El reciente triunfo de Donald Trump ha traído consigo una serie de implicaciones en el ámbito judicial y económico, especialmente en el caso de la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino. En este contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, instándola a rechazar la solicitud de los demandantes, Burford y Eton Capital, quienes buscan cobrar una indemnización de 16.000 millones de dólares mediante la entrega de acciones de YPF.
El documento del Departamento de Justicia argumenta que la orden de “turnover” solicitada por los demandantes infringe las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos. Aunque este escrito no es vinculante, su presentación subraya la postura del gobierno estadounidense respecto a la protección de activos soberanos y su rechazo a que se utilicen acciones de YPF como forma de pago.
Sebastián Maril, director Regional de Latam Advisors, destacó que esta intervención del gobierno estadounidense era esperada y que podría tener repercusiones en futuros casos similares. Según Maril, la decisión de la jueza no afectará el fallo de 16.000 millones de dólares ni la apelación en curso, pero abre la posibilidad de que Argentina actúe de manera recíproca contra activos estadounidenses en el futuro.
La controversia se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno argentino, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, tomó control de la empresa petrolera. Los fondos Burford y Eton Capital, que adquirieron derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen, argumentan que la Argentina no cumplió con las normativas de oferta pública de adquisición (OPA) al no ofrecer a todos los accionistas la oportunidad de vender sus acciones.
En este sentido, la defensa argentina ha sostenido que la Constitución prevalece sobre los estatutos de la empresa y que la expropiación se realizó conforme a la ley. Sin embargo, el caso ha generado un intenso debate sobre la legalidad y las implicaciones de la expropiación, así como sobre la seguridad jurídica en el país.
A medida que avanza el proceso judicial, la Argentina se encuentra en una encrucijada. La posibilidad de que un juez estadounidense ordene el embargo de activos argentinos en otra jurisdicción plantea serias preocupaciones sobre la soberanía económica del país. Las acciones de YPF, actualmente registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no están cotizando en Nueva York, lo que complica aún más la situación.
La intervención del gobierno de Joe Biden en este caso es un recordatorio de la complejidad de las relaciones internacionales y la necesidad de un enfoque cuidadoso en la gestión de activos soberanos. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo se resuelve este litigio y qué precedentes establecerá para futuras disputas entre estados y empresas.
En conclusión, el caso de YPF no solo es un tema de litigio financiero, sino que también refleja las tensiones entre la soberanía nacional y las demandas internacionales. La decisión de la jueza Preska, influenciada por el Departamento de Justicia de EE.UU., será un factor determinante en el desenlace de esta encrucijada legal y económica.
