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Por Darío Rosatti- Especial Total News Agency-
La reciente resolución del ministro de Defensa, Luis Petri, para dar de baja a militares condenados por crímenes de lesa humanidad ha desatado un debate intenso en Argentina. Más allá de las cuestiones legales y administrativas, la medida plantea interrogantes sobre el trasfondo político y ético de una decisión que, según sus críticos, no solo viola principios fundamentales del derecho, sino que también podría responder a intereses personales y electorales.
Un contexto cargado de historia y manipulación
Para entender esta resolución, es necesario retroceder en el tiempo. Desde la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003, los juicios por delitos de lesa humanidad se convirtieron en una bandera política del kirchnerismo. Sin embargo, estos procesos, según denuncias reiteradas, estuvieron marcados por irregularidades jurídicas aberrantes. La independencia judicial fue sustituida por un sistema de obediencia jerárquica, donde jueces y fiscales fueron presionados o reemplazados en una operación especifica, solo con fines políticos ideológicos, conocida como “Viento Blanco”.
Esta colonización del Poder Judicial permitió la aplicación retroactiva de leyes, algo insólito y jamás observado en el mundo occidental, la anulación de derechos básicos de los imputados y la adopción de doctrinas como el “derecho penal del enemigo”. Todo esto, según juristas independientes, no solo desvirtuó el concepto de justicia, sino que también saturó los tribunales federales, desviando su atención de causas de corrupción que terminaron prescribiendo.
En este contexto, la resolución de Petri parece una continuación de estas prácticas, aunque con un giro inesperado: es impulsada por un ministro radical, miembro de un espacio político que en su mayoría se opuso a los métodos del kirchnerismo, desde luego, salvo mercenarias excepciones.
Irregularidades legales y fundamentos cuestionables
El principal problema de la resolución radica en sus fundamentos jurídicos. Petri se basó en un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un organismo que carece de competencia para ordenar bajas en las fuerzas armadas. Además, la resolución invoca normas internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1986), aplicándolas retroactivamente a hechos ocurridos décadas antes.
Este uso de instrumentos internacionales de manera ex post facto viola el principio de legalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero es más grave aún, la resolución ignora que el Código de Justicia Militar, necesario para aplicar las leyes castrenses, fue derogado en 2008, dejando sin sustento legal las medidas adoptadas.
Cálculo político y el riesgo electoral
Las ambiciones políticas de Petri en Mendoza podrían tener un efecto boomerang inesperado. Su decisión, que parece buscar un posicionamiento “progresista”, choca frontalmente con las expectativas del electorado que respaldó a Javier Milei. Los votantes de La Libertad Avanza apoyaron precisamente un cambio radical respecto a las políticas kirchneristas, incluyendo el fin de las persecuciones judiciales sobre hechos ocurridos hace medio siglo.
Esta aparente contradicción entre la gestión de Petri y las promesas de cambio del gobierno libertario podría erosionar no solo sus propias aspiraciones en Mendoza, sino también afectar la base electoral de Milei.
Los votantes que respaldaron al presidente buscando terminar con las prácticas kirchneristas podrían ver en esta resolución una continuidad indeseada de aquello que pretendían erradicar: juicios parciales, complicidad judicial y la utilización política de causas de derechos humanos mientras la corrupción sigue impune.
La justicia premiada y la corrupción ignorada
La resolución de Petri no puede analizarse aisladamente del contexto de una justicia federal que, mientras persigue selectivamente causas de medio siglo atrás, parece hacer la vista gorda ante el enriquecimiento ilícito de jueces y fiscales, ni hablar de los beneficios que otorgan a narcotraficantes. Esta dualidad de criterios, heredada del kirchnerismo, continúa socavando la credibilidad del sistema judicial argentino.
Mientras algunos magistrados acumulan fortunas inexplicables y causas de corrupción prescriben en los cajones, el aparato judicial mantiene su ensañamiento con casos que la sociedad esperaba ver superados con el cambio de gobierno. Esta situación plantea serios interrogantes sobre la verdadera naturaleza del cambio prometido.
El impacto en la sociedad y la justicia
La resolución de Petri no solo afecta a los militares involucrados, sino que también refuerza la percepción de inseguridad jurídica que prevalece en Argentina, algo que la mas pequeña de las empresas o el mas importante de los fondos de inversión, analizan al momento de invertir en Argentina.
Esta inseguridad, alimentada por décadas de manipulación política del sistema judicial, desalienta inversiones extranjeras y socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
En un momento en que el país enfrenta desafíos económicos y sociales profundos, decisiones como esta solo agravan la polarización y el descrédito institucional.
La resolución de Luis Petri refleja una preocupante continuidad con prácticas que la mayoría de los argentinos creyeron dejar atrás en las últimas elecciones. Su aparente cálculo político para conquistar Mendoza podría terminar siendo contraproducente, al alienar a un electorado que votó precisamente contra este tipo de manipulaciones judiciales y persecuciones selectivas.
En un contexto donde la sociedad reclama justicia verdadera y el fin de la impunidad en casos de corrupción actual, mantener vivas las políticas kirchneristas de persecución sobre hechos del pasado remoto parece un error estratégico que podría tener consecuencias electorales significativas, tanto para Petri como para la coalición gobernante. Situación que sólo fortalece al alicaído kirchnerismo.
