Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 22 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- El gobierno de Javier Milei atraviesa una zona de turbulencia política cada vez más difícil de disimular. La interna entre los sectores que responden a Karina Milei, los Menem y Santiago Caputo dejó de ser una pelea de pasillos para convertirse en una guerra abierta, con acusaciones cruzadas, sospechas sobre licitaciones, reproches por negocios y una gestión que empieza a mostrar signos de parálisis en áreas sensibles.
En la Quinta de Olivos, el Presidente aparece cada vez más encapsulado, irritable y convencido de que distintas operaciones buscan condicionar su gobierno. Según reconstrucciones políticas, Milei observa con desconfianza los movimientos de Mauricio Macri, sigue con atención las señales de Patricia Bullrich y evita meterse de lleno en la batalla que enfrenta a sus propios colaboradores. La estrategia presidencial, por ahora, parece consistir en sostener públicamente a sus principales figuras y atribuir las crisis a maniobras externas o mediáticas.
El problema es que la pelea ya no gira sólo alrededor de diferencias de criterio político. La interna libertaria entró en un terreno mucho más delicado: el de las acusaciones sobre licitaciones, empresarios, áreas de inteligencia, contratos públicos y presuntos negocios cruzados. En cualquier administración hay tensiones internas, pero pocas veces esas disputas se ventilan con tanta crudeza y con señalamientos que rozan el corazón del poder.
El enfrentamiento entre Santiago Caputo y Martín Menem escaló luego de que el asesor presidencial acusara al titular de la Cámara de Diputados de estar detrás de una cuenta falsa desde la cual se lo atacaba. Desde ese universo digital se insinuaron supuestos vínculos del llamado “Pibe” con empresarios y procesos de contratación pública. Del otro lado, el sector de Caputo apunta contra Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el armado de Karina Milei, a quienes vincula políticamente con episodios sensibles como el caso Libra, la crisis en la ANDIS y el frente judicial que rodea a Manuel Adorni.
La pelea golpea de lleno en la autoridad de Milei. El Presidente intentó cerrar filas alrededor de Adorni y, advirtió a sus ministros que quien no estuviera de acuerdo con el jefe de Gabinete podía irse. La frase, lejos de ordenar la tropa, habría profundizado el temor interno. Varios funcionarios perciben que cualquier movimiento puede ser leído como una traición, mientras la gestión económica, legislativa y administrativa necesita más coordinación y menos ajuste de cuentas.
En los “mentideros vernáculos”, se comenta además que Santiago Caputo teme quedar fuera del Gobierno. Según pudo saber Total News, en esos ámbitos se susurra que el asesor presidencial presionaría con sus “saberes” para evitar ser desplazado o, si finalmente ese escenario ocurriera, para haber concluido antes una cuestión clave: la licitación de la Hidrovía. La lectura puede atribuirse a una gran responsabilidad de gobierno o, según sus detractores, a otro tipo de interés político y económico.
Esas mismas versiones recuerdan que Caputo tendría en España una oficina junto a su socio Lugones, destino que algunos operadores mencionan como eventual refugio profesional si el consultor termina alejándose de la Casa Rosada. Si duda, son comentarios de alto voltaje en medio de la interna.
La Hidrovía Paraná-Paraguay se convirtió, justamente, en uno de los expedientes más sensibles. El Gobierno sostiene que el proceso de concesión avanza con apoyo multisectorial, sin impugnaciones y con reclamos de usuarios y provincias para una adjudicación rápida. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación informó que la vía navegable troncal entró en su tramo final y que representantes privados y provinciales pidieron acelerar los pasos para reducir costos logísticos. Sin embargo, el proceso también quedó bajo la lupa por denuncias y sospechas opositoras sobre eventuales direccionamientos, deficiencias en los pliegos y posibles beneficiarios empresariales.
La discusión no es menor. La Hidrovía es una autopista estratégica para el comercio exterior argentino y regional. Por allí circula buena parte de las exportaciones agroindustriales y cualquier concesión proyectada a largo plazo implica negocios multimillonarios, peajes, dragado, balizamiento y control logístico. En una interna donde los bandos se acusan de manejar cajas, contratos y empresarios, ese expediente se volvió combustible político.
Mientras tanto, el frente económico tampoco ofrece calma. La reunión entre el ministro Luis “Toto” Caputo y la conducción de la Unión Industrial Argentina dejó más frustración que entusiasmo entre los empresarios fabriles. La UIA, encabezada por Martín Rappallini, planteó preocupaciones por competitividad, carga impositiva, financiamiento, atraso cambiario y caída de la actividad en sectores industriales. Desde el Palacio de Hacienda, la respuesta fue rígida: el Gobierno no piensa comprometer el superávit fiscal ni abrir una agenda de alivios sectoriales que ponga en riesgo el ancla central del programa económico.
El dato oficial del INDEC mostró que la actividad económica repuntó en marzo: el EMAE creció 5,5% interanual y 3,5% mensual desestacionalizado. Para el Gobierno, ese número permite sostener que la economía empieza a salir del pozo. Para los industriales, en cambio, la recuperación sigue siendo despareja y no alcanza a resolver los problemas de competitividad, costos, crédito y demanda que golpean a las fábricas.
La tensión cambiaria también sigue presente. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ofreció una conferencia de prensa en la que repasó lineamientos de política monetaria y dejó una señal concreta para el mercado: levantar el cepo para empresas no aparece como prioridad inmediata. La explicación técnica buscó transmitir prudencia, pero en el sector financiero fue leída como una confirmación de que el BCRA todavía no cuenta con margen suficiente para normalizar por completo el mercado de cambios.
Esa definición tiene lectura política. El Gobierno necesita llegar a las elecciones de medio término y luego a la pelea presidencial de 2027 con el dólar bajo control, inflación contenida y sin una crisis cambiaria que destruya el relato de orden macroeconómico. Pero el precio de esa estrategia puede ser una economía real todavía asfixiada por restricciones, costos elevados y falta de competitividad.
En paralelo, la figura de Patricia Bullrich vuelve a generar ruido dentro del oficialismo. La ministra y referente de un sector clave del electorado de derecha mantiene gestos de autonomía y cuestionamientos sobre temas sensibles, entre ellos la situación de Manuel Adorni. En los despachos libertarios ya nadie descarta que Bullrich mida cada paso pensando en su propio futuro político.
Macri, por su parte, observa. Sus críticas a Milei como un dirigente que se comporta “como un profeta” fueron leídas en la Casa Rosada como una señal de que el expresidente no está dispuesto a ser un aliado subordinado. En el círculo rojo también se especula con el impacto que pueda tener la suerte electoral de Donald Trump en Estados Unidos sobre el proyecto de reelección de Milei, dado que el Presidente argentino ató buena parte de su proyección internacional al vínculo con el trumpismo.
El Gobierno intenta mostrar agenda: enviará al Congreso nuevos proyectos, entre ellos el llamado “Súper RIGI”, y buscará reforzar la idea de que la transformación económica sigue en marcha. Pero la política, otra vez, se le mete por la ventana. La interna libertaria dejó de ser un murmullo para convertirse en un problema de gobernabilidad.
La paradoja es evidente. Milei llegó al poder prometiendo terminar con la casta, ordenar la economía y demoler los privilegios de la política. Hoy, buena parte de su crisis interna se explica por acusaciones entre sus propios funcionarios sobre negocios, licitaciones, influencias y manejos de poder. La discusión ya no es únicamente ideológica. Es mucho más terrenal: quién decide, quién firma, quién controla y quién queda parado cuando empiece a pasar la factura.
