El Gobierno de Pedro Sánchez deberá defender el 27 de octubre ante el Tribunal Supremo su negativa a abrir íntegramente el expediente del rescate de €53 millones concedido en 2021 a Plus Ultra, después de años de recursos contra las decisiones que reconocieron el derecho de acceso a esa documentación. La batalla por mantener bajo reserva los papeles adquiere ahora una dimensión política explosiva: José Luis Rodríguez Zapatero está investigado por la Audiencia Nacional como presunto vértice de una estructura dedicada al tráfico de influencias, mientras directivos de la propia aerolínea y el empresario Julio Martínez Martínez han situado al ex presidente socialista alrededor de las gestiones que precedieron a la ayuda. La paradoja resulta difícil de disimular: mientras Moncloa reivindica transparencia y sostiene que el rescate fue legal, el Estado continúa litigando para impedir que se conozca por completo cómo se justificó, tramitó y concedió una de las operaciones públicas más controvertidas de la pandemia.
Madrid – 14 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- El rescate de Plus Ultra vuelve a colocar al Gobierno de Pedro Sánchez ante una pregunta tan sencilla como políticamente incómoda: si la operación de €53 millones fue tan correcta como sostiene Moncloa, ¿por qué lleva años recurriendo ante los tribunales para impedir que el expediente completo quede expuesto al escrutinio público?
El próximo 27 de octubre, según la providencia judicial difundida este viernes por El Debate, el Tribunal Supremo examinará finalmente el recurso con el que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pretende sostener el carácter reservado de la documentación. El periódico viene reclamando desde hace años acceso al expediente y denuncia que el Ejecutivo mantiene una contradicción evidente entre su discurso de transparencia y su resistencia judicial a entregar íntegramente los antecedentes del rescate.
La controversia no es una mera pelea entre un medio y el Gobierno. El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno registra oficialmente un litigio en el que la SEPI denegó el acceso al expediente alegando que el artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020 establecía un régimen específico de confidencialidad. El Consejo rechazó que semejante reserva fuera absoluta y consideró que el extraordinario interés público existente justificaba conocer los elementos utilizados para conceder la ayuda, preservando únicamente información realmente sensible desde el punto de vista comercial.
La Audiencia Nacional mantuvo posteriormente esa línea y el Tribunal Supremo admitió el recurso de casación 1924/2025 planteado por la SEPI. La cuestión jurídica que deberá resolver ahora el Alto Tribunal es decisiva: determinar si la cláusula de reserva incluida en el decreto de creación del fondo puede desplazar la aplicación de la Ley de Transparencia o si, por el contrario, la administración continúa obligada a facilitar información cuando existe un interés público superior.
El fondo creado durante la pandemia estaba dotado con €10.000 millones y tenía una finalidad concreta: sostener empresas no financieras que atravesaran dificultades temporales como consecuencia del COVID-19 y que pudieran ser consideradas estratégicas por su impacto económico, social, sobre infraestructuras, comunicaciones o mercados. Esa definición está escrita en el propio decreto que utilizó el Gobierno para instrumentar las ayudas.
Precisamente allí aparece una de las preguntas que persiguen a Plus Ultra desde 2021: hasta qué punto una compañía con una participación reducida en el tráfico aéreo español reunía realmente las condiciones de empresa estratégica exigidas por el fondo.
Pero lo que entonces podía parecer una controversia administrativa adquirió una gravedad completamente distinta en 2026.
El ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, como presunto líder de una “estructura organizada y estable” destinada al ejercicio ilícito de influencias y a obtener ventajas económicas para terceros, entre ellos principalmente Plus Ultra. La investigación analiza además posibles operaciones de blanqueo vinculadas con el dinero del rescate.
El auto sitúa a Zapatero en el vértice de la supuesta estructura por sus contactos institucionales y empresariales y señala a Julio Martínez Martínez, amigo personal del ex presidente, como uno de los operadores centrales. La empresa de Martínez, Análisis Relevante, recibió fondos de Plus Ultra y, a su vez, realizó pagos a Zapatero por trabajos de consultoría. El expresidente ha negado haber presionado para obtener la ayuda y sostiene que sus actividades profesionales fueron legítimas.
La situación se complicó aún más cuando los directivos de la propia aerolínea Julio Martínez Sola y Roberto Roselli presentaron escritos ante el juez en los que describieron a Zapatero como la persona que inicialmente se ofreció a ayudar y puso a Martínez Martínez como hombre de confianza para desarrollar las gestiones. Los directivos reconocieron, sin embargo, que no tuvieron constancia directa de cuáles habrían sido las actuaciones concretas realizadas por el expresidente para influir sobre la SEPI.
Ese matiz resulta jurídicamente importante, pero no despeja la incógnita política.
Los responsables de Plus Ultra admitieron que se acordó remunerar las gestiones con aproximadamente el 1% de los €53 millones, es decir, alrededor de €530.000, y que en febrero de 2021 recibieron información sobre el avance favorable de la operación antes de que la ayuda fuera finalmente aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de marzo.
Según la documentación proporcionada a TNA, Martínez Martínez declaró además que Zapatero estaba informado de los pasos que se iban dando y que el 26 de febrero se comunicó a los accionistas de la aerolínea que la SEPI iba a conceder el crédito, días antes de la resolución formal. La misma documentación sostiene que varias sociedades recibieron pagos relacionados con esos trabajos y que la investigación analiza también transferencias hacia What The Fav, empresa de las hijas del expresidente.
El Gobierno continúa defendiendo la legalidad del procedimiento. La portavoz Elma Saiz afirmó que la actuación del Ejecutivo fue correcta, mientras Yolanda Díaz reclamó explicaciones a Zapatero por las sospechas surgidas alrededor del caso, aunque sostuvo que los expedientes eran públicos. Esa última afirmación choca precisamente con la existencia del litigio que llegará al Supremo: una parte sustancial de la documentación continúa sometida a una controversia judicial sobre su divulgación.
El problema para Sánchez ya no consiste únicamente en explicar por qué se rescataron determinadas compañías en circunstancias excepcionales durante la pandemia. Consiste en justificar por qué, cinco años después, cuando una investigación penal examina posibles influencias en una de aquellas operaciones, su Gobierno sigue utilizando los tribunales para defender el secreto de documentos que podrían contribuir precisamente a despejar las sospechas.
La contradicción resulta todavía más áspera porque el Gobierno insiste públicamente en que el expediente soportó todos los controles. Si eso es así, publicar su contenido completo —con las únicas reservas estrictamente justificadas para proteger datos comerciales o personales— debería fortalecer la posición oficial y no debilitarla.
El Supremo no juzgará el 27 de octubre si Zapatero intervino ilegalmente en el rescate ni si hubo corrupción en la concesión. Resolverá algo previo, pero extraordinariamente importante para cualquier democracia: hasta dónde puede llegar un Gobierno cuando invoca confidencialidad para mantener bajo llave los antecedentes de decisiones adoptadas con dinero público.
Y esa sentencia tendrá efectos que excederán ampliamente a Plus Ultra, porque fijará doctrina sobre los expedientes del Fondo de Solvencia y sobre la posibilidad de que el Estado invoque una cláusula de reserva para negar información relativa a ayudas multimillonarias. La batalla que Sánchez comenzó defendiendo como una cuestión administrativa puede terminar estableciendo los límites de la opacidad gubernamental precisamente cuando una investigación penal reclama más luz sobre las decisiones tomadas durante la pandemia.
