Martín Cebrián, exalcalde socialista de Quintanar del Rey , y dos concejales se enfrentan a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa en el juicio que se celebrará este miércoles en la Audiencia Provincial de Cuenca.Según el escrito provisional de acusación, los hechos se remontan a 2020 y tienen que ver con las obras de adaptación del pabellón Santa Lucía como auditorio , a cuya licitación se presentaron ocho empresas. La máxima puntuación la consiguió Tecesa, por un importe total de ejecución de 75.151,89 euros IVA incluido. Sin embargo, antes de la adjudicación, los acusados organizaron una reunión privada de replanteo a la que también acudió la dirección facultativa, el técnico municipal y la empresa. En esa cita hubo una propuesta de modificación del contrato inicial y su importe, que pasó a incrementarse en 36.515,34 euros . Y de ello no informaron ni a la interventora ni al resto de empresas licitadoras, «privándoles de la oportunidad de conocer los términos por lo que se licitaba y siendo conocedores los tres acusados de que debía haberse realizado una nueva licitación pública». El 15 de abril se formalizó la adjudicación del contrato a Tecesa por 75.151,89 euros, pero meses después, en septiembre, la empresa solicitó formalmente la modificación para añadir un importe adicional de 36.515,34 euros, «incremento que ya había sido facturado por dicha empresa a dicha fecha, ejecutándose dicha ampliación de obra al tiempo que la obra objeto del contrato inicial», según la acusación.Finalmente, el alcalde y los miembros de la Corporación, «siendo conocedores» de que no habían seguido el procedimiento legalmente previsto, la llevaron para su aprobación a la Junta de Gobierno y pese al informe negativo de la interventora. El 7 de octubre, en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, se aprobó la factura ya ejecutada y abonada con el voto favorable del alcalde y sus dos concejales.Mientras, el 9 de octubre, Martín Cebrián citó al PP y Podemos para comentarles que había surgido un «problema» y «con la única finalidad de conseguir la aprobación». Finalmente, el 3 de diciembre, en el pleno municipal, el alcalde reconoció «expresamente» su responsabilidad en la reunión privada con la empresa antes de la adjudicación y la autorización a los cambios del proyecto inicial, que se aprobaron «sin el conocimiento ni consentimiento de la Intervención».
Fuente ABC
