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La trama la reveló en exclusiva Diario Mendoza Today en julio de 2022: refiere a un hecho ocurrido en el Consejo de la Magistratura durante el fin de semana largo, que arrancó el 17 de junio anterior.
En algún momento de esa extensa jornada, una persona ingresó a la Oficina de Declaraciones Patrimoniales y hurgó en alguna —o algunas— de las 6.000 declaraciones juradas que allí reposan.
¿Se trató de un hecho de inseguridad más? Si es así, ¿por qué no faltaron elementos de valor? ¿Podría ser un intento de carpetazo contra algún magistrado puntual? ¿Acaso alguno de la Corte Suprema?
En principio, se supo que dos de los magistrados a los que les revisaron sus datos son los jueces que condenaron a Cristina Kirchner a 6 años de prisión: Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Poco después de la intrusión, los mismos jueces sufrieron el hackeo de sus celulares, en el marco de una operación de inteligencia en la que está imputado el diputado K Rodolfo Tailhade y el dirigente de la Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez. Dicho sea de paso, en aquella operación aparecen seguimientos a quien escribe estas líneas.
Como sea, tras el paso de los meses hubo novedades en la investigación judicial de marras. La más relevante es que el Consejo de la Magistratura eyectó al director de Personal. Federico Vincent, un hombre cuestionado, acusado de presunto acoso sexual.
También fueron separados otros doce funcionarios, entretanto se investiga la suspicaz actuación de espías de la AFI K dentro del organismo. Una trama que no carece de ribetes escandalosos.
Este diario accedió en exclusiva a una denuncia judicial que motorizó una mujer llamada María Victoria Pérez Bayonzo, subordinada del mencionado Vincent, a quien denunció por acoso.
En la presentación judicial se detalla por completo la escandalosa trama del robo de las declaraciones juradas. También se denuncia un supuesto apriete que le hizo Vincent para callarla.
“En días previos al hecho investigado del fin de semana largo de junio de 2022 en la Oficina de DDJJ, el Sr. Vincent me citó a su despacho en la Sub-Administración en el piso 7°, me hizo algunas ‘recomendaciones’ en nombre de un ex agente de los servicios de inteligencia, me dijo que me comenzara a callar más la boca, que tenga mucho cuidado en denunciarlo porque esto se iba a poner peor”, sostiene la presentación judicial.
Aunque no menciona nombre alguno, el apriete vendría por parte de María Inés Brena, funcionaria K y espía de la AFI hace 14 años. También aparecen otros agentes de la AFI: Ramón Trejo, Victoria Oña, Daniel Calandria y Hernán Bertoloti.
A esta altura, cabe preguntarse: ¿Qué hacen tantos espías de la ex SIDE en un organismo como la Magistratura, que debería ser impoluto? Imposible saberlo.
Prosigue la denuncia de Pérez Bayonzo: “El ejercicio de la violencia patrimonial por el Sr. Vincent a mi persona, perjudicó notoriamente mi carrera judicial (…) Esa misma noche, al llegar a mi domicilio me pongo a observar si los accesos (puertas y ventanas) se encontraban en el orden habitual, y observo que la tela metálica de la ventana que daba al balcón de mi departamento estaba tajeada y con marcas extrañas, esa noche no abro las persianas, pero al día siguiente, observo que me habían dejado un pájaro negro de plástico (lo que parecía ser un cuervo) en la medianera que daba justo a la altura de mi balcón”.
La denuncia incluso describe: “Ese mismo día pensé que me irían a matar. Saque un pasaje para mi sobrina y otro para mí y nos fuimos de mi casa, no dormimos ahí, y a la madrugada a eso de las 4:00 de la mañana, por el aeropuerto de Ezeiza, salimos con destino a la provincia de Chaco, muerta de miedo, pero no vencida”.
Como puede verse, la situación es más complicada de lo que aparece a simple vista. Una trama de amenazas, espías, denuncias por abuso e intrusión en declaraciones juradas de los jueces. A esta altura, la discusión acerca de la improbidad de Ariel Lijo, parece un poroto.
En dicho marco, según explicaron fuentes del Consejo de la Magistratura a Mendoza Today, Horacio Rosatti, titular de ese cuerpo y, a la sazón, de la Corte Suprema, estaría tomando cartas en el asunto, con ostensible preocupación.
Por lo pronto, como se dijo, avanzó en una oportuna “limpieza” de funcionarios sospechados. Uno de los eyectados es el Administrador General del Poder Judicial de la Nación Claudio Cholakian, abogado de “Justicia Legítima”, puesto en 2020 por el kirchnerismo. En su lugar se designó a Alexis Varady.
En ese contexto, se teme por posibles operaciones de prensa contra los nuevos funcionarios por parte de los que han sido despedidos, quienes cuentan con apoyo de la AFI, siempre proclive a ese tipo de movidas. Los que saben aseguran que, lo que viene, será para alquilar balcones.
Fuente Mendoza Today
