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Por Lucía Salinas
Según dos auditorías, el broker amigo de Alberto Fernández fue el que más intervino en su rol de intermediario para conseguir pólizas para su propia compañía y para otros siete productores.
“Soy totalmente ajeno a sus empresas. Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro del Estado”, dijo Alberto Fernández en un descargo que presentó por escrito ante el juzgado. Así, se despegó de su amigo Héctor Martínez Sosa y negó cualquier maniobra que lo haya favorecido. Pese al intento, dos informes de auditores a los que accedió Clarín, exponen que el broker obtuvo el 42,2% de los contratos bajo estudio. Además figura con Bachelier SA, la principal compañía a la que le conseguía pólizas, en cinco organismos clave que les permitieron percibir 1.959.941.865 millones de pesos en comisiones.
El juez federal Julián Ercolini investiga al ex presidente de la Nación, al broker Martínez Sosa como también a su esposa y ex secretaria de Fernández, María Cantero, por presuntos hechos de corrupción. El listado de imputados incluye al ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, al broker Pablo Torres García y a Federico Alejando D´Angelo Campos.
Cuando el caso comenzó, el juzgado determinó que la maniobra bajo análisis no se realizó únicamente en la ANSES, bajo la dirección de Fernanda Raverta, sino que los convenios que se firmaban con Nación Seguros se replicaron en 45 organismos y ministerios dependientes del Estado.
Una cláusula alertó al juez Ercolini y se volcó lo siguiente en una de las resoluciones: “La contratación del seguro objeto del presente Convenio se hará entre el Ministerio y Nación Seguros –Casa Central, Gerencia de Ventas Canal Organismos Públicos- admitiéndose que el Ministerio pueda generar una designación de un intermediario en caso de considerarlo conveniente para sus intereses’”. Sería el punto de partida de una maniobra que habría generado un perjuicio al Estado.
De esta manera el escándalo con los seguros y su contratación a través de intermediarios avanzó a una primera instancia que fue determinar de cuántos organismos en total se hablaba. La auditoría realizada por Nación Seguros SA, consignó que 45 que firmaron un total de 25 convenios para la contratación de seguros.
¿Qué discute la justicia federal? El rol de los intermediarios y el Decreto 823/2021 firmado por el entonces presidente Alberto Fernández que obligó a toda la administración pública a contratar exclusivamente a Nación Seguros SA. Para los investigadores, el segundo paso de la maniobra responde al rol de los intermediarios.
Los dos informes
La auditoría de Nación Seguros SA consigna todas las aseguradoras que intervinieron en la maniobra bajo investigación y qué reparticiones del Estado Nacional; Organismos Centralizados, Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado bajo cualquier participación estatal, firmaron los contratos con “la designación de los productores/intermediarios, por parte del órgano superior”.
Se planteó un primer detalle de los 25 principales intermediarios que percibieron la mayor cantidad de comisiones por parte del gobierno de Alberto Fernández.
El informe analizaba el 67% de los principales organismos que permitieron la intermediación de los brokers de seguros. Para completar el 33% restante, el juez federal Julián Ercolini solicitó un informe a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
En función del planteo del juez, la SIGEN confeccionó un listado de 81 productores que figuran en los registros oficiales del Estado. El segundo número que se desprende de ese informe al que accedió Clarín, es que 33 operaron directamente sin la necesidad de contar con un intermediario.
Es justamente uno de los puntos centrales que intenta desentrañar el juzgado a cargo de Julián Ercolini: si ameritaba que en la totalidad de los contratos bajo análisis (45) intervengan los brokers de seguros.
El que más intermedió
Cuando se inspecciona la segunda planilla denominada “Base de intermediarios”, se detalla que Héctor Martínez Sosa -el amigo de Alberto Fernández- fue el que más intervino en su rol de broker a título personal, es decir, que conseguir pólizas para Héctor Martínez Sosa CIA S.A y para otros siete productores.
El broker amigo del ex presidente, operó como broker para Garrido Norberto Matias, Bachellier SA, Calvo Emanuel Raul Andres, Levelar SA, Salim Fernando Carlos.
Esos primeros números lo ubican en un lugar preponderante ante los demás intermediarios. Pero hay otro dato que la Justicia mirá con particular atención. El expediente penal que investiga una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, tiene incorporada otra documentación: todos los contratos que logró Martínez Sosa.
Ese primer recorte consigna organismos, dependencias del Estado que pagaron comisiones a brokers de seguros. Representan el 67% y una suma global de dinero de 2.315.868.642 pesos.
Se trata de: Gendarmería Nacional ( $1.617.740.243), Ministerio de Desarrollo Social ( $239.621.093), Policía Federal ( $215.885.324), YPF S.A. ( $141.854.216), Empresa Argentina de Navegación Aérea ( $ 39.777.692), Ministerio de Seguridad de la Nación ( $ 35.428.326), Ministerio de Turismo y Deporte ( $ 24.912.641), UTN ( $ 352.593), Cámara de Diputados de la Nación ( $ 296.514).
Pero el juzgado pidió completar a través de la SIGEN el listado. De allí surge que en total el gobierno de Alberto Fernández pagó 3.453.302.777 de pesos por los 45 contratos bajo investigación.
El amigo del ex presidente, con más contratos
El siguiente detalle mostró que Héctor Martínez Sosa cosechó 19 contratos, lo que lo posiciona como el único que acumuló el 42,2% en su rol de intermediario.
¿Con qué contratos se quedó? Con los siguientes: Vialidad Nacional ($ 10.450.624), Gendarmería Nacional ($ 254.091.184), Policía Federal ($ 23.610.992), Corredores Viales SA ($ 30.260.148), Ministerio de Turismo ($ 7.200.451), Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible ($ 2.535.387), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ($ 2.437.703), Ministerio de Seguridad ($ 5.895.230), Corte Suprema de Justicia ( $5.027.340).
El listado continúa: Fondo Nacional De Las Artes Organismo Del Estado ( $882.845), Instituto Nacional Central Unico Coordinador De AB ( $ 272.122), Policía De Seguridad Aeroportuaria ( $8.359.565), Prefectura Naval Argentina ($ 2.255.572), Sociedad Del Estado Casa De Moneda ( $ 9.412.266), Superintendencia De Bienestar Policia Federal Argentina ($ 14.548), Banco Central ( $ 3.128.461), Superintendencia De Servicios De Salud ( $ 689.195), Universidad de Buenos Aires ($ 104.742) y Vialidad Nacional ( $10.450.624).
No son los únicos números que favorecen al broker amigo de Alberto Fernández. Nación Seguros SA en su auditoría lo posiciona como el número dos de los brokers más beneficiados.
Sin embargo, hay un dato que se impone al “Top Five” confeccionado por el organismo público: Bachellier SA que encabeza ese listado y Martínez Sosa figuran siempre juntos, en las contrataciones de cinco dependencias (Gendarmería, PSA, Policía Federal, Prefectura y Ministerio de Seguridad).
Así, entre los dos se quedaron con las cuentas más representativas y acumularon en concepto de comisiones 1.959.941.865 pesos: más de la mitad del total que pagó el Estado.
La defensa de Alberto sobre su amigo
El ex presidente se expresó en el escrito sobre su vínculo con Martínez Sosa. Detalló que “es el marido de mi ex secretaria, María Cantero. Hace treinta años que están en pareja” y señaló que con él “me une una relación de amistad” pero que “heredó de su padre una empresa que era a fines de la década de los ´80, el mayor bróker de seguros de Argentina”.
A continuación señaló que Martínez Sosa “no empezó a asegurar riesgos del Estado cuando llegué a la Presidencia. Lo hizo desde siempre con todos los gobiernos de todos los signos políticos. Soy totalmente ajeno a sus empresas. Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro el Estado”.
En la defensa que ensayó en el escrito presentado al juez Ercolini, agregó: “Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa”.
Admitió, sin embargo, sostener una deuda con él desde el año 2010, “la misma fue siempre explicitada en todas las declaraciones juradas de bienes que presenté”.
Fuente Clarin
