El Gobierno ultima la comisión que estudiará si los GAL vulneraron derechos humanos en la etapa de Felipe González>

Según ya adelantó el ministro Torres durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a finales del mes de marzo, se pondrán en marca tres comisiones de trabajo. Concretamente, una abordará el asunto de la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano y su objetivo será elaborar, en el plazo de un año, un informe sobre las medidas necesarias para aplicar «los principios de verdad, justicia y reparación en relación a la situación histórica del pueblo gitano en España». Así lo confirmó el pasado 8 de abril, durante la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Por otra lado, se pondrá en marcha una comisión de trabajo que elaborará de un estudio de medidas de reparación de carácter económico para las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Y, por último, una tercera, que será la encargada de analizar los posibles casos de vulneración de derechos humanos a personas que lucharon «por la consolidación de la democracia», entre los años 1978 y 1983.

«Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aún después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos», recoge la Ley de Memoria Democrática, que contempla «la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento a las mismas».

Los hechos concretos que se investigarán se deteminarán una vez puesta en marcha la comisión de trabajo. Ahora bien, este asunto responde a un acuerdo alcanzado por el Gobierno y EH Bildu en el año 2022, mientras se llevaba a cabo la negociación para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática, que se aprobó finalmente en octubre de 2023. Concretamente, los socialistas y los ‘abertzales’ accedieron a recoger en la norma el reconocimiento de las posibles víctimas de violaciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, fecha que coincide con el primer ejecutivo de Felipe González y con las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.