor anticipación.
El fiscal sostuvo además que funcionarios intervinientes se habrían interesado en beneficiar, al menos, a laboratorios vinculados con esas tres vacunas y a socios locales que realizaron ensayos clínicos, participaron de la fabricación o intervinieron en el suministro. La investigación busca determinar si las demoras con Pfizer fueron producto de dificultades regulatorias y contractuales propias de una negociación compleja o si respondieron a intereses ajenos a las necesidades sanitarias del Estado.
En ese escenario aparece mAbxience, empresa del grupo de Sigman que fue seleccionada para producir en la Argentina el principio activo de la vacuna desarrollada por Oxford/AstraZeneca para América Latina. El acuerdo contemplaba que el principio activo se fabricara en territorio argentino y luego fuera enviado a México para completar el proceso de envasado antes de su distribución regional. Sigman había explicado desde 2020 que el esquema surgió de acuerdos privados entre empresas y que la elección de mAbxience respondió a su capacidad industrial.
La investigación también alcanza a la exministra de Salud Carla Vizzotti, la exasesora presidencial Cecilia Nicolini, la empresaria Silvia Gold, el infectólogo Pedro Cahn, exfuncionarios del Ministerio de Salud y apoderados de compañías que participaron en el proceso de adquisición y desarrollo de vacunas. En total, el juez ordenó 15 indagatorias distribuidas entre mayo y septiembre.
Sigman había sido convocado inicialmente para el 19 de mayo y nuevamente para el 29 de junio, pero su defensa presentó distintos recursos que terminaron postergando ambas audiencias. Finalmente, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, autorizó la declaración remota.
La fiscalía había cuestionado esa modalidad y reclamaba que el empresario se presentara físicamente en Buenos Aires, alegando la complejidad del expediente, el volumen de la prueba acumulada y objeciones al certificado médico presentado por la defensa. Los camaristas resolvieron, sin embargo, que la presencia personal no resultaba indispensable y tomaron especialmente en cuenta su edad, su residencia permanente en Madrid y la posibilidad de garantizar mediante videoconferencia el ejercicio del derecho de defensa.
La decisión de permitirle declarar desde España no modifica su condición procesal ni anticipa el resultado de la investigación. Lo relevante será ahora el contenido de la indagatoria del 4 de septiembre: la Justicia buscará reconstruir su intervención en las decisiones empresariales relacionadas con AstraZeneca, sus vínculos con funcionarios de la administración Fernández y cualquier eventual contacto que permita determinar si existió influencia indebida sobre las decisiones adoptadas por el Estado.
El expediente tiene además una dimensión que excede la discusión contractual. La fiscalía sostuvo que las eventuales demoras con Pfizer ocurrieron en un momento en el cual la disponibilidad de vacunas estaba directamente relacionada con internaciones, saturación hospitalaria y mortalidad. Por eso Stornelli señaló que no se trataba de cuestiones inocuas sino de decisiones que pudieron haber afectado la cantidad y la velocidad con que la Argentina accedió a dosis durante los primeros meses de vacunación.
Cuando Sigman finalmente responda ante Lijo y Stornelli, la causa entrará en una de sus etapas más sensibles: por primera vez uno de los empresarios que ocupó un lugar central en la producción local de vacunas deberá explicar judicialmente cómo funcionaron las relaciones entre laboratorios, intermediarios privados y funcionarios públicos mientras el Gobierno elegía qué vacunas comprar y cuáles negociaciones postergar.
Fuentes consultadas: Ministerio Público Fiscal de la Nación, Cámara Criminal y Correccional Federal, Agencia Noticias Argentinas (NA), resoluciones judiciales difundidas públicamente, antecedentes de mAbxience, Grupo Insud y archivos de Total News Agency (TNA).
