La directora de Educación Superior de Mendoza fue denunciada por incumplimiento de deberes de funcionario público

La situación de la Directora de Educación Superior de la Provincia, Mariela Ramos, se estaría complicando a partir de una serie de hechos desencadenados después de la renuncia de Carina Micheli a su cargo de Rectora el pasado 16 de agosto. Gustavo Fornés presentó una demanda penal el viernes 6 de septiembre.

A través del campus virtual del Insituto, la comunidad educativa -quien nunca habría sido anoticiada formalmente de la renuncia de Micheli- fue informada a altas horas del día 21 de agosto de que “la Prof. Andrea Soledad Soria ha sido designada como Rectora Institucional por el período 2024-2028”

Fornés, candidato elegido por el voto directo en segundo lugar y quien debería ocupar el cargo de rector según lo que establece el Decreto 530/18, al ser consultado por América Diario sobre esta noticia dijo: “efectivamente, el Consejo Directivo decidió no considerar lo que establece el Decreto 530, sino obedecer a un extraño memorándum de la Directora de Educación Superior -sin fecha y que cambió su número de un momento a otro-, en el que ella dispuso literalmente esto: ‘El Consejo Directivo deberá proceder a la designación como Rector/a al segundo cargo de gobierno en orden de mando (Director/a de nivel) hasta completar el mandato de la renunciante’”.

Cabe mencionar que lo que establece el Decreto 530/18 es que “en caso de licencia prolongada, renuncia, cesantia, exoneración, jubilación o baja por incapacidad o fallecimiento del rector, asumirá el vice-rector; y para el caso de establecimientos sin la figura de este último, asumirá el docente que haya obtenido el segundo lugar en la votación directa hasta completar el mandato”.

El IES 9-001 no cuenta con la figura de vice-rector y quien fue designada como Rectora por el Consejo Directivo fue elegida el pasado 8 de mayo como Directora de nivel de la institución.

Ante estos hechos, Fornés confirmó que el pasado viernes 6 presentó una demanda penal. Le solicitó al fiscal que inicie la investigación de una posible comisión de delito por parte de la funcionaria -lo que comunmente se llama incumplimiento de deberes de funcionario público- y la responsabilidad de aquellos que permitieron o colaboraron activamente en los hechos denunciados -como podría ser la de los miembros del Consejo Directivo-. Veremos cómo continúa esta historia.

Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.

Fuente Mendoza Today