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El Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto del Estado (límite de gasto no financiero) para el año 2024 así como los objetivos de estabilidad de los diferentes subsectores de la Administración para remitirlos inmiediatamente a las Cortes y comenzar así el ciclo presupuestario. El techo de gasto nacional (sin contabilizar los fondos europeos) asciende nada menos que un 9,5% hasta superar los 189.000 millones de euros. El dato más alto de toda la serie histórica descontado el año 2021 cuando se pusieron en marcha todas las medidas para combatir la pandemia. De esta forma, el Gobierno contará con recursos para realizar un presupuesto expansivo en un contexto en el que la inflación todavía sigue siendo elevada y el crecimiento económico se resiente por la debilidad del contexto internacional.
Se trata de un crecimiento del gasto no financiero de 16.150 millones adicionales, una cifra que podría chocar con la petición de contención del gasto que ha realizado este mismo año la Comisión Europea. En concreto, Bruselas pidió que el gasto primario neto del conjunto de Administraciones no aumente más del 2,6%. Montero ha asegurado que “el techo de gasto está en línea con el plan presupuestario que ha recibido el visto bueno de Bruselas”. “Es más, Bruselas estableció que el margen de gasto estructural que teníamos era superior al cálculo que hizo el Gobierno de España” ha reiterado. Ahora tendrá que ser la Autoridad Fiscal (AIReF) y la propia Comisión Europea quienes examinen si las cuentas de Montero se ajustan a los requisitos.
El margen presupuestario es tan amplio que la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado tras el Consejo de Ministros que está estudiando la posible prórroga de las medidas anticirisis desplegadas en los últimos años para combatir los efectos de la inflación. El Gobierno argumentó hace menos de dos meses ante la Comisión Europea que cumpliría con los objetivos de déficit y la mejora del saldo estructural precisamente por el decaimiento de estas medidas. Pero ahora se está replanteando esta posibilidad.
“Se trata de un límite de gasto realista“, ha asegurado Montero. Además, ha explicado que en 2023 el Gobierno no agotará todo el techo de gasto aprobado, lo que significa que el margen de crecimiento será superior a ese 9,5%. Dentro de ese margen entraría la posibilidad de prorrogar las medidas anticrisis que no contemplaba en el plan presupuestario.
Esta cifra de crecimiento del techo de gasto (sin fondos europeos) es similar al crecimiento previsto de los ingresos tributarios para el año 2024. En concreto, Hacienda calcula que crecerán cerca de un 9%, una cifra ambiciosa en un contexto de ralentización de la actividad.
El techo con fondos europeos
Si se incluyen los fondos europeos, el techo de gasto asciende hasta superar los 199.000 millones de euros, la cifra más alta de toda la serie histórica. Sin embargo, este techo de gasto es muy similar al de 2023, ya que apenas crece un 0,5%. El motivo es que se va agotando la llegada de los fondos europeos, lo que ha provocado una caída drástica de esta partida, que pasa de 25.200 millones en 2023 a 9.900 en 2024. Aunque la ejecución de los fondos esté siendo lenta, el Estado ha ido transfiriendo año a año el dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, lo que figuraba en los presupuestos de los años anteriores.
A partir de 2024 esta cuantía se reduce a menos de la mitad. Por el contrario, comenzará a entrar la parte de los fondos europeos correspondiente a los préstamos, aunque esta cuantía no figura en el techo de gasto porque se computa como gasto financiero. Pero el verdadero reto para España no está en que el Estado transfiera fondos a otras Administraciones, sino en conseguir que se ejecuten realmente.
La senda de déficit
Con estas cifras sobre la mesa, la vicepresidenta asegura que España bajará el déficit público hasta el 3% el próximo año. “El Gobierno se compromete a bajar el déficit público en 2024 al 3%”, ha señalado Montero, desde el 3,9% previsto para 2023. A partir de ahí, la reducción del déficit será mucho más lenta, ya que bajará al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026 según la senda que ahora remite a las Cortes. Esto significa que los niveles de déficit no volverán hasta cifras similares a las que dejó el Gobierno de Mariano Rajoy (el 2,6% del PIB) hasta ocho años después.
Esta nueva senda de déficit tendrá que contar con la aprobación de las Cortes, donde el Senado, con mayoría del Partido Popular, tiene poder de veto. Montero ya aseguró el lunes que, si el Senado veta la senda, se aplicaría automáticamente la incluida en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril, según el criterio de la Abogacía del Estado. Esto es, un texto que no tiene rango legal se convertiría automáticamente en el límite presupuestario para todas las Administraciones Públicas.
En esa senda el Gobierno incluyó previsiones de déficit para los ayuntamientos y las comunidades autónomas que ahora estaría dispuesto a flexibilizar (ya que en ese momento no eran reglas sino meras previsiones). En concreto, estableció que las corporaciones locales tendrían un superávit del 0,2% (un saldo positivo que no se puede exigir según la Ley de Estabilidad) y las comunidades estarían en equilibrio presupuestario en 2024. El Gobierno ofrece dejar a los ayuntamientos con una exigencia de equilibrio presupuestario (0,0%) y a las CCAA darles una décima (el 0,1% del PIB).
El Gobierno reserva para la Administración Central la mayor parte del margen de déficit. En concreto, para 2024 tendrá podrá tener un déficit de 2,7% del PIB que irá bajando en una décima adicional los dos años siguientes. Esto significa que la ambición con el recorte del déficit desaparece a partir del año 2025 y el saldo negativo se estabiliza muy lejos del equilibrio presupuestario.
El Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto del Estado (límite de gasto no financiero) para el año 2024 así como los objetivos de estabilidad de los diferentes subsectores de la Administración para remitirlos inmiediatamente a las Cortes y comenzar así el ciclo presupuestario. El techo de gasto nacional (sin contabilizar los fondos europeos) asciende nada menos que un 9,5% hasta superar los 189.000 millones de euros. El dato más alto de toda la serie histórica descontado el año 2021 cuando se pusieron en marcha todas las medidas para combatir la pandemia. De esta forma, el Gobierno contará con recursos para realizar un presupuesto expansivo en un contexto en el que la inflación todavía sigue siendo elevada y el crecimiento económico se resiente por la debilidad del contexto internacional.
Fuente El Confidencial
