Por Shabnam Hein
Una comisión de la ONU analizó un gran número de fuentes y concluyó que se cometieron crímenes contra la humanidad durante la brutal represión de las protestas en Irán. Las víctimas exigen justicia.
El informe final de la Comisión de Investigación de la ONU sobre la situación en Irán consta de más de 300 páginas. El lunes 18 de marzo de 2024 se presentó en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Los investigadores de la ONU formulan graves acusaciones contra el Gobierno de Teherán. Se cometieron crímenes contra la humanidad durante la violenta represión de las protestas en Irán, explicó Sara Hossain, presidenta de la Comisión de Investigación.
La comisión se creó dos meses después de la muerte de Jina Mahsa Amini bajo custodia policial y las subsiguientes protestas en Irán. Nace de una iniciativa de Alemania e Islandia en noviembre de 2022, que llevó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) a dar mandato a la Misión de Investigación sobre Irán (MFI) en una sesión especial para esclarecer la violenta represión de las protestas y documentar los crímenes contra el pueblo iraní.
Ya entonces hubo sospechas de que las autoridades estatales pudieron haber hecho un uso desproporcionado de la fuerza en la represión de las protestas celebradas bajo el lema “Mujeres, vida, libertad”. “Se cometieron crímenes”, confirmó Hossain el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Citó como ejemplos las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las violaciones, las desapariciones forzadas y la persecución por motivos de género.
Declaraciones de testigos y numerosos documentos
Según Sara Hossain, la Comisión de la ONU revisó y evaluó numerosas fuentes para su informe. “Analizamos documentos gubernamentales y declaraciones públicas de funcionarios del Gobierno. También accedimos a varios informes elaborados por el Consejo Superior de Derechos Humanos de Irán”, dice Hossain a DW.
La reputada abogada bangladesí, que trabajó para el Tribunal Supremo de Bangladés, añadió: “Analizamos más de cien declaraciones de testigos para nuestro informe. También acudimos a una enorme cantidad de información de fuentes abiertas, es decir, información digital, incluido el acceso a historiales médicos. También supervisamos muchos documentos jurídicos. Todo ello constituyó la base de nuestro material. Esto nos permitió basarnos en pruebas procedentes tanto de fuentes primarias como secundarias, lo que nos proporcionó una base sólida para nuestra investigación y nuestras conclusiones.”
Disparos a corta distancia
Muchos testigos presenciales que declararon ante la comisión aún tienen las marcas de los disparos selectivos efectuados por las fuerzas de seguridad. Kosar Eftekhari es una de ellas. Esta mujer de 24 años de Teherán fue alcanzada en un ojo por una bala de goma durante las protestas de 2022. Desde entonces, está ciega de ese ojo. Por si fuera poco, fue llevada ante el Tribunal Revolucionario de Teherán por su participación en las protestas, “conspiración contra la seguridad del país” y “propaganda contra el régimen”.
“Participé en una protesta pacífica que fue brutalmente aplastada por las fuerzas de seguridad. Me dispararon deliberadamente en el ojo a corta distancia. Es importante para mí, como testigo directo, contar al mundo lo que vivimos y cómo se reprimió a los manifestantes”, cuenta Kosar Eftekhari en entrevista con DW.
Aunque Irán rechaza el informe, funcionarios iraníes fuera de Irán, como en países occidentales, podrían ser llevados ante la justicia, ver congelados sus bienes o ver denegada su entrada en el país sobre la base del informe de la Comisión de la ONU.
De hecho, Irán se presenta como víctima y afirma que el trabajo de la Comisión de la ONU tiene motivaciones políticas. Teherán condenó enérgicamente las conclusiones de la ONU, afirmando que se basaban en “acusaciones infundadas” e “información falsa y tendenciosa sin ninguna base legal”. Las autoridades se niegan a cooperar con la comisión y quieren impedir que se amplíen sus trabajos.
El mandato de la Comisión de Investigación de la ONU expira el 5 de abril de 2024. El Consejo de Derechos Humanos votará la prórroga y todas las resoluciones pendientes en su próxima sesión a principios de abril (probablemente del 3 al 5 de abril).
(gg/ms)