Buenos Aires – 12 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El fiscal federal Gerardo Pollicita evalúa ampliar la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el funcionario presentara su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporara fondos vinculados a inversiones en bitcoin que, según su propia explicación, habrían sido adquiridos antes de su desembarco en la función pública.
La presentación, lejos de cerrar el expediente, abrió una nueva línea de investigación. En la fiscalía consideran que, si Adorni sostiene que parte sustancial de su patrimonio proviene de operaciones con criptomonedas realizadas antes de ser funcionario, será necesario extender el período bajo análisis hacia atrás en el tiempo para verificar origen, trazabilidad, fechas de adquisición, billeteras digitales, movimientos, conversión a dólares y eventual incorporación de esos activos a su patrimonio declarado.
Pollicita ya cuenta con la declaración pública de bienes de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, pero todavía espera que la Oficina Anticorrupción remita la documentación reservada. Recién con ese material completo, y con el análisis técnico de los organismos especializados, definirá si amplía formalmente el objeto procesal de la investigación y qué nuevas medidas de prueba solicitará.
La causa quedó en una etapa especialmente sensible porque el jefe de Gabinete reconoció públicamente la existencia de fondos no informados con anterioridad. Su explicación apunta a inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada al Gobierno, y a una regularización posterior dentro del régimen simplificado de Ganancias impulsado por la administración nacional. La frase “ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”, utilizada por el propio funcionario en una entrevista televisiva, se convirtió en un problema político y judicial para la Casa Rosada.
El punto que ahora analiza la fiscalía es si esa explicación alcanza para justificar el salto patrimonial o si, por el contrario, obliga a reconstruir una línea de tiempo mucho más extensa. En una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el origen temporal de los fondos resulta decisivo: si los bitcoins existían antes de la función pública, deberán aparecer pruebas objetivas; si fueron incorporados o valorizados durante el ejercicio del cargo, la discusión se vuelve más delicada.
Para revisar la documentación patrimonial, la fiscalía cuenta con la colaboración de la DAFI, la unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en investigaciones económicas y financieras. Ese equipo técnico deberá cruzar ingresos declarados, gastos, deudas, movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias, viajes, pagos en efectivo y documentación tributaria. El informe de la DAFI será clave para determinar si las explicaciones de Adorni son consistentes o si corresponde avanzar con un pedido formal de justificación patrimonial.
La investigación no se limita a la declaración jurada. En los últimos días también se incorporó el análisis del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que habría realizado obras en propiedades vinculadas al jefe de Gabinete. Según información judicial difundida por TN, del dispositivo se extrajo material relacionado con conversaciones, compras, facturas y trabajos efectuados, elementos que podrían ser utilizados para contrastar montos declarados, pagos efectivamente realizados y trazabilidad de los fondos.
Ese punto es central porque una parte de las sospechas gira en torno a desembolsos en efectivo y operaciones cuyo respaldo documental aparece, al menos por ahora, bajo observación. La fiscalía busca determinar si los pagos por refacciones, viajes y operaciones inmobiliarias guardan relación con los ingresos declarados por Adorni y su grupo familiar o si existe una brecha patrimonial no justificada.
En paralelo, el juez federal Ariel Lijo mantiene abiertas otras líneas de investigación que rodean al jefe de Gabinete. Una de ellas apunta al vínculo con su amigo Marcelo Grandío, quien lo alojó en Punta del Este durante un viaje realizado en avión privado. En ese expediente se analiza no sólo el hospedaje y la modalidad del traslado, sino también eventuales relaciones comerciales, contratos y movimientos de dinero vinculados al entorno del funcionario.
Otra causa bajo la órbita de Lijo se concentra en la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y su vínculo con compañías contratistas del Estado. El magistrado pidió información a empresas para determinar qué tipo de servicios prestó la consultora, qué facturación existió y si hubo relaciones comerciales con firmas beneficiadas por contratos públicos durante la gestión libertaria.
El cuadro judicial se complica porque los expedientes, aunque tramitan por carriles separados, convergen sobre un mismo interrogante: si el nivel de vida, las propiedades, los viajes, las refacciones y los movimientos económicos del jefe de Gabinete pueden ser explicados con ingresos declarados, ahorros previos y operaciones lícitas, o si existe un crecimiento patrimonial incompatible con su situación formal.
La explicación de los bitcoins introdujo además un problema adicional: la necesidad de probar operaciones que, por su naturaleza, requieren trazabilidad técnica. En el universo cripto, la existencia de una billetera, la fecha de adquisición, las transferencias, los exchanges utilizados, las claves públicas, las conversiones y la salida hacia el sistema financiero tradicional pueden reconstruirse, pero no con simples afirmaciones mediáticas. Para la Justicia, la defensa deberá ser documental, no narrativa.
La Casa Rosada busca mostrar que la presentación ante la Oficina Anticorrupción debería ordenar el frente judicial y político. Sin embargo, en los tribunales federales la lectura es distinta: la declaración jurada no clausura la causa, sino que ofrece nuevos datos para cotejar. Si aparecen inconsistencias entre lo declarado, lo regularizado y lo efectivamente detectado por los peritos, el expediente podría avanzar hacia una instancia más comprometida.
El caso también golpea en el Congreso. El Senado reclama que Adorni concurra en junio a brindar su informe de gestión, mientras el peronismo impulsa una resolución para interpelarlo y tratar una moción de censura. La situación patrimonial del jefe de Gabinete pasó así de ser un problema de defensa personal a convertirse en un conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Parlamento.
El Gobierno enfrenta una contradicción difícil de administrar: un funcionario central, encargado de exponer la gestión y defender la transparencia oficial, aparece obligado a explicar fondos no declarados, operaciones con criptomonedas, viajes privados, vínculos comerciales y patrimonio familiar. Para una administración que hizo de la moral pública y la denuncia contra la “casta” una bandera política, el expediente Adorni se transformó en una prueba incómoda.
En los próximos días, la clave estará en la documentación reservada que remita la Oficina Anticorrupción, el informe técnico de la DAFI y las nuevas medidas que pida Pollicita. Si la fiscalía decide ampliar el período investigado, la causa dejará de mirar solamente la etapa de Adorni como funcionario y avanzará sobre los años previos, justamente aquellos en los que el jefe de Gabinete ubica el origen de los fondos que ahora invoca para justificar su patrimonio.
