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Por Nicolás J. Portino González
La vicepresidenta de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, ha dado un paso crucial y valiente en la búsqueda de justicia al anunciar la reapertura de todas las causas relacionadas con las víctimas del terrorismo. En un país que durante años ha sido rehén de una narrativa unilateral que exculpa a los verdaderos criminales, Villarruel se presenta como la voz de los olvidados, de aquellos que han sido ignorados y silenciados por un sistema que ha preferido proteger a los verdugos.
Los sanguinarios miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, responsables de una era de terror y violencia sin precedentes en nuestra nación, han vivido durante demasiado tiempo bajo un manto de impunidad. Amparados por una versión distorsionada de la historia, estos criminales han evadido la justicia, mientras que se niega cualquier derecho a militares mayores de 70 años, que además eran entonces muy sub alternos y aún hoy permanecen encerrados sin pruebas ni condenas en su contra.
La promesa de Villarruel de reabrir estas causas no solo es un acto de justicia, sino una deuda moral que la democracia argentina ha pospuesto por demasiado tiempo. Es inaceptable que en un país que se jacta de ser democrático y respetuoso de los derechos humanos, se permita que los terroristas de ERP y Montoneros caminen libres, mientras que aquellos que combatieron su brutalidad son tratados como criminales.
Es indignante que estos asesinos, que deberían pudrirse en prisión por sus crímenes abominables, hayan sido protegidos por un sistema político y judicial corrompido e intrusado. Mientras los militares ancianos, muchos de ellos con más de 70 años, languidecen en prisión sin acceso a los derechos que la ley debería garantizarles, los terroristas recibieron y reciben un trato preferencial. Esto es una burla a la justicia y una mancha negra en la historia de nuestro país.
Además, fuentes históricas revelan secretos turbios que refuerzan la necesidad de justicia. Un ex alto funcionario de la SIDE de aquellos años reveló a Total News, que en 1988 comenzaron una serie de reuniones en el barrio militar de Ruta 8 y Av. Márquez, donde asistían, entre otros, uno de los abogados de Firmenich y ex oficial de Montoneros, Mario Montoto. Allí, se fue dando forma al acuerdo que luego utilizó Carlos Menem para indultar a todos. Montoneros reconocía sus errores y los militares también. Lo importante era dar vuelta la página. Sin embargo, con la llegada de Néstor Kirchner, todo lo acordado fue olvidado.
Durante los años del gobierno de Raúl Alfonsín, Rodolfo Galimberti y Fernando Vaca Narvaja ingresaban a Argentina desde Uruguay a bordo de un Renault 11 color gris y otro rojo de la versión deportiva, moviéndose con total tranquilidad a pesar de las “órdenes de captura” en su contra, que luego fueron levantadas. Su destino, por lo general, era la visita a un conocido escribano.
Otro hecho oscuro señala que Rodolfo Galimberti, uno de los líderes de Montoneros, visitaba regularmente la SIDE durante el gobierno de Menem bajo el nombre en clave de “Halcón”. A pesar de que muchos sabían de quién se trataba, Galimberti se reunía con un alto funcionario con estrechas relaciones con Estados Unidos y la CIA, algo que compartía con Galimberti.
Además, durante la Guerra del Golfo en los 90, Fernando Vaca Narvaja y Mario Eduardo Firmenich fueron vistos en el Aeropuerto de Bagdad por un agente de inteligencia argentino, vistiendo uniformes de fajina color negro. Estos detalles demuestran la connivencia y protección de la que gozaron estos personajes, mientras que las víctimas de sus atrocidades siguen clamando por justicia.
Finalmente, el mismo ex funcionario de la SIDE cuestiona si estos exguerrilleros eran mercenarios, recordando que fueron entrenados por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), lo que sugiere que quizás aún tenían información valiosa para los Estados Unidos. Esta posibilidad arroja aún más sombras sobre sus acciones y el motivo por el cual algunos de estos personajes lograron evadir la justicia durante tanto tiempo.
La sociedad argentina tiene el deber de exigir que estos criminales, que mancharon de sangre nuestra tierra, sean finalmente llevados ante la justicia. No se puede permitir que mueran en libertad, sin haber pagado por el dolor y el sufrimiento que causaron. Así como se ha sido implacable con los militares, es hora de ser igualmente severos con los miembros de Montoneros y el ERP que aún están vivos. Deben morir en prisión, sin derechos, tal como ellos privaron a sus víctimas del derecho más básico: el derecho a la vida.
Villarruel ha demostrado ser una líder dispuesta a enfrentar los poderes que han perpetuado esta injusticia. Su persistencia y determinación para reabrir estas causas es un rayo de esperanza para todos aquellos que durante años han clamado por justicia. Es momento de apoyar su cruzada, de poner fin a la hipocresía y de exigir que los verdaderos criminales paguen por sus atrocidades. La historia debe ser reescrita, pero esta vez con la verdad y la justicia en el centro. La valiosa partida que la Dra. Victoria Villarruel ha comenzado a jugar es clave para restaurar la verdadera justicia en Argentina.
