Buenos Aires – 12 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El escándalo patrimonial de Manuel Adorni dejó de ser un problema exclusivo del Gobierno y se transformó en una crisis política dentro del propio esquema de alianzas que sostenía a La Libertad Avanza. El PRO, principal aliado parlamentario del oficialismo hasta las elecciones de 2025 y socio clave en buena parte de las votaciones del Congreso, endureció su postura y le pidió públicamente al presidente Javier Milei que deje de defender al jefe de Gabinete.
“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, publicó la cuenta oficial del partido amarillo, en un mensaje que contó con la aprobación política de Mauricio Macri. La frase marcó un punto de inflexión: el macrismo ya no se limita a reclamar explicaciones, sino que empuja la salida del funcionario más expuesto del Gabinete nacional.
La reacción se produjo después de la presentación de la declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción y de sus explicaciones televisivas sobre el hallazgo de una billetera fría con alrededor de 500.000 dólares, que el funcionario atribuyó a inversiones previas en bitcoin. El problema político se agravó cuando el jefe de Gabinete admitió que esos fondos no habían sido declarados oportunamente y sostuvo que había ahorrado “en negro”, una frase que terminó de dinamitar su defensa pública.
El jueves, el PRO ya había difundido un comunicado crítico. “Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, sostuvo el partido. Pero puertas adentro del macrismo entendieron que esa reacción había quedado corta frente a la magnitud del caso y decidieron avanzar con un mensaje más directo hacia Milei.
La incomodidad amarilla venía creciendo desde hacía días. En el Senado, el titular del bloque PRO, Martín Goerling, fue uno de los primeros en reclamar formalmente que Adorni se presente a rendir cuentas durante junio. El legislador misionero recordó que el último informe recibido por la Cámara alta había sido el número 143, brindado por Guillermo Francos el 26 de junio de 2025, y que el actual jefe de Gabinete no había cumplido con esa obligación constitucional desde su llegada al cargo.
Este viernes, Goerling fue más allá y pidió de manera explícita la renuncia. “Manuel Adorni tiene que dar un paso al costado, el Presidente pedirle la renuncia. No es un ministro más, es el jefe de Gabinete que tiene la responsabilidad de rendir cuentas ante las Cámaras”, afirmó. Luego agregó una definición que golpeó de lleno en la línea de flotación del Gobierno: “Nos dimos cuenta de que nos mintió a todos. No solamente a los diputados, sino a todos los argentinos y también al mismo Presidente de la Nación”.
La frase no fue leída como una opinión aislada. Goerling es un dirigente orgánico del PRO y su pronunciamiento anticipó el nuevo posicionamiento partidario. En el macrismo admiten que Adorni aceptó ir al Senado no por iniciativa propia, sino por la presión parlamentaria ejercida por sus propios aliados. “Fuimos nosotros los responsables”, razonaban legisladores amarillos en privado.
El dato político, sin embargo, tiene una doble lectura. Pese a pedir la salida de Adorni, el PRO por ahora mantiene su decisión de no acompañar una interpelación en Diputados impulsada por el peronismo. En el bloque sostienen que esa jugada difícilmente prospere y que resulta más efectivo forzar la comparecencia del jefe de Gabinete en el Senado, donde el clima institucional ya está preparado para recibirlo bajo fuerte presión.
En la Cámara alta, Adorni deberá enfrentar un escenario especialmente incómodo. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, ya reclamó formalmente que se presente este mes para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga al jefe de Gabinete a concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas Cámaras. La vicepresidenta calificó las explicaciones del funcionario como una “vergüenza” y tomó distancia de la defensa oficial.
También se cruzará con Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios, quien consideró que el caso fue “más que un error”. La ex ministra de Seguridad volvió a manifestarle a Adorni sus reparos en privado, en medio de una interna cada vez más visible dentro de la mesa política oficialista. La foto del cumpleaños número 70 de Bullrich, difundida por Karina Milei, mostró al jefe de Gabinete relegado a un costado, en una imagen que terminó funcionando como símbolo del momento que atraviesa.
El deterioro de Adorni también fue aprovechado por otros sectores opositores. Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y actual diputado nacional, pidió directamente su salida. “Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete. El Gobierno no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Le mintió al Congreso y a todo el pueblo argentino”, sostuvo en un comunicado acompañado por el bloque cordobesista.
El planteo de Schiaretti no es menor. El cordobesismo forma parte del universo de gobernadores y bloques dialoguistas que el Gobierno necesita para sostener leyes clave. La pérdida de confianza en Adorni amenaza con contaminar negociaciones sensibles, entre ellas la reforma electoral, la eventual eliminación o modificación de las PASO, la discusión por las colectoras y los proyectos económicos que la Casa Rosada pretende impulsar en el segundo semestre.
La crisis también sumó un nuevo capítulo judicial. Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia penal contra Adorni por presunta falsedad ideológica. La presentación apunta a las omisiones patrimoniales en sus declaraciones juradas y sostiene que el funcionario habría arrastrado esas inconsistencias al informe de gestión presentado ante el Congreso, documento público en el que afirmó no haber ocultado bienes.
“Ocultó bienes inmuebles y activos y argumentó que hay errores. No puede decir que hay un error. Hay dolo, es contador y arrastró sus mentiras al informe de gestión, que es un documento público”, sostuvo Frade al justificar la denuncia. La acusación se suma al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que ya tramita en los tribunales federales bajo la órbita del juez Ariel Lijo y con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
El expediente judicial analiza las inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni, su nivel de vida, sus propiedades, viajes, refacciones y movimientos patrimoniales. La aparición tardía de los fondos vinculados a criptomonedas abrió una nueva discusión: si esos activos existían antes de su ingreso a la función pública, deberán ser acreditados con documentación verificable; si no, la explicación podría profundizar las sospechas.
La situación es aún más delicada porque Adorni no es un funcionario técnico de bajo perfil. Fue vocero presidencial, rostro diario del discurso anticasta y luego jefe de Gabinete, cargo desde el cual debe coordinar ministros y rendir cuentas ante el Congreso. Su caída de credibilidad afecta directamente la narrativa moral del Gobierno.
El impacto comunicacional también fue contundente. Según mediciones de la consultora Ad Hoc, el jueves Adorni concentró unas 319.000 menciones en redes sociales y duplicó las referencias al propio Javier Milei, uno de los dirigentes más activos y dominantes del ecosistema digital. El funcionario dejó de comunicar los logros del Gobierno y pasó a absorber casi toda la conversación pública por su propio escándalo.
Para la Casa Rosada, el dilema es evidente. Sostener a Adorni implica cerrar filas detrás de un jefe de Gabinete que admitió haber omitido fondos relevantes y que ahora enfrenta presión judicial, parlamentaria y política. Desplazarlo, en cambio, significaría reconocer que el caso atravesó un límite institucional y que la defensa inicial del Gobierno fue insuficiente.
El PRO eligió marcar ese límite. La frase “defienda el cambio y no a Adorni” condensa la nueva estrategia de Macri y sus legisladores: acompañar al Gobierno en reformas económicas o institucionales, pero no cargar con el costo de un funcionario que consideran políticamente indefendible.
El caso quedó así instalado en el centro de la agenda nacional. El peronismo busca interpelarlo y avanzar con una moción de censura; la Coalición Cívica lo denunció penalmente; el cordobesismo pidió su renuncia; Villarruel exige que se presente en el Senado; y el PRO, hasta ahora principal aliado del oficialismo, ya le reclama a Milei que elija entre proteger a su jefe de Gabinete o preservar la bandera del cambio que lo llevó al poder.
