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Buenos Aires, 17 de febrero de 2025–Total News Agency-TNA- – Dos recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revelaron graves irregularidades en los subsidios otorgados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a comunidades indígenas durante los gobiernos kirchneristas. Estas transferencias, que suman más de $1.200 millones, no solo carecieron de controles claros, sino que también estuvieron vinculadas a figuras de peso político y a organizaciones con antecedentes polémicos, como los Montoneros. Entre las comunidades beneficiadas se encuentran integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), calificada como organización “terrorista” por el vocero presidencial Manuel Adorni.
El Rol de los Vaca Narvaja y los Montoneros
Las auditorías no solo exponen irregularidades administrativas, sino que también revelan un entramado político que, si bien no lo menciona la denuncia, involucra a ex miembros de Montoneros. Según los informes, las comunidades mapuches que recibieron subsidios millonarios y segun pudo determinar TNA, contaron con el respaldo de la llamada “mutual de abogados Montoneros”, liderada por Fernando Vaca Narvaja y otros ex integrantes de la agrupación guerrillera. Este esquema utilizaba los fondos asignados por el INAI para contratar abogados que litigaban contra el Estado en reclamos territoriales.
Fernando Vaca Narvaja, ex jefe de Montoneros, tiene una relación estrecha con el kirchnerismo y un historial de apoyo a sectores radicalizados de las comunidades mapuches. Según fuentes judiciales, su respaldo a la RAM y otras agrupaciones violentas en la Patagonia responde a una reivindicación de su pasado guerrillero. “Para él, el avance de la RAM es una reivindicación de su pasado. Le asiste la razón al gobierno al declararlos terroristas”, afirmó una fuente que dialogó con Total News Agency.
La influencia de los Vaca Narvaja no se limita a Fernando. Su hijo, Camilo Vaca Narvaja, fue pareja de Florencia Kirchner, hija de Cristina Fernández de Kirchner, con quien tuvo una hija. Otro de sus hijos, Sabino Vaca Narvaja, ocupó el cargo de embajador argentino en China durante el gobierno de Alberto Fernández. Además, Fernando Vaca Narvaja fue funcionario en Río Negro, donde desarrolló vínculos con sectores mapuches.
Denuncias de Stornelli: Un “Modus Operandi” para transferir tierras
En Octubre de 202, el fiscal Carlos Stornelli solicitó la declaración indagatoria de cuatro funcionarios del Ministerio de Defensa y uno del INAI por la cesión de tierras del Ejército a comunidades mapuches en Bariloche. Según Stornelli, estas cesiones fueron parte de un “modus operandi” que involucraba a sectores del gobierno y ex montoneros para quitar terrenos a las Fuerzas Armadas y entregarlos a comunidades indígenas.
Entre las pruebas presentadas, destaca un chat del abogado del Ministerio de Defensa de entonces, Nicolás Rodríguez Vacarezza, quien afirmó haber recibido la orden de “no apelar” un fallo de la jueza Silvina Domínguez que favorecía a una comunidad mapuche. Este fallo, que aún genera polémica, es sólo uno de los casos que Stornelli busca esclarecer.
Casos de usurpación y millonarios subsidios
Al menos tres comunidades mapuches que recibieron subsidios del INAI estuvieron involucradas en ocupaciones ilegales de tierras:
- Lof Che Buenuleo (Río Negro)
En 2019, ocuparon tierras privadas en San Carlos de Bariloche pertenecientes a la familia Soriani. A pesar de un fallo de desalojo en 2020, el conflicto continuó. En 2023, recibieron $1.770.000 del INAI para asistencia jurídica. - Lof Kinxikew (Neuquén)
Esta comunidad mantuvo disputas territoriales con privados y el Ejército Argentino en San Martín de los Andes. En 2023, se les otorgaron $1.950.000 para asesoramiento legal. - Newen Mapu (Río Negro)
Participaron en reclamos territoriales en El Bolsón. Ese mismo año, el INAI les transfirió $4.480.000.
Además, otras comunidades como Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi (Río Negro) y Lof Malal Pincheira (Mendoza) también recibieron subsidios millonarios, que en muchos casos no fueron rendidos adecuadamente. Estas comunidades están vinculadas a conflictos por tierras estratégicas en áreas de interés petrolero y ganadero, como Vaca Muerta y Malargüe.
Irregularidades detectadas por la SIGEN
Las auditorías de la SIGEN revelaron múltiples irregularidades en la administración de los subsidios del INAI:
- Falta de documentación: No se encontraron registros de reuniones o evaluaciones previas entre técnicos del INAI y las comunidades beneficiarias.
- Ausencia de rendiciones de cuentas: En varios casos, los beneficiarios no presentaron la documentación requerida, pero continuaron recibiendo fondos.
- Desvío de objetivos: Subsidios destinados a servicios jurídicos fueron utilizados para otros fines, como el pago de honorarios a profesionales no relacionados.
- Montos inconsistentes: En algunos casos, los montos transferidos no coincidían con lo estipulado en los convenios.
Un caso paradigmático es el convenio firmado en 2023 con la Asociación Lhaka Honhat, en Salta, por $29.210.000. Según la SIGEN, este convenio se ejecutó fuera del Programa de Fortalecimiento Comunitario y no se justificó adecuadamente. Hasta la fecha, gran parte de estos fondos no ha sido rendida.
Recomendaciones de la SIGEN: Implementar el SIGEJ
Ante las graves deficiencias detectadas, los auditores recomendaron la implementación del Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), una plataforma electrónica que permite centralizar y gestionar la información sobre litigios en los que el Estado es parte. Este sistema, obligatorio según la Ley N° 25.344, facilitaría el seguimiento de los casos judiciales y garantizaría una mayor transparencia en la administración de los recursos públicos.
Las auditorías de la SIGEN no solo expusieron un esquema de subsidios plagado de irregularidades, sino que también dejaron en evidencia la conexión entre ex montoneros, como Fernando Vaca Narvaja, y sectores radicalizados de las comunidades mapuches. Con millones de pesos sin rendir y conflictos territoriales sin resolver, el desmantelamiento del Programa de Fortalecimiento Comunitario representa un intento de poner fin a un sistema que, lejos de beneficiar a las comunidades indígenas implantadas, se convirtió en una herramienta para litigar contra el propio estado. Las denuncias de Stornelli y las recomendaciones de la SIGEN subrayan la necesidad urgente de implementar mecanismos de control más estrictos, como el SIGEJ, para evitar que estas irregularidades se repitan en el futuro. Ahora la pelota esta al pie de Guillermo Francos, de quien depende el área.
