Este martes, el Gobierno cerró oficialmente el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo que en diversas oportunidades fue foco de polémicas: lo hizo a través del Decreto 696/2024, publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Javier Milei.
Pese a que su cierre se anunció meses atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó que el retraso en oficializarlo se explica simplemente por “razones administrativas”.
“Cuando uno anuncia que se va a cerrar determinado instituto, como en el caso del INADI, empieza un proceso que va desde el despido de empleados hasta la reasignación de funciones o el tener que culminar decenas de contratos de alquiler que llevan su tiempo”, detalló Adorni.
Es por esto, recién este martes, el Gobierno oficializó “la muerte definitiva” del INADI, tal como definió Adorni. Esto mismo marca el Artículo 1° del Decreto 696: “Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”.
Además, tal como informó el Gobierno en el pasado, las funciones del INADI, incluyendo “la totalidad de los recursos materiales y financieros”, fueron transferidos al Ministerio de Justicia.
Por ende, la entidad a cargo de Mariano Cúneo Libarona “tendrá a su cargo la elaboración y puesta en ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”, mientras que sus empleados serán desvinculados o transferidos a otras áreas.
En sus considerandos, el decreto cita los 12 años de intervención por parte del Gobierno, los cuales no pudieron resolver “el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones”. Es por esto que Milei definió el cierre del INADI, ya que considera que “el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia”.
En cuanto a las irregularidades encontradas en el INADI, Manuel Adorni asegura que “se han descubierto más de 7000 expedientes sin resolver desde el año 2016”.
Además, “de su presupuesto, el 85% era destinado al pago de sueldos, mientras que el 15% restante era utilizado para pagar alquileres, gastos corrientes, etc.”, informó también.
El mismo decreto cita los resultados de un informe realizado tras una auditoría al organismo luego de la llegada de Milei al poder, la cual reveló:
- graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos;
- sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional;
- retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos;
- ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia.
“El Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos”, agrega el decreto.
Por todo esto, “teniendo en cuenta el fracaso del instituto” y el “incumplimiento de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”, el Gobierno cree que tiene “motivos suficientes para disolver con urgencia” el INADI.
Fuente El Cronista
