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Por Nicolás J Portino González
La estadística de balances empresariales 2024 es implacable. A la micro pyme nacional le queda apenas un escuálido 12,84% de lo que genera. Lo demás –un sideral 87,16%– es devorado por el insaciable Leviatán estatal. Impuestos a la renta, al consumo, al trabajo, a la existencia misma. Débitos, créditos, anticipos, cargas, sellos, retenciones. Un festín fiscal donde la víctima es siempre la misma: el que produce, el que arriesga, el que genera empleo.
En una República donde el mérito se castiga y la exacción se festeja, el empresariado chico y mediano sobrevive en un esquema perverso donde el socio mayoritario no es el capitalista ni el trabajador, sino el aparato estatal. Un socio que no invierte, no arriesga, no innova, pero cobra primero, cobra siempre y nunca devuelve.
Pero la ecuación perversa no termina allí. Cuando las empresas, asfixiadas, ya no pueden pagar más y se endeudan hasta el límite de lo posible, el Estado generoso les ofrece una moratoria. Pero no crean que es para aliviarles la carga: es para seguir exprimiéndolas. Porque, claro, una vez que el empresario cae en la trampa de la moratoria, el Estado le agrega intereses. Un fabuloso mecanismo de retroalimentación donde el que produce queda atrapado en una espiral infinita de deuda fiscal.
Esa deuda artificial, inflada con punitorios e intereses usurarios, impacta luego en los presupuestos nacionales, provinciales y municipales. Cifras irreales, infladas y ficticias que luego se traducen en estimaciones presupuestarias falsificadas e incumplibles, utilizadas como excusa para seguir sangrando al sector privado con más impuestos. Y así, el ciclo de la depredación continúa.
Pero aquí radica el proyecto fundamental que debe instalarse de una vez y para siempre: el empresario debe ser, como mínimo, dueño del 51% de su negocio. No puede ser que quien pone el capital, asume los riesgos, trabaja día y noche y sostiene la estructura termine siendo minoritario en su propia empresa.
De donde se deduce –casi para estúpidos– que el socio que no invierte, no arriesga y no trabaja, no puede llevarse lo que se lleva actualmente. Lo que el Estado saquea debe reducirse inicialmente al 49% –lo que ya es insultante– dado que no pone un peso ni asume ningún riesgo. Y pronto, esa carga impositiva deberá reducirse una vez más a la mitad de dicho número, hasta que el saqueo estatal deje de ser la norma.
¿Cómo se financiará el Estado? Gastando menos.
Así de simple, así de obvio, así de inevitable. Porque los empresarios no vamos a seguir pagando más su fiesta. Una fiesta a la que, encima, jamás nos han invitado.
Se acabó la orgía de subsidios, el festín de contrataciones políticas, la inercia de organismos que no sirven para nada. El Estado debe achicarse, porque no hay más margen para seguir exprimiendo al sector productivo.
Esa es la verdadera revolución que el gobierno de Milei y su Ministerio de Desregulación, al mando del inefable y virtuoso Federico Sturzenegger, deben concretar. Basta de exprimir a los que generan riqueza para sostener a los parásitos.
Porque si algo está claro, es que NOSOTROS, LOS EMPRESARIOS, NO PAGAMOS MÁS SU FIESTA.
