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Investigan a funcionarios que firmaron un acuerdo de conciliación con la comunidad mapuche
Por Néstor Espósito
El diputado de Juntos por el Cambio Alberto Asseff denunció defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
La Cámara Federal porteña le asignó al juez Sebastián Casanello una investigación por un acuerdo de conciliación firmado por funcionarios del actual gobierno con representantes de la comunidad mapuche para superar un conflicto en la provincia de Río Negro.
La denuncia, formulada por el diputado de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, apunta al “acuerdo compromiso” por el cual la Administración de Parques Nacionales concilió extinguir la acción penal en varias causas por distintos delitos por los que estaban acusados representantes de los pueblos originarios.
El acuerdo incluía “el otorgamiento de un permiso de uso en favor de la comunidad Laften Winkul Mapu (LWM) sobre parte de las tierras usurpadas”.
Assef denunció a los funcionarios Carlos Corvalán, Virginia Gassibe, Claudio González, Francisco González Taboas, Federico Granato y Natalia Jauri por los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
Assef relató en su presentación “diversos hechos de usurpación, incendio, ataques a funcionarios policiales, judiciales, a la propia gobernadora, destrucción de viviendas, y daño entre otros ilícitos, acaecidos a partir del año 2017 y llevados a cabo en la zona de Villa Mascardi, Bariloche, provincia de Río Negro, por parte de un grupo de personas que se autoproclamaron integrantes de una comunidad indígena”.
Ello dio lugar a una serie de expedientes judiciales que tramitan aún ante la justicia federal de Bariloche.
En ese contexto, el 1° de junio pasado en la sede de la ex ESMA se celebró una reunión “entre autoridades de la Administración de Parques Nacionales, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la secretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Subsecretaría del Ministerio de las Mujeres, con representantes de Pueblo Mapuche”.
Allí se firmó el acuerdo conciliatorio para poner fin a esa conflictiva situación, que implicaba que el Estado desistía de las acciones judiciales.
Ahora, el camarista federal Martín Irurzun, en un fallo unipersonal resolvió un conflicto de competencia y le asignó la investigación de los hechos al juez Sebastián Casanello.
Fuente NA
