Por Dario Rosatti
La Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las instituciones educativas más prestigiosas de Argentina, no ha estado exenta de escándalos de corrupción que han salpicado a varias de sus figuras más prominentes. Entre ellos, el fallecido rector Oscar Shuberoff, quien dirigió la universidad desde 19986 y gran parte de la década de 1990, fue acusado de enriquecimiento ilícito. Durante su gestión, se le señaló por poseer varios inmuebles en Estados Unidos, lo cual levantó sospechas sobre el origen de sus fondos y su manejo de los recursos universitarios.
En la causa judicial, el Gobierno de Estados Unidos terminó confirmando que Shuberoff tenía a su nombre nueve viviendas en Washington y Virginia: cuatro inmuebles en Falls Church, tres en Alexandria y dos en Arlington, por un valor total que en los años 90 se estimó superior a u$s 1,5 millón. No fue condenado por cajoneo de la causa hasta su prescripción.
Durante los 16 años como rector de la UBA, Oscar Shuberoff anclo en la universidad pública –y a los establecimientos que dependen de ella– a un batallón de familiares, amigos y militantes políticos. Entre los primeros: su mujer, su hermano, su cuñada e incluso empleados de sus empresas, e hijos de esos empleados. Entre los segundos, 31 “correligionarios” que trabajaron con él en su comité de Formosa 114, en el barrio de Caballito. Esto no parece haber cambiado.
El legado de corrupción parece haber continuado con otros funcionarios de la UBA. En 2013, José Luis Giusti, un economista vinculado estrechamente con Emiliano Yacobitti, fue denunciado por presuntas irregularidades en la administración de los recursos universitarios. Giusti, quien también ocupó posiciones de liderazgo dentro de la universidad, fue acusado de perpetuar prácticas corruptas que ya habían sido criticadas durante la gestión de Shuberoff .
Estos casos han contribuido a una percepción negativa de la gestión universitaria, sugiriendo un patrón de corrupción que parece repetirse, casi como un castigo ineludible que afecta a la UBA. La falta de transparencia y la rendición de cuentas han sido temas recurrentes en las críticas hacia la administración de la universidad, afectando su reputación y la confianza del público en sus instituciones educativas.
El impacto de estos escándalos no solo mancha el nombre de la UBA, sino que también plantea serias cuestiones sobre la integridad de las instituciones educativas públicas en Argentina. La necesidad de reformas y medidas de control más estrictas se hace evidente para prevenir que estos problemas continúen en el futuro.
La falta de auditorías efectivas en instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA) puede atribuirse a varios factores:
Autonomía Universitaria:
Las universidades públicas en Argentina gozan de un alto grado de autonomía. Esto significa que tienen la libertad de gestionar sus recursos y tomar decisiones administrativas sin interferencia directa del gobierno. Aunque esta autonomía es fundamental para la independencia académica, a veces puede resultar en una supervisión financiera insuficiente.
Falta de Transparencia:
Las estructuras administrativas complejas y la falta de transparencia en la gestión de fondos pueden dificultar la implementación de auditorías efectivas. Sin mecanismos claros de rendición de cuentas, es más fácil que los problemas financieros pasen desapercibidos.
Recursos Limitados:
Realizar auditorías exhaustivas requiere recursos significativos, tanto humanos como financieros. En muchas ocasiones, las universidades pueden no priorizar las auditorías debido a limitaciones presupuestarias o porque prefieren destinar esos recursos a otras áreas, como la investigación o la enseñanza.
Intereses Políticos:
En algunos casos, los intereses políticos pueden influir en la decisión de no llevar a cabo auditorías. La política interna de la universidad o las conexiones con figuras políticas externas pueden crear un ambiente donde la supervisión financiera rigurosa no es bienvenida.
Cultura Organizacional:
La cultura dentro de una institución también juega un papel importante. Si históricamente no ha habido un enfoque fuerte en la auditoría y la rendición de cuentas, puede ser difícil cambiar esa mentalidad y establecer nuevos procesos.
Estos factores, entre otros, contribuyen a que las auditorías de gastos en la UBA y en otras universidades públicas no sean tan frecuentes o rigurosas como podrían ser.
